Materia Pendiente conversó con uno de los fundadores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática sobre el estado actual y los desafíos de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El abogado, doctor en comunicación y profesor universitario de la UBA y la UNLP, hace un repaso por los puntos fuertes y las debilidades de una Ley que está democratizando la radiodifusión argentina.
Producción: Florencia Yanniello, Josefina Oliva
Textos: Florencia Yanniello
Además de ser investigador, docente universitario y referente internacional en materia de derecho de la comunicación, Damián Loreti participó en la elaboración de los “21 puntos básicos para una Radiodifusión Democrática”, documento que sirvió de base para la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A tres años de la aprobación de la norma, repasamos junto a uno de sus impulsores los avances en materia de regularización, la creación de nuevos medios, la participación de nuevos actores como las universidades y los pueblos originarios y las cuestiones pendientes a futuro para garantizar una real pluralidad de voces.
Descontando el lapso en el que la Ley estuvo suspendida, podemos destacar: la aparición de nuevos medios universitarios, provinciales, municipales y comunitarios; el registro de más de 150 cooperativas; el llamado a concurso de 690 frecuencias moduladas; la implementación de las nuevas autoridades en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y en Radio y Televisión Argentina (RTA), con la integración de las minorías. También la multiplicación de la cantidad de productoras en el interior del país y la aparición de ficción en esas producciones; la desconcentración de los derechos de contenidos de interés relevante, por la aplicación del artículo 77 de la Ley –mediante el cual se garantiza el derecho de acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos u otro género o especialidad–; los 3 mil nuevos registrados en el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA) dedicados a la producción audiovisual; las 5 mil horas de producción en el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) y en el Árbol de Contenidos Universales Argentino (ACUA); la aparición de la programación para niños; el servicio informativo propio y obviamente la Televisión Digital Abierta (TDA).
¿Cómo se garantiza, a su entender, la pluralidad de voces?
Multiplicando la cantidad de medios y poniéndole techo a la concentración, porque con una sola de esas dos cosas no alcanza. Si se le pone techo a la concentración, pero se deja la misma cantidad de actores existentes en el paisaje mediático, se redistribuye entre los que ya están y lo importante es que aparezcan nuevas voces y que tenga sustentabilidad.
Parte del problema de la sustentabilidad tiene que ver con la no predación del mercado por parte de quienes tienen una posición dominante y se abusan de ella. Si se genera una serie de mecanismos para la aparición de nuevos medios chicos y medianos, pero hay alguien que todavía puede predar el mercado por doble vía -por la capacidad de incidencia sobre los mercados publicitarios por venta de contenidos publicitarios paquetizados, es decir, la venta de varias señales atadas como condición de compra de la más importante o relevante-, no sirve. Lo que sucede así es que algunos ofrecen seis o siete cosas al mismo tiempo, mientras que otro ofrece una, cuando además hay un subsidio cruzado por el cable -que se trabaja en base a bonos y no en base a publicidad-, además de la capacidad de presión que tienen los medios grandes sobre los medianos y chicos por los derechos sobre contenidos estrella -los más apetecidos y cuya venta en condiciones monopólicas distorsiona el mercado-.
En la medida en que eso se va flexibilizando y multiplicando, la cantidad de medios que pueden acceder a eso es mayor y se generan condiciones de mejor convivencia.
Todo esto sin nombrar la aplicación del famoso artículo 161 –que tomó gran conocimiento por el conflicto con el Grupo Clarín-, mediante el cual, se indica que, una vez que la AFSCA determine sus reglamentos internos, corre un plazo de un año para la adecuación de todas las licencias.
MEDIOS COMUNITARIOS Y SUSTENTABILIDAD
¿Cómo influyó la aprobación de la ley en las cooperativas y los canales sin fines de lucro?
Las cooperativas venían pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley anterior desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay una especie de naturalización del estado de cosas, como si fuera común y en realidad el funcionamiento de los medios sin fines de lucro en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, está sesgado y limitado.
En la mayoría de los países de Latinoamérica, las radios sin fines de lucro o comunitarias operan desde la punta de banda y son radios de barrio. En Ecuador habrá que ver qué pasa con la reforma de la ley de comunicación, pero actualmente ocurre lo mismo; en Colombia son radios rurales; en Bolivia está la nueva sanción de la ley, pero todavía no está reglamentado cómo se va a diversificar el uso del espectro y las radios comunitarias también son las radios rurales.
Entonces cuando en Argentina aparecen las radios sin fines de lucro a disputar desde el piso del tercio del espectro radioeléctrico para ser usado, por supuesto que hay una discusión sobre cómo se sostiene; pero la ley no pone ningún tipo de cortapisas al modo de participar en la redistribución de los ingresos que generan las actividades culturales, creativas, artísticas e informativas de los medios. Algunos lo llaman publicidad, yo prefiero llamarlo reconocimiento al trabajo, es un modo entre tantos, mediante el cual se obtiene dinero, pero en todos estos ejemplos que di, la publicidad es la excepción.
¿Cuál cree que sería entonces una posible salida?
Por un lado que tengan los mismos derechos que las que tienen fin de lucro de participar del mercado; y por otro, promover mecanismos de accesibilidad a otro tipo de recursos, como la publicidad oficial, sin límite. Ahora, si estamos pensando en un mecanismo de funcionamiento de los medios subsidiados por el Estado exclusivamente yo no estoy de acuerdo, insisto, cuando cambia el gobierno, pasa lo que pasó en Ciudad Abierta en la Ciudad de Buenos Aires.Hay que darles sustentabilidad genuina.
Hay sí un tema sistémico, que tiene que ver con lo que en algunos países se llama régimen de subsidio al pluralismo, que no es publicidad oficial, sino el establecimiento de cuotas de fondos públicos a sostener pluralidad.
¿Cómo fue el proceso de regularización de los medios comunitarios y alternativos que ya estaban funcionando antes de la Ley?
Depende el sitio, hay zonas en el interior del país y en la propia capital que se denominan áreas conflictivas, en donde por los concursos de 1999 -que se realizaban todavía sin las emisoras sin fines de lucro-, se generó una situación en donde había más demanda que oferta. Existía un plan técnico muy retrasado y mal hecho y en esas áreas, si bien se hizo el censo, no alcanzó.
En ciertos lugares del país hay radios con licencias; con autorización; con permisos judiciales por sentencia firme; con medidas cautelares; otras que tienen los cuatro censos hechos -el de 1999 con los llamados Permisos Precarios Provisorios (PPP), la inscripción de 1993, más el llamado a concurso de 1996 y de 1999 y el último censo, realizado en 2009.
Es decir, existen entre siete y ocho estilos de situación jurídica; esto es sumamente complejo de dilucidar y hasta ahora no se avanzó en el rearmado del plan técnico que permitiría desagotar esto.
Sin perjuicio de eso, si no se va por una expectativa de autocontrol y baja de las potencias, es bastante complejo hacerlo. Las emisoras que no tienen licencia, no tienen área de cobertura protegida, y la gran salida es la implementación de algún mecanismo de radio digital que multiplique los espacios. Es un debate bastante complicado. De todas formas, debemos partir de la premisa de que la propuesta de regularización admite técnicamente que todo lo que está funcionando hoy debe seguir en condiciones de equidad legal, con la licencia hacia delante.
CANALES UNIVERSITARIOS
¿Qué nuevas posibilidades se abren con la Ley para las universidades?
Las universidades ya tienen sus asignaciones de canales de televisión dadas, lo que tienen que hacer es presentar una nota explicitando qué quieren hacer, un requisito del decreto reglamentario que no viola la autonomía, pero explica de qué forma la universidad va a cumplir con los objetivos del pluralismo. Una vez presentado eso sólo tienen que ponerse a andar. Pero el debate no es sólo montar un canal de televisión, sino ver cómo las universidades se transforman en visibilizadoras de una agenda distinta. Me sorprende que aún las universidades nacionales no hayan logrado generar corresponsalías para trabajar en conjunto y hacer una agenda propia.
Como experiencia nueva está el canal de la Universidad Nacional de La Plata, además de los ya existentes de las universidades de Córdoba y Tucumán.
LA LEY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
¿Qué cambios se dan en las posibilidades de la comunicación para los pueblos originarios?
El primer dato es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue más lejos que la propia ley del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), porque la ley del INAI, plantea que una vez que las comunidades de pueblos originarios se anotan, adquieren las condiciones del artículo 33 del Código Civil, es decir, personas jurídicas sin fines de lucro, pero de derecho privado. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual las reconoce en la misma condición que a las provincias o las universidades: como personas de derecho público, preexistentes a la Constitución y al propio Estado, razón por la cual tienen una reserva de frecuencia en cada lugar en donde están asentadas, en radio y en televisión. De ahí en más es todo para ganar.
Hay otra cosa relevante que es que la ley anterior ponía como único idioma aceptado el castellano, el resto eran dialectos, excepciones, en cambio ahora las lenguas de los pueblos originarios están validadas no como excepción, sino como regla general.
CIENCIA, SALUD Y AMBIENTE
¿Qué influencia puede llegar a tener la ley en la comunicación de la ciencia, del ambiente y de la salud?
La ley no regula contenidos, pone cuotas mínimas de origen de programación, lo que sí hay son solamente dos aspectos que no tienen que ver con el origen de la programación, que son: por un lado la incorporación de un mínimo de horas de producción infantil y por el otro, la obligación del servicio informativo propio. El resto es todo libre, en la medida en que se cumpla que haya una programación nacional y local.
Ahora, la amplificación de cantidad de voces da más espacio a quienes antes no tenían modo de hacer valer este tipo de discursos, entonces si están los espacios, aumenta la posibilidad de inserción de nuevos mensajes.
El hecho de que aparezcan emisoras universitarias debería motorizar el espíritu de que se generen mayor cantidad de contenidos vinculados a temas de ciencias, pero a mí no me parece apropiado que se establezca que tenga que haber un porcentaje temático de deporte, de letras, de ciencia, etc. Creo que hay que darle visibilidad y accesibilidad a muchos contenidos que antes no había, y así se van a generar tendencias y espacios. Todo eso más allá del rol que puedan tener los medios públicos en la enseñanza de las ciencias en general y de aquellas que tienen que ver con el desarrollo sustentable en particular, que es crucial, porque incluso hay una obligación constitucional de hacerlo.
¿En particular en el tema de la salud, cómo le parece
que es la información en los grandes medios?
Es atroz, hay trabajos hechos desde el AFSCA en conjunto con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), sobre lo que fueron las coberturas mediáticas de la Gripe A (H1N1) surgida en 2009, y otros acerca de la publicidad de alimentos y medicamentos y la impostación del discurso médico en manos de quienes no eran profesionales. Si bien se implementó la obligación de poner el número de matrícula del profesional, de todas formas, en más de un caso aparece alguna persona con guardapolvo. Aunque no diga que es médico, ni hable de capacidades específicamente medicinales del producto, la composición o el campo de efecto de sentido que genera en el corto publicitario, da a entender que sí lo es.
Hay mucho para hacer sobre eso, pero la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no resuelve todos los problemas que andan dando vueltas alrededor del mundo, es más, en los temas de sanciones remite a las leyes específicas: protección de género, tabaco, alcohol, medicamentos, discriminación. La idea no era generar un nuevo mecanismo de sanciones, sino generar una plataforma de pluralismo y diversidad. Después las actividades tienen sus propias regulaciones específicas.
LO QUE FALTA
¿Qué pasa con los medios gráficos, se pensó algún cambio?
Los medios gráficos se rigen por el derecho común. Hay un tema constitucional, que es la regulación federal de la prensa escrita, es una discusión sobre los alcances del artículo 32 de la Constitución Nacional –que establece que el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta–, y la complejidad de la aplicación del derecho a la rectificación.
Es algo que tiene que ver directamente con la regulación de contenidos periodísticos, el debate es si la jurisdicción federal tiene o no capacidad para regularlo. Yo creo que no.
¿Qué queda por hacerse para adelante para la aplicación plena de la Ley?
Sustantivamente lo que queda son los concursos de Televisión Digital Terrestre (TDT) –la nueva forma de transmitir mediante señales digitales, que se implementó a través de la Televisión Digital Abierta-. Cuando salió la ley yo dije: para ver los resultados tenemos que esperar cuatro años, hay que hacer planes técnicos, llamados a concursos, adjudicaciones, que los medios se instalen, que empiecen a rodar y que alcancen su línea de flotación. Eso no es mágico, en un país que hace 100 años que tiene radiodifusión y que durante 60 años no repartió un solo canal nuevo, sólo había nuevos dueños de medios viejos.
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