Especialistas, políticos e integrantes de organizaciones sociales acercan un panorama actual de los sectores más desprotegidos, más allá de la polémica desatada en torno al INDEC. Necesidades básicas, canasta alimentaria, indigencia. Números en debate y reflexiones en base a las nuevas medidas del gobierno. ¿Soluciones definitivas o los primeros esbozos de un cambio? Aquí algunas respuestas.
Por Josefina Oliva.
“Nuestro país registró un incrementode la pobreza a través del método de la Línea de Pobreza (LP), que tiene que ver con el consumo privado, es decir el que calcula si ese hogar tiene o no los ingresos suficientes para poder adquirir una Canasta Básica de bienes y servicios que se consideran indispensables para vivir -alimentación, salud, transporte, vestimenta, atención médica, comunicación, esparcimiento, educación, etcétera-, a diferencia de la pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), -la cual indica que tienen que estar todas satisfechas para que un hogar sea considerado no pobre- que bajó”, explica la antropóloga Susana Ortale, quien dirige junto a Amalia Eguía el Programa de Extensión “Educación y promoción de derechos en los barrios La Unión y El Mercadito de La Plata” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.
“En los últimos tiempos, en la Argentina, se ha visto cómo ha descendido la capacidad adquisitiva del salario, a la vez que ha aumentado notablemente el precio de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), lo cual trae como consecuencia la aparición de, por un lado, lo que se empieza a llamar en los ’90 los nuevos pobres. Comenzó a haber una clase media por debajo de la LP y cayeron un montón de hogares cuyos jefes eran empleados públicos, maestros, jubilados, a los que los sueldos no alcanzaban para cumplir esa Canasta Básica Total; a la vez que se vio una polarización dentro del mismo sector social, porque aumentaron las brechas dentro de lo médicos, por ejemplo, entre los que más y los que menos cobran”, argumenta Ortale.
Pero además, “la población que era pobre por NBI se encuentra directamente sin la
posibilidad de alcanzar sus necesidades básicas. Entonces si antes se encontraban por
debajo de la línea de pobreza pero cercanos a ésta, hoy están mucho más abajo, incluso por debajo de la línea de indigencia”.
Tanto Ortale como otros especialistas aclaran las complicaciones a la hora de exhibir una estadística exacta acerca de la pobreza debido a las polémicas que en el último tiempo se han desatado con respecto al INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos). Según especifica sí es posible seguir los datos del mismo hasta el 2007, reflejando picos elevados de pobreza e indigencia durante el 2001 -con valores de un 35 % de personas pobres y un 11 % de indigentes-, agravándose en el 2002 -de 53 % y un 25 % respectivamente-, encontrando un descenso en el 2003 que se mantiene hasta el 2006. De allí en más, afirma, “el INDEC no nos permite seguir las tendencias porque ha cambiado la metodología. Es un problema técnico”.
El INDEC marcó que hacia el primer semestre de 2009 había un 13,9 % de personas por debajo de la LP y un 4 % en la línea de indigencia. Y según los últimos datos, de febrero del corriente, la CBA para el adulto equivalente estaría en los $166,86, y la CBT en los $366,12. Sin embargo otros estudios dan cuenta de que esos datos alcanzan
más del doble de los valores.
Así, tomando en cuenta la consultora Eco Latina, Ortale indica: “Anuncian que para el mismo período había casi un 32 % de pobres, -casi 13 millones de personas-,
y un 11, 7 % de indigentes, -casi 5 millones de personas-, estimando un valor
de la CBA que es baja: de $261 para el adulto equivalente y una CB total de
$540. Es decir que un hogar tipo en el primer semestre de 2009 tenía que tener
$1700 de ingresos para no ser pobre y $800 para no ser indigente. Creo que es un valor todavía muy bajo”.
Según el informe del año 2008, “Medición alternativa de la pobreza e indigencia”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (Central de los Trabajadores de la Argentina), la tasa de pobreza estaría a fines de ese año entre el 31,5 % y el 33,8 % y la tasa de indigencia entre el 14,3 % y el 14,9 %, -más de 13 millones de personas y casi 6 millones, respectivamente.
Siguiendo esos datos, uno de los realizadores de ese informe, y quien es también hoy diputado por Proyecto Sur, Claudio Lozano, destaca que “esas son mediciones nuestras, obviamente con la limitación que puede tener cualquier encuesta que tenga una cobertura restringida y que obviamente no puede en ningún caso reemplazar lo que hacía el INDEC. Pero si uno toma incluso los datos últimos de la Encuesta Permanente
de Hogares vemos que el 50 % de los que tienen algún tipo de trabajo, perciben un
ingreso inferior a los $1500, es decir el 50 % de quienes trabajan en la Argentina
están por debajo del salario mínimo”.
Por otra parte indica que de la población que se encuentra en situación de indigencia y pobreza “prácticamente la mitad, en un caso y en otro son pibes menores de 18 años con lo cual lo que hay es un fenómeno no sólo de pauperización de la sociedad sino de infantilización de la pobreza”.
Buscando soluciones
“Como dice la mexicana Larissa Lomnitz al escribir Cómo sobreviven los marginados, el tema no es tanto preguntarse por las causas de la pobreza, sino ver que sin tensiones demasiado evidentes ni conflictos muy masivos están sobreviviendo. Pero ¿cómo?”, se pregunta Ortale y responde: “Agudizando el ingenio, que muchas veces tiene que
ver con el hecho de trabajar muchísimo más, con sacrificar comidas –principalmente
la mujer para sus chicos, con recurrir a los hijos para que participen en las actividades de mendicidad o de trabajar junto a los padres. Obviamente es aquí donde aparecen las relaciones de clientelismo, el Estado a través de diferentes programas, las Organizaciones No Gubernamentales -que proliferaron en los ‘90-, las iglesias”.
A pesar del crecimiento en diversos sectores de la economía el problema de la pobreza en nuestro país persiste y desde el gobierno se ensayan diversas alternativas. Actualmente son varios los planes sociales destinados a los más necesitados, entre los que se encuentran: el Plan de Nacional de Seguridad Alimentaria, que hoy llega a 1.830.899 familias; el Programa Familia por la Inclusión Social, que abarcaba hasta septiembre del año pasado a unas 695.177 familias, y 2 millones y medio de chicos;
el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”, dentro del cual se encuentra el Programa Jefes de hogar desocupados, herederos del viejo Plan Trabajar, que hacia octubre contemplaba a 1.472.187 personas con un subsidio de $150 por familia. Y los más recientes, el “Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja” destinado a personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social o provinciales, que abarca aproximadamente a 100.000 titulares, y se intentaría ampliar a 300 mil; y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Con esta última medida, que había sido promovida por diferentes sectores, se alcanzó, según datos de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a 3.380.000 chicos de hasta 18 años, hijos de trabajadores desocupados, que no perciben ninguna suma de dinero en concepto de prestaciones, subsidios, planes, jubilaciones y pensiones; y de trabajadores no registrados que perciben un salario menor al mínimo,
vital y móvil (smvm); así como los hijos de trabajadores del sector “doméstico”; y los chicos discapacitados, -para quienes se estipula que el cobro sea de por vida-; contemplando en todos los casos un máximo de 5 hijos. Y se esperaría abarcar a un millón más, ampliando la cobertura a nuevos beneficiarios.
Según los primeros estudios que se han realizado, como el elaborado por los especialistas del Ceil-Piette del CONICET, Demian Panigo, Emmanuel Agis, y Carlos Cañete, “Asignación Universal por Hijo: resultados preliminares” (citado en el
suplemento Cash, Página/12 del 21-03-10), se calcula que los $180 por mes por hijo
se traducen en una caída del 69 % en la indigencia por ingresos. El efecto sobre
la pobreza también es importante pero menor: del 30 %. Eso si se tomara como cierto el INDEC. Pero si se pensara que el costo de la canasta básica es del doble de lo indicado, el impacto solamente es del 13%.
“Aunque sí es un plan de amplia cobertura, no es de carácter universal”, indica
el economista Facundo Barrera en el estudio “La Asignación ‘Universal’ a la Niñez. Los claroscuros de una medida positiva”, realizado junto con el Centro de Estudios para el Cambio Social –del Frente Popular Darío Santillán. “A priori estaría dejando afuera de la cobertura a los menores de la población a partir del sexto hijo; a los chicos cuyos padres sean informales y cobren por encima del smvm, o sean trabajadores autónomos o monotributistas”.
Hay quienes dicen que pudieron acceder sin problemas a la asignación y otros que no acuerdan con el nuevo beneficio “dada la incompatibilidad con otros planes”. Así, Gustavo Giménez, coordinador nacional del Movimiento Sin trabajo Teresa vive acusa que “continúan en forma muy reducida algunos planes de asistencia de $150; el gobierno ha dado de baja a cerca de 600 mil jefes de hogar, y otros tantos del Plan Familia”.
También desde el oficialismo han manifestado algunas falencias de este plan. Fernando “el chino” Navarro es diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria, y dirigente del Movimiento Evita, y dice que si bien la AUH “no tiene desventajas, sí creo que hay que ampliarla a casos puntuales como aquellos padres que trabajan duro y hacen un esfuerzo grande para enviar a sus hijos a una escuela privada, porque creen que es lo mejor para la educación de sus hijos. Más allá de
que debemos reivindicar y fortalecer la escuela pública, creo que no garantizarle el acceso a la asignación universal a esos padres va en detrimento de esa universalidad
que debemos garantizar”.
Pero más importante para Barrera es lo que puede pasar a largo plazo. En el decreto 1602/09, que instituye la AUH se indica que la misma funcione “hasta tanto se cree empleo digno. Pero hay que entender que esas políticas no son temporarias, sino que deben ser permanentes. Hoy estamos ante una problemática actual que no existía con el sistema capitalista fordista que, al entrar en crisis, la actual conformación hace que no sólo haya trabajadores desempleados, sino que además hay trabajadores pobres, que tienen empleo pero por las formas de precarización, no llegan a cubrir sus necesidades.
Por lo tanto, el Estado tiene que pensar no sólo en dar empleo a aquellos que no se
insertan, sino que debe atender a la nueva problemática que es que entre el 30 y el 40 % de los trabajadores son precarios, cuyos salarios son hasta un 50 % más bajos que los que están empleados en el sector privado formal, y no les permiten pasar por encima de la LP. Dada esta situación, no veo posible que en un futuro todos los trabajadores se empleen”.
Trabajar por el trabajo
Juan Pablo Noceli es integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Desde ese lugar expresa que “ante el contexto que debió atravesar el país en medio de la crisis mundial los movimientos sociales empezaron nuevamente a nutrirse. No al grado de lo que había en el 2001”, aclara, “pero sí volvimos a recuperar un número de compañeros que quedaron sin trabajo. De a poco se fue viendo que la situación empeoraba, los comedores empezaron a tener mayor cantidad de nenes y también de gente adulta”.
Paralelamente reconoce que la situación ha cambiado en los últimos meses “porque incorporamos compañeros a las cooperativas del Argentina Trabaja, saliendo de los planes de 150 para pasar a cobrar $1200. Obviamente eso cambia la situación económica de las familias que componen el movimiento y de muchas de las otras organizaciones”. Aunque explica que “hoy la inflación está llevando a que esos $1200 no alcancen para nada, ni siquiera para la canasta básica, el gobierno dice que está en mil ciento y pico de pesos, pero nosotros vemos que se ha ido cerca de los dos mil”.
Los picos más altos del desempleo se vieron en 1998 y más tarde con la crisis de los años 2001 y 2002, que llegaron casi al 20 %. “Hoy estamos muy lejos de eso”, explica Mariana Busso, socióloga e investigadora del CONICET. “Después de una crisis de ese tipo, inevitablemente, como todo período socioeconómico tiene sus ciclos de alta y baja, podemos decir que el desempleo disminuyó y que en los últimos años hay un amesetamiento hacia la baja, aunque no desciende abruptamente, se mantiene”.
Ante esta situación “El Plan Argentina Trabaja colabora con el mejoramiento del mercado laboral por distintos factores. Por un lado, se genera la obligatoriedad de realizar una actividad laboral, en el marco de una cooperativa donde esto es controlado por los compañeros. Pero por otro, al haber una cantidad de gente que ya no sale a buscar trabajo activamente, le quita presión al mercado, y eso hace que haya posibilidades para negociar mejores condiciones salariales y de trabajo en general”, explica la investigadora. “El Estado debe bregar y debe actuar en pos de diluir las desigualdades económico sociales -a pesar de que en los años ‘90 se nos dijo lo contrario-, sean fuentes genuinas, sea desde los planes sociales, siempre que vayan acompañados por la obligatoriedad de la contraprestación y que esta sea controlada y exigida”.
Según se indica en la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, este programa no es comparable a un plan de ingresos. Los aspirantes deben primero inscribirse y luego ser seleccionados para formar parte de cooperativas. “Los cooperativistas perciben mensualmente un adelanto en concepto de anticipo de excedente; esto significa que hay que trabajar para que ese dinero le sea depositado. Está previsto un mecanismo de control de asistencia y, según el caso, de bajas, porque el que no trabaja no cobra y su lugar será ocupado por otro aspirante”.
“De acuerdo a cifras de los medios, hay más de 120 mil personas inscriptas, de las cuales una parte importante hoy están trabajando. Pero de esa gente el 99 % es gente metida por las organizaciones sociales K”. La queja corresponde a Gimenez, del MST. “Nosotros, las organizaciones sociales no oficiales, pese a haber logrado una tanda de inscripción de algunos miles de compañeros en diciembre, no tenemos sino un puñado trabajando y menos cobrando”.
La experiencia del MTD muestra algunas diferencias. Noceli advierte que “les costó varias marchas” pero que finalmente pudieron inscribirse en el Argentina Trabaja, y hoy en día ya están trabajando. “Con otros planes teníamos la presión diaria constante, aquel que era de alguna organización de desocupados sufría la persecución, el hostigamiento del puntero para trabajar de más, para que se vaya o para que se sume a ellos. Pero en aquel momento poniéndole el pecho logramos manejar esos planes nosotros y empezamos a tener independencia y ahora estamos tratando de tenerla en las cooperativas”.
Desde el oficialismo Navarro asegura que la nueva alternativa “nada tiene que ver con el clientelismo”. “En la medida que cada beneficiario participa de manera asociada en función de su trabajo, cobra a través de una tarjeta y está claro que no tiene obligación hacia ningún intermediario. Por eso allí donde aparecen los que quieren hacer picardías o desnaturalizarlo, lo que el beneficiario debe hacer es denunciarlo”.
“Por lo general se liga la existencia de los planes a algo negativo, a tener atada a la gente”, reconoce Busso. En ese sentido manifiesta que “el mecanismo del Argentina
Trabaja blanquea la relación, incluso hace más legítima la organización política, más transparente, para los propios trabajadores y para la gente que lo ve de afuera. Me parece que en algún sentido esto es positivo para los trabajadores y no va en contra de las organizaciones sociales”.
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