"La supervivencia de la especie humana depende de un cambio civilizatorio"


Comprometido con los Derechos Humanos y con posturas definidas frente al sistema y la moralidad, Zaffaroni nos cuenta su visión de un mundo en crisis. El ministro de la Corte Suprema habla de la relación entre la ciencia, la Justicia y el medio ambiente; de la salud en una sociedad “medicalizada” y de la invisibilización de los pueblos originarios.

Producción: Florencia Yanniello, Juan Manuel Mannarino
Textos: Florencia Yanniello


El doctor Zaffaroni, especialista en derecho penal, Doctor Honoris Causa en más de diez universidades argentinas e internacionales y pionero en la explicación a partir de la teoría criminológica del genocidio cometido por la última dictadura militar, asegura que vivimos en una sociedad en riesgo, en la que el acceso a la Justicia es desigual.
Señala que Argentina está atrasada en legislación ambiental, que la medicina está reservada para una elite y que la Justicia puede resolver cuestiones provisorias, pero que los verdaderos cambios deben darse en el sistema. Un recorrido por los principales temas que estuvieron en debate durante sus ocho años como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Justicia y medio ambiente

• ¿Qué rol cree que tiene hoy la Justicia dentro de los conflictos ambientales?

Obviamente nos movemos a veces entre intereses contrapuestos, entre la preservación del medio ambiente y la supervivencia poblacional, porque la gente tiene que vivir de algo y toda actividad humana es contaminante en alguna medida. Pero el gran problema es determinar hasta qué punto esa contaminación humana es tolerable. El ser humano ha contaminado todo el planeta, ha mezclado especies, transferido enfermedades. Hay un
gravísimo riesgo de que éste sea uno de los últimos siglos de supervivencia de la especie en la Tierra.
La Justicia puede tratar de frenar las manifestaciones más nocivas que pueda tener esta explotación depredatoria, pero no es ella la que va a resolver la cuestión; acá hay un problema de sistema. Lo que podemos hacer es provisorio, podemos ir “parando cositas”, pero hemos pasado el límite. En el último siglo hemos destruido más el planeta que en todos los milenios anteriores y no es la Justicia la que puede cambiar un sistema. Eso de que vamos a penalizar y que a través del derecho penal y punitivo vamos a salvar el Amazonas es mentira, por esa vía no vamos a poder. Acá lo que se requiere es un cambio civilizatorio, mientras ese cambio no se haga, lo que podemos hacer son paliativas. Se pueden hacer cosas importantes localmente, regionalmente, pero seguimos contaminando, quemando petróleo a rolete y ese es el grave problema. Hay novedades en el ámbito jurídico, del neoconstitucionalismo latinoamericano. El reconocimiento de la personería jurídica de la naturaleza en la Constitución de Bolivia y en la de Ecuador son cosas importantes, pero insisto, la supervivencia
de la especie humana depende de un cambio civilizatorio, no es con instrumentitos jurídicos que vamos a resolver el problema.

• ¿Cómo evalúa la legislación argentina en materia ambiental con respecto a la de otros países?

Estamos bastante atrás todavía, tenemos que hacer leyes más precisas y siempre vamos a tener el problema de la supervivencia, la fuente de trabajo y el medio ambiente. Insisto, no es la ley penal la que nos va a salvar, no porque agarremos a un cazador de nutrias vamos a salvar el medio ambiente, sin perjuicio de que es bueno conservar las nutrias, ese es otro problema, pero lo que está pasando es planetario y es bastante serio.

• Usted habló sobre el derecho ambiental vinculado a otros tipos de derecho, ¿cómo es esa relación?

Sí, el derecho ambiental plantea algunas novedades que son sumamente interesantes. En principio, históricamente nuestra tradición más o menos kantiana, o hegeliana, señala como titulares del derecho solamente a los seres humanos. Hay derechos que no son humanos, lo cual en la tradición jurídica suena muy raro. Hablar de derechos de la naturaleza o de los animales y de seres que no existen, -que son las generaciones futuras-, suena a discursos autoritarios, porque fueron los fascismos los que siempre hablaron de las generaciones pasadas, presentes y futuras, e hicieron del Estado una imagen antropomórfica.
Por otro lado, hablar de derechos no humanos llevó en alguna medida, en la historia jurídica, a hablar de ídolos, que se han ido inventando en todos los autoritarismos. Sin embargo hay un replanteo de todo esto en el derecho ambiental, que va por otro lado. Los animales tienen derecho a la existencia aunque sea como especie, la naturaleza tiene una existencia y las generaciones futuras también son un objeto de protección, lo cual le mueve todos los esquemas al jurista tradicional.

• En ese sentido, ¿le parece que la Justicia hoy contempla a las generaciones venideras?


En realidad a las generaciones venideras no las estamos tutelando si no es a través de un cambio de sistema. Las cosas que dice Leonardo Boff son ciertas, no las podemos discutir. No sabemos si el ser humano va a seguir sobre el planeta o los pulpos cefalópodos del fondo del mar van a desarrollarse dentro de diez millones de años y van a decir que hubo unos gigantes medio estúpidos que se agotaron por creer en el sistema penal, en el sistema punitivo. Éste es un siglo interesante, las cosas que están pasando no han pasado nunca.
Que Estados Unidos esté al borde de una crisis; que China sea la que tenga la mayor cantidad de bonos y papeles de los Estados Unidos; que Europa se esté debatiendo acerca de qué diablos hace con el euro; que las finanzas internacionales se hayan sincretizado con las finanzas ilícitas en forma tal que contribuyen a esta catástrofe; que tengamos un hemisferio al que se le ocurre hacer un organismo internacional para mantener el monopolio del lavado de dinero, -la distribución internacional del trabajo en la venta de tóxicos entre México y Estados Unidos, en donde México se queda con los muertos y Estados Unidos con la renta-; son cosas absolutamente insólitas.
Frente a la cosmovisión que podíamos tener hace 30 o 40 años de un mundo bipolar, esto es otro mundo en el cual se nos mueven todos los esquemas, incluso dentro del plano jurídico. Es un sistema que entra en crisis, esto es global. En América del Sur estamos medianamente protegidos, en América Central y América del Norte, no tanto.

• ¿Cuáles fueron los temas centrales en relación al medio ambiente que se debatieron en la Corte durante sus ocho años como miembro?
Lo más importante fue lo que hemos impulsado con respecto al Riachuelo. Ha habido medidas cautelares frenando algunas explotaciones, pero creo que eso es lo central. Insisto en que éstas son paliativas, hay que mirarlo desde otro ángulo. La hipótesis Gaia parece real, este planeta va a estornudar y nos va a sacar de encima en algún momento.

• En este cambio civilizatorio que usted señala, ¿dónde pondría el eje, en la política, en la educación…?

Fundamentalmente en la economía. Hay que empezar a pensar que no podemos propulsar sociedades que consumen cosas innecesarias, mientras tenemos continentes olvidados con 40 o 42 años de promedio de vida. Somos una especie muy agresiva, en el siglo pasado hemos destruido por acción de los estados, fuera de los conflictos bélicos, entre 100 y 150 millones de personas.

• ¿Cuál cree que debería ser el rol de la ciencia y su relación con la Justicia en los conflictos ambientales?

El rol de la ciencia es importantísimo, nosotros tenemos que tener una idea para resolver esos conflictos. No somos técnicos, necesitamos de su auxilio, que nos digan cuál es el impacto y cuál es la realidad. Hay un impacto local de cada emprendimiento, pero hay una cuestión que es global y no la resolveremos remediando en forma puntual. Hay algo que nos está superando, hay un sistema que tiene un objetivo de acumulación de poder, de dinero, completamente depredatorio; nos estamos acomodando en el mejor camarote del Titanic. Ese es el drama de la época y del siglo,
antes podíamos decir que cualquier cosa que pasaba mataba unos cuantos millones de personas. Ahora vamos a desaparecer todos. No me pongo apocalíptico, puede haber mil razones que interfieran en esta dirección hacia el futuro, pero hay que impulsarlas.

Salud: medicamentos y aborto

• Se acaba de sancionar la nueva Ley (26.688/2011) de Producción Pública de Medicamentos (ver páginas 18 a 25) ¿cuál cree que es su mayor aporte?

No nos olvidemos que lo que precipita la caída de Arturo Illia en 1966 y la asunción de Juan Carlos Onganía es una ley de medicamentos menor que ésta. Hay intereses de grandes corporaciones internacionales por vender medicamentos cuyos envases tienen un costo superior al de sus contenidos. La fabricación nacional es lo que permite abaratar la medicación en una medicina que se va haciendo cada vez más compleja, por ende, cada vez más cara y sofisticada, y el Estado tiene que intervenir para que, pese a la sofisticación, pueda llegar a la gente. No debemos tener una medicina
reservada para una elite a la que se le prolonga la vida hasta más allá de lo que debería prolongársela y otros a los que se los deja morir antes de lo que tendrían que morirse.

• ¿Cuál cree que es en este caso la función que debe cumplir la investigación científica?

La ciencia -o el saber- tiene un problema y es que no está del todo alejada del poder. La investigación científica se orienta hacia determinados objetivos que no son pura especulación, no es pura curiosidad. Si se estudian ciertas cosas es porque se pone dinero, entonces la ciencia nunca es neutral. Hay un impacto político sobre el saber humano. Normalmente en nuestra civilización, el mismo se orienta a la dominación. Es un saber de señores, si como sujeto me dirijo a un objeto es porque quiero dominarlo, si le pregunto a la vaca no es por curiosidad sobre ella, sino para sacarle más leche. La vaca me contesta con toda su vaquidad: muge, y no estamos
preparados para recibir la respuesta con toda la entidad, porque es un saber dominante, no es un saber dialogal. No dialogo con la vaca o con la piedra, y cuando el objeto de conocimiento es otro ser humano, también lo pongo abajo. Es un saber de dominación, ese es el problema, pero esa es nuestra base civilizatoria, que nos lleva a un conocimiento, a un saber tecnocrático que provoca este efecto depredatorio general. Por eso no es tan fácil el cambio, porque tiene que darse en el sistema. Y no sé si se dará antes de una catástrofe, -espero que sí-, pero esto es parte de la esencia de nuestra civilización; una civilización acumulativa de poder.

• ¿Cómo ve el autoconsumo de medicamentos y a la “medicalización” de la sociedad?

Hay un uso tóxico de los medicamentos. Vivimos en una sociedad en donde hay un abuso de fármacos de toda naturaleza y sobre todo de psicofármacos, hay un reparto a la marchanta que es impresionante, hay dependencia, y eso atraviesa todas las franjas etarias. La Ley de Producción Pública de Medicamentos tiene límites. Creo que puede influir en la conciencia de la categoría médica, que no puede repartir psicofármacos a todo el mundo. Si estoy nervioso me tomo tal cosa… En realidad, si está nervioso, bánquesela, vaya a nadar, corra, cuélguese de la lámpara un rato. Pero como uno va al médico y le dan pastillas, se va conforme.
La ley y la Justicia tienen límites. Hay que tener mucho cuidado con las prohibiciones, que muchas veces hacen que cualquier porquería se convierta en oro. Si uno no reduce la demanda de algo y lo prohíbe, lo convierte en oro, es alquimia. Pasa con todo lo tóxico, lo prohíben, pero lo tiran en medio de una sociedad estratificada, y genera una violencia terrible.

• ¿La despenalización del consumo de marihuana y el aborto tienen una misma mirada jurídica o un denominador común?

Sí, tienen una mirada jurídica, más bien criminológica, similar. Sin embargo, no es la despenalización de la marihuana la cuestión; despenalizar es otra cosa, es dejar la venta libre, no es ese el asunto, porque además no lo podríamos hacer. La cuestión es reconocer que cada uno puede hacer de su cuerpo lo que quiera. Si puedo cortarme un dedo, puedo fumarme un cigarro de marihuana. Que es bueno que no me corte el dedo, es otra cosa, pero no es un delito, estaré enfermo. Es la esencia del artículo 19 de
la Constitución Nacional, que es el eje central de nuestro sistema jurídico, distinguir entre lo que es la moral individual y lo que es el derecho, el
pecado y el delito.
Lo que hay en común es que hay manifestaciones de criminalidad de mercado en los dos casos. En cuanto a los tóxicos prohibidos, porque genera una plusvalía totalmente desproporcionada con lo que se prohíbe y como resultado de eso se genera una organización de producción, distribución, etc.
En el caso del aborto pasa algo parecido. Si nos preguntamos por qué su prohibición no causa más protestas en nuestra sociedad, la respuesta es: porque aborta en ondiciones de seguridad, y este servicio lo practican
los aborteros. Eso es una forma de criminalidad de mercado. Obviamente la prohibición penal no sirve para nada, porque hay un sector que no se preocupa, ya que aborta tranquilo, y el sector más bajo de la escala social es el que paga las consecuencias. Desde una clase media baja en adelante se aborta en condiciones de seguridad. Entonces no seamos hipócritas, lo que hay que bajar es el número de fetos, sentémonos a pensar cómo. La realidad es esa, quien está afectada es la mujer que tiene que ir al hospital, la de mayor carencia.
¿Cuántos abortos han pasado por mi mano en 35 años de juez?, creo que me sobran las dos manos. ¿Cuántos casos de punición por aborto me han llegado a la Corte en ocho años?, uno. Esa es la realidad sobre el aborto.

Los pueblos originarios y el sistema judicial

• ¿Cree que los pueblos originarios hoy tienen acceso a la Justicia?

No, no lo tienen, son invisibilizados, en general se dice “no tenemos indios”, se ignora su situación. Obviamente no somos Ecuador, Perú o Bolivia, y los pueblos originarios sobrevivientes de los genocidios que se practicaron están aislados en nuestro territorio. Si estuvieran concentrados, si hubiera un único pueblo originario, tendría un rédito político, serían diputados, etc. Como no es así, están dispersos en nuestro territorio, entonces no son negocio político. No es el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo.
El problema está, en primer lugar, en el no tener una representación política de grupos que interese numéricamente y cuya estructura, toma de decisiones y cultura es un poco difícil de compatibilizar con la democracia participativa. Creo que hay que buscar una forma práctica de que tengan representatividad de alguna manera. En segundo lugar, el inconveniente es el de que en todo proceso de esta naturaleza están los pseudo caciques. Muchas veces no se sabe con quién se está hablando, si realmente es alguien que representa o no. Creo que habría que reforzar el apoyo jurídico a los
abogados que trabajan con ellos, eso es muy importante.
Desde las universidades deberíamos darles apoyatura, se plantean muchos problemas jurídicos serios, de propiedad, de tierras, administrativos, de carencias no atendidas, de discriminación. Creo que una de las funciones más interesantes que podría tener nuestra universidad es apoyar a los que están en el terreno en todas estas materias. No sustituirlos, sino brindarles la apoyatura técnica.

• ¿Qué piensa de los sectores de los pueblos originarios que no reconocen al Estado argentino?

Bueno, muchos motivos para reconocerlo no tienen, habrá que paulatinamente darles motivos para que lo reconozcan.

• ¿Considera que la Ley de Relevamiento Territorial (26.160/2006) contribuye a la inclusión de los pueblos originarios?

Sí, claro y también para parar la deforestación, que es uno de los más grandes problemas que tenemos en nuestras provincias, y ahí se mezcla la cuestión de medio ambiente con la supervivencia de pueblos originarios. El bosque natural es el supermercado del pueblo originario. Si matamos el bosque, matamos a las culturas físicamente.

• La implementación de la Ley está costando en algunas provincias, ¿cree que el escenario es complicado porque la ley es transformadora?

Claro, no nos olvidemos que algunas provincias tienen algunas características algo feudales, donde hay intereses muy concretos. Uno a nivel nacional puede decir muchas cosas, pero después el Estado se manifiesta en conflictividades locales.
Leer más...

Salió Materia Pendiente Nº13


INFORME CENTRAL

Medicar con la ley

¿Qué cambia en el país con la nueva Ley de Producción Pública de Medicamentos? ¿Podrá asegurarse el acceso a las poblaciones más necesitadas? ¿Cómo será el rol de las universidades? ¿Qué ocurrirá con los laboratorios del Estado? Un recorrido local y regional en torno a la investigación, la producción y el consumo de los remedios.

Encuentros

Entrevista con el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni


El juez habla de la relación de la ciencia y el medio ambiente con la Justicia; el aborto, las drogas; la salud en una sociedad “medicalizada”; y la situación de los pueblos originarios ante el sistema judicial.

Además:

MEDIO AMBIENTE

Sacar el cuero

A través de los casos del Riachuelo, el Río Luján y la Cuenca San Francisco-Las Piedras, en Quilmes, conocemos de qué manera la industria de las curtiembres influye en la contaminación de nuestros ríos.

DEMANDAS

Tierras en disputaas en disputa

Un análisis del conflicto generado a partir de la cesión del predio de la UNLP -ubicado en Villa Argüello- a miembros de ATULP para construir un complejo de viviendas. Las diversas discusiones que involucran además a vecinos, docentes y estudiantes.

POLÍTICA ACADÉMICA

Un buen Consejo

Nos acercamos a la experiencia del Consejo Social, el nuevo espacio de la UNLP que surge para profundizar los vínculos entre diferentes sectores de la comunidad y la Universidad.


Y más…


Para suscribirse pueden enviarnos un mail a: revistamateriapendiente@gmail.com / materiapendiente@exactas.unlp.edu.ar


Se consigue en:

Facultad de Ciencias Exactas: 47 y 115 | Prometeo: 48 entre 6 y 7 (planta baja Humanidades) | Rayuela: 44 entre 6 y Plaza Italia | Lenzi: Diagonal 77 e/ 6 y Plaza Italia | De la Campana: 7 entre 58 y 59 | Emegel Fotocopias: 49 entre 5 y 6 | Centro de Cultura y Comunicación: 42 entre 6 y 7 | Biblioteca Popular "El Faldón": 18 y 71 |

Leer más...

Debates sobre el cambio climático. En busca de las respuestas para enfrentar los problemas del futuro.


La crisis del clima alerta a la humanidad; mientras los principales países causantes de los gases de efecto invernadero se niegan a modificar sus pautas de consumo energético, diversos sectores denuncian el sistema de producción y consumo y buscan alternativas. Un recorrido por las estrategias gubernamentales, las iniciativas científicas y los aportes de los movimientos campesinos e indígenas frente a un fenómeno que se hace cada vez más visible.

Por Florencia Yanniello


Si bien en un primer momento la ciencia dudaba acerca de las causas del cambio climático, hoy existe consenso en la comunidad científica en que está vinculado con la actividad humana. Los procesos que causan este cambio en el clima están relacionados con la presencia atmosférica de los denominados “gases de efecto invernadero”, tales como el dióxido de carbono y el metano, sustancias que retienen la radiación solar y aumentan la temperatura del aire que se distribuye luego a nivel global por la circulación atmosférica. El “efecto invernadero” es necesario para que exista la vida en la tierra, sin embargo, hoy está desequilibrado ya que se llevó, en pocos años, a niveles notablemente altos.
Vicente Barros, director de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), señala en su libro El Cambio Climático Global, que “el calentamiento global amenaza con la extinción de especies más devastadora de los últimos millones de años y, de persistir por mucho tiempo, haría de la superficie de la Tierra algo muy distinto de lo que es actualmente. Estos cambios vendrían acompañados de catástrofes y conflictos, algunos de los cuales ya se pueden vislumbrar”.
Otra de las consecuencias del calentamiento global es su efecto sobre los glaciares; el aumento de la temperatura regional y el ascenso de la línea de nieves permanentes, disminuyen el potencial de alimentación de los glaciares con nieve nueva, y aumentan el derretimiento de las porciones de los glaciares expuestas al contacto con la atmósfera.
Jorge Rabassa, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Austral de Investigaciones Científicas CADIC) de Ushuaia, advierte que la desaparición de los glaciares podría ser un desastre planetario. “El retroceso de los glaciares debido al calentamiento global provocará finalmente la desaparición de los pequeños glaciares de montaña, con impacto sobre los recursos hídricos en las cuencas, la pérdida de recursos de interés turístico y de parte de nuestro patrimonio natural”.
Rabassa asegura además que “lo más importante del retroceso de los glaciares es que ellos nos están advirtiendo acerca de la magnitud y alcances del calentamiento global, el cual tiene múltiples impactos en la vida humana, tales comoen la salud, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, el ascenso del nivel del mar, problemas en la agricultura y ganadería, deterioro de los bosques, etc.”.
Si bien existe una Ley de Glaciares que los preserva del impacto de la minería,
esta legislación es irrelevante para protegerlos del calentamiento global. En este sentido, Rabassa afirma: “Los glaciares son vulnerables al aumento de temperatura y a nivel internacional, han sido considerados indirectamente por los tratados de cambio climático, el protocolo de Kyoto y otros acuerdos internacionales, pero dado que estos acuerdos no se cumplen, la protección es inexistente”.

Lo que se debería hacer

Los científicos discuten si es posible frenar este fenómeno; el mayor interrogante es cómo se puede llegar a un punto de quiebre en el proceso del calentamiento global. En este sentido, Vicente Barros, en su libro El Cambio Climático Global, señala que ese quiebre podría darse a través de un proceso consciente y ordenado a partir de decisiones políticas globales, o simplemente a través de un cambio impuesto por la catástrofe ambiental.
“En el mejor de los casos la negociación internacional trata trabajosamente de controlar las emisiones. Esto estabilizaría las concentraciones pero no en el siglo XXI. Debido al prolongado tiempo de vida de los gases de efecto Invernadero en la atmósfera, para lograr el equilibrio en sus concentraciones atmosféricas es necesaria no una estabilidad en las emisiones, sino una sustancial reducción”.
Para esto, se deberían reducir las emisiones necesarias hasta lograr la estabilidad de las concentraciones con respecto a los niveles de 1990 en pocas décadas. Según Barros, la reducción requerida de combustión de hidrocarburos no podría alcanzarse en menos de 20 años “por un cúmulo de razones políticas, económicas y culturales.”
Con respecto a las posibles acciones a llevar adelante frente al cambio climático, Jorge Rabassa sostiene: “La solución a largo plazo es la disminución del contenido de dióxido de carbono y metano atmosférico, sea por modificación de las pautas de consumo energético de los países desarrollados -especialmente EEUU, Unión Europea y Japón- y los países muy densamente poblados, como China e India, o reemplazando gradualmente los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, por fuentes de energía no contaminantes” (Ver La alternativa energética, Materia Pendiende Nº11).
Rabassa indica que las modificaciones en la matriz energética “deberían ser acompañadas por cambios en los hábitos consumistas de los países desarrollados, y por el ‘secuestro’ del dióxido de carbono atmosférico, por medios mecánicos, químicos y bioquímicos, en particular protegiendo los bosques existentes, los arbustales y los humedales, y expandiendo en gran escala la forestación”.
El investigador del Centro Austral de Investigaciones Científicas explica que los árboles retienen el dióxido de carbono por la fotosíntesis y fijan este gas en forma de celulosa y otras sustancias vegetales en sus troncos y ramas. “Lamentablemente no hay consenso sobre las técnicas a utilizar para alcanzar estos objetivos, pues los intereses de las empresas petroleras y ciertos sectores industriales de los países desarrollados y emergentes conspiran contra la posibilidad que dicho acuerdo pueda ser alcanzado”, señala.
Otras acciones que podrían contribuir a solucionar el problema son la reducción de la ganadería a nivel global para reducir el volumen de metano arrojado a la atmósfera, y la habilitación masiva de medios aptos para cocinar y calefaccionarse en la China e India, de modo de evitar el uso de combustibles poco apropiados como la leña o el estiércol, de alto poder contaminante por su mala combustión, que forman las llamadas “nubes negras de carbón” que aumentan la absorción de la radiación solar. “Los Estados deben asumir sus responsabilidades y aprobar y poner en efectiva vigencia tratados internacionales que permitan limitar eficientemente las emisiones de gases de invernadero, reduciendo el consumo de combustibles fósiles, desarrollando las fuentes de energía forestación masiva en todo el planeta”, agrega Rabassa.
Las soluciones tecnológicas podrán posponer la crisis del clima, sin embargo la cuestión de fondo es el crecimiento demográfico, el aumento del consumo y las pautas de comportamiento arraigadas en la sociedad. “La principal causa del cambio climático sin lugar a dudas es un modelo de desarrollo y de sociedad que está centrado básicamente en la quema de combustibles fósiles en un altísimo nivel para la satisfacción de las necesidades humanas”, explica Carlos Vicente, miembro de GRAIN, -una organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña escala-, y de Acción por la Biodiversidad, una asociación
ecologista de Argentina.
“Nosotros hemos estudiado que el modelo de agricultura industrial es uno de los responsables más importantes del cambio climático. Hemos hecho estudios que hablan de que la energía que se gasta para la agricultura industrial, la producción de agroquímicos, el transporte de alimento y la ganadería industrial produce casi el 45 o 57 % de los gases de efecto invernadero. Entonces denunciamos específicamente este modelo”, advierte Carlos Vicente.

Lo que se está haciendo

A nivel internacional existe una estrategia para enfrentar el cambio climático; en 1992 se acordó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) con el objetivo de que todos los países del mundo se comprometan a llevar adelante acciones que contribuyan a revertir los efectos del calentamiento global.
Dentro de la Convención se implementaron diferentes instrumentos, tales como el estudio de las causas y posibles soluciones a través del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), compuesto por más de mil científicos de diversos países del mundo, incluyendo a la Argentina, y acuerdos internacionales, como el Protocolo de Kyoto, que establece compromisos de reducción y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero para los países desarrollados en el período que va de 2008 a 2012 (Ver Panorama tormentoso, Materia Pendiende Nº6).
“La opinión de los científicos que integran el IPCC es coincidente en el sentido de asignar el calentamiento global al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera y no desviar la atención, como hacen algunas empresas petroleras, que atribuyen todo el efecto del calentamiento a variaciones en la emisión de radiación solar, dejando de lado toda injerencia humana, así también como los combustibles fósiles”, explica Rabassa.
El principal compromiso adquirido por los países que forman parte de la Convención Marco es el de formular y aplicar programas nacionales orientados a mitigar y facilitar la adaptación al cambio climático. Argentina, ratificó en 1993 la Convención y comenzó a instrumentar políticas y acciones con el objetivo de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos que implica la problemática, tales como la Estrategia Nacional en Cambio Climático, cuya autoridad de aplicación es la Dirección de Cambio Climático, bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
“Es una demanda que venía desde hace tiempo, era necesario que Argentina tuviera una Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como la tiene en otras cuestiones ambientales. El tema es que implica un trabajo arduo y necesita de la participación de muchos actores que no son fáciles de convocar”, explica Nazareno Castillo, Director Nacional de Cambio Climático.
Los dos grandes lineamientos de la Estrategia son, por un lado, trabajar para la mitigación, es decir, lograr reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y por el otro, facilitar los procesos de adaptación a los impactos del cambio climático con el objeto de minimizar los negativos y aprovechar las oportunidades de los positivos.
“Esos son los dos grandes objetivos, de cada uno se desprenden objetivos específicos, como promover la eficiencia energética, las energías renovables, la eficiencia en la producción de alimentos, y otras cuestiones que tienen que ver con mejorar los sistemas de monitoreo ambiental e incorporar sistemas de alerta temprana”, indica Castillo.
Para elaborar la Estrategia Nacional se creó un Comité Gubernamental en Cambio Climático integrado por organismos gubernamentales de las diferentes áreas del gobierno nacional que ya lleva quince reuniones y articula con el sector privado, organizaciones de trabajadores, la sociedad civil y el sector científico académico.
“Hubo un primer documento que fue ratificado el año pasado por las máximas autoridades de los organismos que integran hoy el Comité. Después se siguió trabajando con otro un poco más específico que se presentó recientemente a todos los actores, porque hasta el momento era una estrategia elaborada únicamente por integrantes del Estado Nacional y Provincial a través del Consejo Federal del Ambiente (COFEMA), que también está representado en el Comité Gubernamental”, explica Castillo.
El Director de Cambio Climático sostiene que una estrategia estatal requiere de los aportes de muchos sectores y para eso se lanzó un proceso de consulta, mediante el cual se pretende recopilar opiniones. “Lo que vamos armando tiene aporte de todos los sectores, el proceso va a tener que ser de ida y vuelta. Esperamos tener un primer borrador de propuesta, sujeto a comentarios, para tener un segundo borrador e irlo
consolidando”, agrega.
Además, la Estrategia Nacional tiene una parte centrada en la capacitación, la sensibilización y concientización de los impactos de los estilos de vida. “Lo hemos trabajado desde la Secretaría de Ambiente, hemos hecho un calculador de carbono e intentamos que fuera utilizado por colegios, por la gente, para poder ver cómo el uso del automóvil, la generación de residuos o el uso de electrodomésticos impacta sobre el cambio climático”, manifiesta Castillo.
Sin lugar a dudas, el calentamiento global, que era tan sólo motivo de discusión académica a partir de la década de 1970, pasó a ser un tema impostergable de la agenda política, ya que, como señala Rabassa, “si el aumento de la temperatura supera la barrera de los 2º C, las consecuencias pueden ser de magnitud
catastrófica en algunas regiones del mundo y significativas en el resto del planeta”.
En este sentido, Castillo expresa: “El rol de la ciencia es fundamental, tenemos incertidumbre con respecto a las proyecciones climáticas y eso lo resuelven científicos trabajando con mayor cantidad de modelos, teniendo los recursos y el acceso a la información necesaria para generarlos. Toda actividad científica vinculada al cambio climático es fundamental para que desde la gestión podamos implementar acciones”.

Cambio climático y movimientos campesinos

Además de los gobiernos, también se involucran en la problemática del cambio climático las organizaciones y movimientos sociales, porque sostienen que las acciones a nivel gubernamental no alcanzan: “Hay un enorme abismo, nosotros denunciamos que el responsable de toda esta crisis climática es el modelo capitalista de producción y de consumo y más allá de los discursos, todavía en todos nuestros países, los gobiernos no están a la altura de las necesidades y no están escuchando a las comunidades locales como hace falta”, advierte Carlos Vicente, de GRAIN y Acción por la Biodiversidad.
Con respecto a las Conferencias de las Partes de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COPs) y las cumbres que se están desarrollando a nivel gubernamental, Carlos Vicente opina: “Lo que están planteán dose es cómo hacer negocios con los problemas ambientales. En el tema de cambio climático, se han creado distintos nichos de negocios: el mecanismo de desarrollo limpio, los bonos de carbono, el mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
de Bosques), que permiten que las corporaciones sigan contaminando y haciendo nuevos negocios ‘verdes’ que profundizan la crisis”.
Desde GRAIN y Acción por la Biodiversidad trabajan junto a Vía Campesina, un movimiento internacional que agrupa a pequeños y medianos productores, pueblos originarios y trabajadores agrícolas a pequeña escala. “Nosotros básicamente hacemos investigación para apoyar a los movimientos sociales, haciendo capacitación, dando talleres y distintos eventos en escuelas y demás actividades para abordar la problemática del cambio climático y por otro lado, hacemos un trabajo político a nivel internacional”.
Desde 1996, cuando la Vía Campesina participó de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Agricultura y la Alimentación en Roma, Italia, con su propuesta de soberanía alimentaria en lugar de seguridad alimentaria, la organización se convirtió en uno de los movimientos sociales más potentes en cuestionar este modelo. “La agricultura campesina es una alternativa frente al cambio climático y desde hace años venimos diciendo esto. Hemos llevado estas propuestas a las COPs de
Copenhague y de Cancún y lo que uno encuentra desde los gobiernos es absoluta indiferencia a los problemas reales que estamos enfrentando”, señala Vicente.

El clima y la Madre Tierra

En abril de 2010 se llevó adelante en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra. Convocado por el presidente Evo Morales, el encuentro fue propuesto como una alternativa para profundizar los debates inconclusos de la COP 15, en Copenhague, Dinamarca, en el año 2009, que para amplios sectores resultó un fracaso rotundo.
La diferencia de la Conferencia con las COPs es que éstas son un ámbito dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los cuales los gobiernos realizan negociaciones multilaterales, y en Cochabamba se convocó a movimientos y organizaciones sociales para que debatieran sobre cambio climático. El título de la convocatoria, marcó un cambio de eje en la discusión: por primera vez se incluyó a la Madre Tierra.
Carlos Vicente, quien participó de la Conferencia, sostiene que se trató de “uno de los grandes hallazgos y hechos políticos de la última década porque por primera vez se planteó que en la solución de los problemas que atraviesan a toda la humanidad, no sólo deben participar los gobiernos, sino que los protagonistas deben ser los pueblos”.
Del encuentro participaron más de 35 mil personas de 140 países de todo el mundo, entre organizaciones sociales, comunidades indígenas y campesinas, universidades, instituciones científicas, artistas, activistas y gobiernos, entre otros. El objetivo fue el de posicionar a los pueblos y no a los intereses económicos en el centro de las negociaciones sobre el clima. Además se planteó por primera vez que los pueblos originarios ocuparan un lugar en el debate. En la cumbre, la Vía Campesina propuso
al Gobierno de Bolivia que incluyera un grupo de trabajo sobre agricultura y cambio climático, que no estaba contenido en la propuesta inicial. “Trabajamos muy intensamente y se elaboró un documento que realmente es esclarecedor en donde se denuncia la responsabilidad de la agricultura industrial y se plantea la necesidad de terminar con este modelo extractivista que está destruyendo al planeta”, expresa Carlos Vicente.
El Documento final de la Conferencia de Cochabamba propone que “una visión compartida para la acción cooperativa a largo plazo no debe reducirse,en la negociación de cambio climático, a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción,
consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza”.
El encuentro en Cochabamba logró reunir a miles de personas con voluntad de hacer un acuerdo global que permita detener el desastre climático, incluyendo otras cosmovisiones y realidades que enriquecieron el debate. En este sentido, Carlos Vicente expresa: “Es muy claro que para enfrentar los problemas del futuro tenemos que primero poder acercarnos a otras formas de conocimientos y de ciencia. Estamos viviendo una crisis terrible y necesitamos volver a las fuentes de un conocimiento científico más integral, más humanizado y más respetuoso de la diversidad para poder encontrar las respuestas que hacen falta” .
Leer más...

"La solidaridad tecnológica es transferirle al otro el saber cómo y darle independencia"


En el marco de la presentación de los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología orientados a la Resolución de Problemáticas Sociales (PI-RPS), realizada el pasado 5 de mayo, Materia Pendiente dialogó con Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El involucramiento de la ciencia en las problemáticas sociales y la apropiación colectiva del conocimiento, son algunos de los temas abordados en esta entrevista.

Producción: Florencia Yanniello, Josefina Oliva
Textos: Florencia Yanniello





El ingeniero Enrique Martínez ha tenido a su cargo una difícil tarea: convertir al INTI en un organismo de ciencia y técnica que aborde problemas sociales. Desde hace nueve años, el Instituto dio un importante giro y dejó de trabajar sólo como un prestador de servicios a la actividad privada, para comenzar a resolver necesidades comunitarias. Hoy, fomenta la creación de cooperativas, trabaja con pueblos originarios y expande su intervención por todo el territorio nacional. En este sentido, la visita de Martínez a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP fue significativa y alentadora para la comunidad académica.

• ¿Qué opinión tiene acerca de los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología orientados a la Resolución de Problemáticas Sociales?

Realmente que inviten al INTI a poner la mirada sobre lo que significa que un organismo de ciencias exactas se involucre en la resolución de problemas sociales, es una distinción.
Nosotros nos hemos ocupado del tema desde hace algunos años y hemos generado algunos modelos de intervención, así que, realmente nos interesa mucho aportar.
Quienes hemos recorrido muchos años tratando de hacer nuestro aporte para tener una sociedad más justa, hemos aprendido que el cambio profundo, permanente y confiable definitivamente viene desde abajo o no viene. Tener el orgullo y el honor de que nuestra institución sea invitada a participar de un acto donde se lanza una convocatoria absolutamente heterodoxa, en un ámbito de ciencias duras, poniendo como
condición que los problemas que se estudien y las soluciones que se apronten intenten resolver problemas sociales, es una señal de un cambio profundo que ojalá podamos consolidar y hacer permanente.

• ¿Qué otros lazos tiene el INTI con la UNLP?

Tenemos un convenio para ocuparnos de la actividad aeronáutica, nuestro Centro de Investigación en Tecnología Aeronáutica Espacial, que es muy reciente y muy pequeño. En rigor funciona con un convenio base con la UNLP y tenemos numerosos vínculos horizontales, como el Centro de Química y el Centro de Ambiente. La gente de metalmecánica también tiene vínculos con la UNLP. En general tenemos mucha vinculación con universidades en el país, pero la UNLP es en algunos casos, para la tarea que nosotros hacemos, el referente más importante del país, aún más que la Universidad de Buenos Aires (UBA).

• En una entrevista, hace algunos años, dijo que para fomentar el desarrollo local era importante el desarrollo de la investigación,
¿qué rol le parece que deben tener las universidades en
este sentido?


Hay un fenómeno interactivo, las universidades tienen como rol central formar capacidades y para que las mismas luego tengan una posibilidad de relacionarse con lo social y transferir conocimiento, tienen que poder establecer vínculos con quienes no conocen, con quienes no tienen la misma formación, y eso es habitualmente uno de los puntos más difíciles. Generalmente, lo que sucede en el ambiente universitario, es que el conocimiento se dispara y se aísla. Ese desafío es el que hay que resolver, por eso creo es de lo más valioso que la gente que está en disciplinas exactas o duras se plantee cómo obtener resultados sociales.

• ¿Eso es porque no se marcan líneas prioritarias y los científicos hacen las investigaciones, de alguna forma, “a su antojo”?

En los claustros, lo que se llama la libertad académica se considera una especie de elemento a idolatrar y efectivamente al científico le cuesta mucho encuadrarse en líneas impuestas desde afuera. Me parece que una tendencia a definir ideas fuerza es mejor que trabajar con disciplinas y programas muy rígidos.

Ciencia y problemáticas sociales

• ¿Cómo le parece que puede incorporarse la ciencia básica a este tipo de investigaciones y a un organismo como el INTI?

No es difícil, basta con identificar cuál es el problema que se quiere resolver. En realidad el punto más complicado es cómo se identifica un problema. Una vez identificado, la secuencia que va desde lo básico a lo aplicado y la solución del
problema, no diría que se hace natural ni espontánea, pero se hace mucho más visible.
Nosotros hemos logrado entender que hay que trabajar en función del destinatario, que puede ser un problema público, -y por lo tanto hay que atender a un organismo del Estado-, una empresa o una actividad del mercado, o un problema social, en cuyo caso el tratamiento tiene que ser totalmente distinto y hay que encontrar la manera no sólo de identificar el problema y la solución, sino además ayudar a los actores sociales posteriores, los que están involucrados en el tema, a que participen de
la solución activamente, que no sean sujetos pasivos.
En ese sentido, lo primero que hay que plantearse es ¿qué es un problema social? Podemos decir que es aquello que tiene un denominador común, un problema que genere situaciones de pobreza, de desempleo, de contaminación, de discriminación, etc. Hay que tener mucha precaución en este avance, para no violar un principio que los científicos respetan muchísimo, que es el rigor de la relación causa-efecto. Si
hay algún prejuicio en el camino es probable que la metodología se resienta y en consecuencia es muy importante, bajar todos los prejuicios, objetivar todo lo que se pueda.
Mi propuesta es que si se quiere encarar un problema social, se recurra a dos etapas: primero se debe caracterizar el escenario del problema, investigarlo y en ese escenario aparecerán los actores: discriminados, pobres o desocupados; o problemáticas como la contaminación. A partir de allí debemos hacer un diagnóstico del problema y preguntarnos cuál es la causa de esa situación que caracterizamos de problemática en términos sociales. Recién en ese momento estamos en condiciones
de plantearnos un trabajo de investigación y desarrollo.
Porque sólo a partir de tener una buena caracterización y un buen diagnóstico, podemos encarar la investigación de esa problemática para hallar una solución.

• Por ejemplo con el Programa de Asistencia Técnica al Estado(PATE), ¿se identifican los problemas y se trabaja en pos de eso?

Ese programa no es el central en cuanto a las iniciativas del INTI, allí trabajamos por demanda de diversas cosas, de control de calidad, de metrología, algunos temas ambientales. Pero donde nosotros tomamos la iniciativa en relación al ámbito público es en aquellas cuestiones que claramente son responsabilidades del Estado y que no sabe a veces resolver por no tener fortaleza técnica. Por ejemplo, los problemas
ambientales, los de infraestructura energética o los de de organización de la gestión administrativa del Estado. Normalmente hay un aporte de afuera, que queda a cargo de un consultor que no tiene el mismo interés que presenta un organismo como el nuestro.

• ¿Cómo fue esta transición mediante la cual el INTI comenzó a trabajar en proyectos con un anclaje social, a fomentar la creación de cooperativas y hasta trabajar con pueblos originarios?

No fue nada fácil, porque cuando empezamos esta tarea, que ya lleva casi nueve años, nuestra gente creía que naturalmente su interlocutor era el empresario, que trabajábamos como una empresa de servicios para la actividad privada. Cuando empezamos a insistir en que debíamos resolver necesidades, se produjeron
algunos conflictos conceptuales. La primera pregunta que surgió fue ¿de dónde íbamos a sacar el dinero?; la segunda ¿cómo íbamos a transmitirle conocimiento a quién no sabía ni siquiera interpretarlo? Sin embargo, al recorrer un camino, quedó claro que buena parte de esos elementos eran prejuicios y que en todo caso, si el interlocutor no está preparado para recibir la tecnología tal como uno necesita transferirla, hay que ayudarlo en su formación para que entienda cómo manejar su medio y en función de eso, cómo la tecnología encuadra en él.
Efectivamente ha sido todo un proceso, pero hoy la verdad estamos orgullosos de estar trabajando con gente de la puna jujeña, de la meseta patagónica y de tantos lugares de la Argentina, que identifican en el INTI a alguien que es parte de su solución.

Solidaridad tecnológica y apropiación colectiva

• ¿Se trabaja siempre con el concepto de solidaridad tecnológica?

La solidaridad tecnológica al interior y el exterior de Argentina es un concepto central. A través de esta idea entendemos que la solidaridad no pasa solamente por lo tradicional, es decir, en materia de salud o de educación elemental, por el contrario, la solidaridad tecnológica es transferir al otro el saber cómo y darle independencia a través de ello. No es poco y lo hemos intentado instalar. Claramente si se trata de un problema social, la solución tiene que ser de apropiación colectiva. No podemos resolver una problemática a través de un mecanismo que implique que una empresa pase a tener la llave de la solución, generando así una subordinación al mercado en el medio, ya que se genera dinero con esa solución. La apropiación colectiva es un concepto que costó entender pero que hoy es sagrado. Si nosotros hacemos una transferencia que beneficia al conjunto es colectiva, aún cuando en ese conjunto haya emprendedores. En ese caso, si generamos un beneficio para un sector industrial, como nosotros, por ejemplo, que diseñamos colectores solares, no vamos
a licenciar ese colector haciendo que uno se quede con el beneficio, sino que se lo vamos a dar a todos los fabricantes y que compitan por otra cosa: por el tamaño del tanque, por la capacidad. La mejora de la ciencia consiste en que ese beneficio lo consigan todos y eso nos parece un concepto sano.

• ¿Cómo se piensan esos conceptos a nivel nacional? ¿Se pueden desarrollar?

La dirigencia política debe ir asumiendo estos conceptos, porque un organismo técnico no puede superar el problema a escala nacional. En este momento estamos apretando el ritmo, instalando unidades productivas en el norte del país, con la idea de que sirvan de modelo para que luego se desarrollen solos. Eso nos cuesta un enorme esfuerzo, porque no lo sabemos a hacer. Por ejemplo, tenemos que aprender a construir
un matadero, luego a gestionarlo, a explicarle a la comunidad local cómo eso le cambia su dieta, a organizar su abastecimiento y la transformación de los subproductos. Son todas tareas que parcialmente las sabemos hacer y hemos brindado
mucha asistencia técnica, pero todo en un sólo paquete es un esfuerzo muy grande para un organismo de ciencia y técnica. De todas formas, creemos que es la única manera de romper el molde. Una vez que eso funciona y que supera lo anterior, puede inducir a buena parte de la dirigencia política y social a anotarse en ese proceso.

• ¿Cómo ve el desarrollo local en estos últimos años?

Ha habido iniciativas, pero muchas más generadas desde nosotros, o vinculadas a algunos espacios de cooperación internacional con Venezuela, que las que hubiéramos esperado recibir de responsables políticos locales. Yo creo que todavía buena parte de la dirigencia política argentina interpreta al desarrollo local como algo que se puede alcanzar consiguiendo un inversor extranjero que emplee a la gente. También se
piensa que el éxito de esa gente consiste en estar empleada por otro que ni siquiera vive en el país y que probablemente no quiera vivir nunca aquí, lo cual no me parece un horizonte demasiado elogiable.

• Recientemente presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su libro “Nuevos Cimientos”, ¿qué temáticas aborda esta publicación?

El libro incluye los Debates del Bicentenario. No fue una idea mía personalmente, sino de un grupo de compañeros del INTI, que decidieron pedir colaboraciones adicionales para cada tema. Entonces están todas las presentaciones de los Debates
del Bicentenario, las colaboraciones en cada capítulo, más las conclusiones de los foros virtuales que se generaron, con lo cual es un material denso, por la cantidad de aporte, pero no difícil de leer. Hay casi 70 personas que han colaborado en ese
material y algunos compañeros dicen que se empieza a convertir en un manual y en un elemento de referencia, y eso nos da mucho orgullo .
Leer más...

Salió el Nº12 de Materia Pendiente


INFORME CENTRAL

Pronóstico reservado

El cambio climático se hace cada vez más visible y alerta a la humanidad. Los organismos estatales piensan en estrategias de mitigación y adaptación; los científicos buscan nuevas respuestas; y los movimientos campesinos e indígenas luchan por agregar a la discusión la presencia de la Madre Tierra. Aquí algunos aportes para hacer frente a esta problemática desde la construcción colectiva.

Encuentros

Una charla con el presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Enrique Martínez

En su visita a la Facultad de Ciencias Exactas habló acerca de los procesos industriales en el país y el nuevo rol de la ciencia y la tecnología con relación a las problemáticas sociales.


Además:

Salud

Materia Pendiente dijo presente en el Primer Congreso Latinoamericano de Salud, que se desarrolló en la ciudad de Maldonado, Uruguay, entre los días 13 y 15 de mayo. Cómo mejorar el acceso a la salud y la necesidad de que ésta sea vista como un derecho y no como una mercancía, entre los principales puntos del encuentro.

Justicia y derechos humanos

Conocemos la historia de Pascual Pichún, un joven mapuche estudiante de Periodismo que fue condenado en Chile por defender su territorio.


Y más…

Para suscribirse pueden enviarnos un mail a: revistamateriapendiente@gmail.com / materiapendiente@exactas.unlp.edu.ar


Se consigue en:



Kioscos de la Cooperativa de diarios y revistas de La Plata (puestos amarillos) | Facultad de Ciencias Exactas: 47 y 115 | Prometeo: 48 entre 6 y 7 (planta baja Humanidades) | Rayuela: 44 entre 6 y Plaza Italia | Lenzi: Diagonal 77 e/ 6 y Plaza Italia | De la Campana: 7 entre 58 y 59 | Emegel Fotocopias: 49 entre 5 y 6 | Centro de Cultura y Comunicación: 42 entre 6 y 7 | Biblioteca Popular "El Faldón": 18 y 71 | Leer más...

Educación superior: una mirada regional


El periodo de los `90 las enfrentó a un proceso que, aunque con matices, dispuso la mercantilización de la formación académica, un gran aumento de la oferta y la demanda y un crecimiento general de las instituciones. Tomando los casos particulares de Chile, México, Uruguay, Brasil y Argentina, aparecen similitudes y diferencias en cuanto al acceso, el financiamiento, la autonomía, y el rol que cumplen las universidades en cada sociedad. ¿Cómo se manifiesta en esos estados lo público y lo privado? Aquí un recorrido y un análisis.

Producción: Luciana Cáceres, Josefina Oliva
Textos: Josefina Oliva


En la actualidad asistimos a una fuerte expansión de los sistemas nacionales de educación superior que se viene registrando desde las últimas décadas. En el informe Educación Superior en Iberoamérica elaborado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) en el año 2007, se anuncia que en Iberoamérica, el número de instituciones, apenas 75 universidades a mediados del siglo pasado, aumentó notablemente, contabilizándose -para la fecha del informe- alrededor de 10 mil instituciones de educación superior, de las cuales un tercio son universidades y el resto instituciones no universitarias. En América Latina esto se desata ante un proceso de mercantilización de la educación superior que presenta diferencias según el contexto de cada Estado, aunque a su vez, y para algunos especialistas, también coincidencias.
Según Germán Soprano, director de la Maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en principio, las políticas de los ’90 fueron alentadas por los organismos multilaterales de crédito y formaron parte de los paquetes de reformas del Estado y de las políticas económicas neoliberales impulsadas en el período. Ahora bien, como consecuencia de esas políticas, “de los ’90 para acá, en América Latina, se ha visto un proceso de expansión de la oferta privada de educación superior y la diversificación y el aumento cualitativo de los niveles universitario y terciario. Se trata de un sistema que no supone necesariamente la privatización en términos de c creación de más universidades privadas, sino la incorporación de lógicas competitivas privadas dentro del sistema público”.
Esas tendencias, amplía Soprano, “también confluyeron con los procesos de internacionalización, que se han dado como consecuencia de la `americanización´ de la educación superior europea, conocida como el Proceso de Bologna” (Ver Integrar, ¿de qué forma?).
Desde México, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge González, afirma que “desde el 82 hasta la fecha vivimos unos regímenes de neoliberalismo muy graves. Y resulta que hay una tendencia fuerte a privatizar, a instrumentalizar y mercantilizar la educación superior. Lo cual significa bajar la cantidad de personas que aspiran a trabajar sobre el conocimiento. `Yo sólo estudio para tener dinero, viajar, tener un carro, una casa y aventarme viernes, sábado y domingo`, que me parece muy bien. Pero eso ha ido alejando cada vez más a los estudiantes y a los profesores de la formación. Las universidades empiezan a ser más capacitadoras que formadoras”.
Desde otro punto de vista el coordinador del observatorio Sindical de Políticas Universitarias de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), Claudio Suasnábar, hace hincapié en las diferentes historias y conformaciones que tienen los países de América Latina. En ese sentido aclara que es distinto “lo que aconteció en Argentina o Uruguay por ejemplo, que tienen una tradición de educación pública universitaria; al caso de Brasil o Colombia, en los cuales históricamente el sistema de educación superior se conformó en dos circuitos: público y privado. Entonces en aquellos países de hegemonía pública la emergencia de un sector privado se da con distintas características; y en el caso de aquellos que tienen una conformación dual, hay una profundización”.
Por ejemplo, en países como Brasil y Chile entre el 50 y el 75 % de la matrícula
se encuentra en el sector privado. Mientras que en México entre el 50 y el 75 % asiste al sector público; diferente a lo que ocurre en Uruguay y Argentina, en los cuales entre un 75 y un 100 % concurre al sector público.
Claro está que la división entre lo público y lo privado no es tan tajante, ya que esto se condice con las tradiciones que suponen los diferentes países ante estos conceptos y que condicionan las variadas dimensiones que los determinan, como la organización y el control de las instituciones; sus fuentes principales de ingreso; los tipos y alcances de los apoyos ofrecidos a los estudiantes; las modalidades que asume la intervención del Estado y las formas de gobierno que adoptan las diferentes instituciones.
“En nuestra tradición lo público está asociado a que sea estatal, gratuito y casi diría al ingreso irrestricto”, explica Suasnábar, quien se desempeña como profesor de Política y Legislación de la Educación, e Historia y Política del Sistema Educativo en la UNLP. En cambio en Chile y en Colombia hay universidades públicas que cobran.
En el caso de Brasil las públicas no cobran pero tienen examen de ingreso y las católicas son llamadas comunitarias, no se las asocia como privadas. Menos Uruguay, Argentina, y parte de Bolivia, que tienen ingreso irrestricto, en todos los otros países tienen vestibular. Tanto en Brasil como en México tienen lo que se llama “la prepa”: los dos últimos años del secundario son preparatorios a la universidad.
A pesar de que Brasil se vio impactado por las políticas de los ’90 el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no sólo estimuló la creación de nuevas universidades federales, estaduales, y municipales, sino también las privadas. “¿Esto por qué?”, se pregunta Soprano: “Porque en Brasil el acceso a las universidades públicas es muy restringido”, contesta el investigador del CONICET y explica: “sobre todo en las universidades federales, hay una población estudiantil de clase media y media alta. Cuando los sectores sociales de clase media baja acceden es por programas de becas o
políticas compensatorias, como hacen los negros o los indígenas en ese país. Las universidades privadas vinieron a garantizar las posibilidades de acceso a sectores
de clase media baja que jamás hubieran podido acceder a la universidad pública”. Mientras que, desde Uruguay, el pro rector de Extensión de la Universidad de la República, Humberto Tomassino, destaca que en su país el acceso sigue siendo libre. “La lucha constante es por ampliar la matrícula, e incluye y hace inherente la pelea por mejorar las condiciones de estudio y el nivel académico. Se debe seguir trabajando por una de las características más caras de la universidad latinoamericana, que junto con la gratuidad, la autonomía y el co-gobierno, son los pilares de nuestra concepción de universidad”.

Autonomía y financiamiento

Como se dijo anteriormente lo público y lo privado varían en cuanto al contexto de cada país. En Argentina la mayoría del gasto en educación superior proviene de fuentes públicas. Los últimos incrementos en el Producto Bruto Interno (PBI) para la educación en general fueron de un 4,5 % a un 6 por ciento. Según apunta Claudio
Suasnábar, desde el año 2003 el presupuesto universitario se ha incrementado un 230 %, sin embargo en nuestro país “no han cambiado sustantivamente las universidades. El Estado debe planificar en el marco de la autonomía pero tiene que fijar líneas prioritarias y articular esas agencias. Por ejemplo, si el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) da becas para estudios posdoctorales y la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)evalúa, hay un problema muy complejo, porque en realidad el organismo otorga las becas a los individuos pero lo financia el posgrado. Éste se financia con el esfuerzo de la dedicación exclusiva de los profesores”.
Soprano acuerda en esta cuestión: CONICET paga sueldos a los investigadores pero el resto del financiamiento se realiza a través de las universidades. En ese sentido, plantea, “la existencia de institutos de investigación dentro de las universidades restringe, en buena medida, los márgenes de la autonomía universitaria”.
A partir de la Ley de Educación Superior de 1995 la autonomía universitaria en nuestro país ha sido un punto controvertido por la flexibilidad con que las universidades empezaron a poder contar con recursos externos, como los servicios a terceros. Aunque “en realidad eso siempre estuvo”, advierte Suasnábar, “lo que cambió es la magnitud y el uso de los recursos. Un dato a tener en cuenta: en el Observatorio de la Conadu una de las líneas de trabajo era tratar de conocer cuál es el volumen y las características de los recursos que generan las universidades. No pudimos conseguir ni un solo dato, ni siquiera de la UNLP. La universidad si es pública tiene que decir cuánto es lo que se saca, es muy importante”.
En cuanto a los recursos reservados para las universidades denominadas públicas en cada país, según el informe del CINDA, México destina un 94,9% del gasto público a esas instituciones; un 88,1% destina Brasil y un 100% Uruguay. Mientras que, en el caso de Argentina un 96,2% se dedica a las instituciones públicas y un 3,4% a las
instituciones privadas. Y, en el caso de Chile, tan sólo un 37,2% a las públicas y un 33,3% a las privadas.
En el caso chileno “se trata de una autonomía de mercado”, analiza Suasnábar. “Es decir, allí no van a existir los condicionamientos pero sí va a influir la lógica
de la competencia. Una de las consecuencias es que un sistema muy mercantilizado
despolitiza a los académicos: para qué van a ser decanos si se pierden de hacer un paper que les puede dar más dinero. Esa es la consecuencia: se vuelven académicos emprendedores”.
“El financiamiento siempre supone una forma de heteronomía, de restricción de la autonomía. No importa que venga de una empresa, o del Estado, o de la sociedad científica más bella y espiritual, el dinero abre posibilidades y restringe siempre”,
sentencia Germán Soprano desde la UNQ. Y advierte: “Yo no tengo temor a que una empresa financie proyectos de investigación, pero sí a que Monsanto los financie para demostrar que el glifosato es una belleza de producto químico. Sin dudas defiendo el financiamiento estatal de la universidad pública”.

Cuestión de roles

Al hablar de universidades y países diferentes nos encontramos, al mismo tiempo, ante situaciones disímiles en cuanto al rol que viene a ocupar cada universidad en una sociedad determinada. Así lo define Claudio Suasnábar: “Según la conformación histórica, las universidades en América Latina cumplieron diferentes roles y funciones a lo largo de su existencia. Lo que tienen en común es que en los orígenes del Estado nacional cumplieron un papel muy fuerte en la formación de las elites. Con
los años tuvieron también otros roles; en muchos países fueron reducto de los sectores más conservadores, más elitistas y en otros la avanzada de las vanguardias
estéticas políticas y culturales, sobre todo en los años ’60”.
El sistema actual de la educación superior en Brasil por ejemplo “es hijo de la dictadura militar del 64”, explica quien fuera director de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNLP hasta el año pasado, “que definió un modelo universitario centrado en el posgrado: para que una institución sea universitaria debe contar con posgrado de investigación, si no no es una universidad”. A diferencia de muchas de
nuestras casas de estudios, que no han caído dentro de esa categoría. Los roles de las universidades varían además según “la relación que han tenido los intelectuales universitarios con el Estado. En un extremo estaría Argentina, en el cual la intelectualidad universitaria ha sido bastante crítica al Estado y los partidos políticos han sido algo desconfiados de los intelectuales. Por eso es una institución que a pesar de las situaciones conflictivas ha mantenido una actitud. Esto ha sido distinto en Brasil o en Chile, países en los cuales los intelectuales todavía tienen un nivel orgánico con los partidos y eso ha permitido en cierta manera una mayor interlocución entre la Universidad y el Estado”.
Desde México, Jorge González manifiesta las coincidencias que nota sobre todo entre las universidades de su país, Brasil y la Argentina: “son elitistas, aunque varía el color de las elites”. Y destaca que actualmente en Brasil hay una política de inclusión forzada de indios y negros a partir de las políticas del gobierno de Lula. Al mismo tiempo, quien se desempeña como coordinador general del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Investigación Compleja de la UNAM señala como otra coincidencia, que se da además a nivel mundial, que las universidades están siendo “instrumentalizadas”, “desarrollando otras cosas que no son las prioritarias, sino las que quiere Bayer, innovaciones tecnológicas para Telefunken, o investigación especial militar”. Mientras que, en cuanto a las diferencias marca que “hay muchas, debido a su composición social, los compromisos, los rectorados”.
En el caso de Chile “la universidad cumple un rol diferente y por esa razón durante el gobierno de Pinochet se da una reforma estructural de la universidad”, apunta Suasnábar. “Hay un proceso brutal de privatización de la educación superior, de desmembramiento de universidades y la restricción del financiamiento. Hay un cambio en la función más pegado a las necesidades del mercado, con un criterio de universidades emprendedoras, que se manejan con criterios empresariales, ligadas a una cuestión económica, que se dedican a investigar por ejemplo cómo criar truchas”.
En tanto que en Uruguay, como expresa Tomassino, la Universidad se ha constituido en uno de los centros mas importantes de creación de conocimiento a nivel nacional. "Además hemos profundizado vínculos con varias organizaciones sociales de trabajadores, cooperativistas y sujetos colectivos y con las políticas públicas más trascendentes que se han implementado en la ultima década. En todos los casos se ha mantenido una postura de autonomía conectada, posición que implica una gran capacidad
de escucha a las propuestas pero, una toma de decisiones que está enteramente enmarcada por el co-gobierno universitario”.

Hacia un bloque regional

La educación superior en América Latina presenta similitudes y diferencias que abren la posibilidad de pensar en solidificar las herramientas para la creación de un bloque regional. Al respecto el coordinador del Observatorio de la CONADU, Claudio Suasnábar dice que el aspecto que está más avanzado es la cooperación a nivel de posgrado e investigación. Sin embargo lo más complicado serían las políticas de
integración de las carreras.
En el mismo sentido, González señala que “pasamos por un estado de desconexión muy fuerte en la Universidad. Fuimos diseñados de manera muy desconectada como país y como continente, pero gracias a los gringos nos conectamos en Texas. Para saber más de Argentina o de alguna provincia hay que ir a Texas. Para saber de México también”, dice en forma irónica. “Ellos sí desarrollan cultura de información altísima, nos estudian, nos informan y cuando tenemos una pequeñísima casta de científicos, quince mil de todas las áreas, que no son todos los que hacen investigación, sino los que están reconocidos, es pobre; entonces qué queda, pues nos vamos para las ventas, a formar para ser buenos vendedores de algo”.
Para Germán Soprano “son muy interesantes los programas de intercambio que hay entre los estudiantes de las ingenierías, las medicinas, las ingenierías agronómicas, y el proceso que se ha dado para discutir las equivalencias en los títulos, en las formaciones de posgrado; aunque estamos muy lejos de lo que ha sido el proceso de Bologna en Europa”. De todas formas resalta “la Universidad no puede ser ajena a los procesos de integración y recuperación regional que se dan en otros planos de la vida política a nivel del Mercosur o de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)” .
Leer más...

La Alternativa Energética


El nuevo escenario mundial plantea la necesidad de comenzar a sustituir el uso de combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, reconocidas como la opción más viable para solucionar los problemas asociados a la creciente demanda de energía, la necesidad de proteger el medio ambiente y el requerimiento de una mejor calidad de vida. Científicos e investigadores buscan las claves para lo que se viene: una nueva matriz energética basada en energías alternativas.

Por Florencia Yanniello


En la actualidad, la mayor parte de la energía que se consume proviene de combustibles fósiles y es de público conocimiento que se trata de reservas limitadas que tardaron millones de años en formarse y se están agotando. De esta manera, la plantilla energética actual dejará de ser viable en un futuro no muy lejano, debido a la escasez de estos recursos, que además son causantes de los gases de efecto invernadero y por lo tanto contribuyen al calentamiento global.
Ante esta realidad, se plantea la necesidad de introducir nuevas tecnologías basadas en energías renovables, que reemplacen a las fuentes fósiles. “Cuando se habla de un cambio en la matriz energética se hace referencia al paso de un paradigma convencional fundamentalmente basado en fósiles, en energía nuclear y en centrales hidráulicas de gran porte, a una matriz nueva, basada en energías alternativas”, explica Roque Pedace, Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Lo que tenemos ahora, es una matriz energética en donde más del 90 % de la energía es de origen fósil, y de ese porcentaje, el 50 % es gas, hay muy pococarbón y el resto es esencialmente petróleo. Dentro de las no fósiles en electricidad, tiene un rol importante la energía nuclear, aunque está en retroceso. En este momento el 6 % de la electricidad en Argentina es de origen nuclear y un 30 % de origen hidráulico. El resto es producto de la combustión de la biomasa y en mucha menor medida de energía eólica y solar”, sintetiza Pedace, quien trabaja en el área de prospectiva tecnológica dentro del Grupo Energía y Ambiente (GEA) de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
En este aspecto se desarrollaron una serie de procedimientos para las llamadas energías primarias renovables, es decir las que están disponibles en la naturaleza: solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica. En Argentina existe un gran desarrollo de la energía eólica a través de dos grandes empresas: IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.&.F) e INVAP (Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado), que han construido generadores de alta potencia. La pregunta que muchos se hacen es si esta matriz energética, que depende de fuentes convencionales y en particular de fuentes fósiles, puede ser sustituida o reemplazada por las no convencionales. En este sentido, Pedace argumenta: “Sin lugar a dudas antes del 2050 Argentina podría ser 100% renovable. La gran discusión no es si se puede, sino cómo y quién lo va a pagar, porque en este país los costos de la energía han sido históricamente determinados por decisiones políticas”.
En la Argentina ya se pusieron en marcha programas para comenzar a introducir energías alternativas, tales como el PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) y el GENREN (Generación por Energías Renovables). Este último surgió a partir de la Ley de Generación por Fuentes Renovables y prevé que hacia el 2016 el 8% de la generación de electricidad tiene que ser de estas fuentes. Sin embargo, dentro de la Estrategia Energética Argentina, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, también se plantea la generación de electricidad aumentando
la producción de energía nuclear, con la entrada de la central Atucha II, además de algunas hidráulicas importantes.
“En este momento estamos en un porcentaje bajísimo, no se llega ni a un 1% de energía eólica y la solar prácticamente no existe integrada a la red, pero gracias al GENREN, cuyo eje esta en ENARSA (Energía Argentina S.A), en los próximos años van a entrar entre 1000 y 1500 megavatios de origen eólico, solar y de biomasa”, explica Pedace.
El Dr. Walter Triaca, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP e investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y del INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas), asegura que el cambio hacia una nueva matriz energética va a ser gradual, ya que se trata de “una etapa de transición que va a llevar más de 30 años. Ahora estamos en un momento de crisis energética, entonces realmente no hay otra alternativa que introducir centrales nucleares, aunque nosotros no somos partidarios”, aclara. (Ver La energía nuclear...).
Triaca afirma que la plantilla energética actual está “muy descompensada” y que el pasaje de fósiles a renovables no va a ser de un día para el otro. “Tenemos que estar preparados para adaptarnos a estas nuevas tecnologías y saber que en el país están las condiciones ideales. Hay que pensar ya en producir energía a gran escala basada en fuentes primarias renovables, fundamentalmente eólica en el sur, y solar en el norte para introducirlas de forma masiva”, agrega.

La transición

La energía eólica, obtenida del viento, creció notablemente en los últimos años y es la que tiene menor impacto ambiental y resistencia de la población. El programa GENREN, que tiene como propósito el desarrollo de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, cuenta con la licitación de 500 megavatios de energía eólica, dentro de los mil megavatios que se licitarán para fuentes renovables. “La energía eólica está creciendo con mucha fuerza en Argentina y esperamos que se mantenga así. Desgraciadamente en la planificación eso no está claro. Aparentemente una vez que se cumpla la Ley de Generación por Fuentes Renovables, no habría una certeza de continuidad”, explica Roque Pedace.
El GENREN incluye también planes de energía solar y proyectos para cambiar la normativa en las grandes ciudades, con el objetivo de que se pueda integrar la generación descentralizada, por ejemplo fotovoltaica, en edificios, ya que hoy en día
si una persona quiere vender la energía que produce a la red, no puede. “Hay un plan dentro del GENREN de 20 megavatios de energía solar que está en proceso en San Juan. parece poco pero para una planta fotovoltaica es bastante”, señala Pedace y agrega: “El Estado tiene que optar, todavía no lo ha hecho. Está invirtiendo en todo, en fósiles no convencionales, gas por métodos de fractura, en las renovables del GENREN y al mismo tiempo el programa nuclear. Habrá que ver si eso se puede sostener, a mi criterio eso es imposible porque no hay plata para todo”. Con respecto al desarrollo regional, Pedace indica: “En Buenos Aires el recurso eólico es muy abundante sobre
todo en la costa, además hay una provisión de residuos agrícolas importantes y existe la posibilidad de utilizar residuos forestales en el Delta del Paraná y en otros lugares, para biomasa. Habría que ver cómo puede hacerse una explotación que sea socialmente justa y ambientalmente razonable”.

Hidrógeno:el combustible del futuro

Si bien se puede imaginar un escenario futuro en donde las fuentes renovables, principalmente las energías eólica y solar, ocupen un lugar predominante en la matriz energética sustituyendo a los combustibles fósiles, existen algunos problemas relacionados con el almacenamiento y el transporte de la energía. Del consumo energético final sólo el 25 % de la energía se usa como electricidad y el 75 % restante como combustible. “La energía eólica y la solar van a reemplazar a las fuentes fósiles en la producción masiva de electricidad, es decir en las usinas térmicas.
Pero ¿con qué se van a mover los vehículos y ciertas fábricas que trabajan con
combustibles? Los combustibles fósiles líquidos y gaseosos son fácilmente transportables; , lo cual no se puede hacer con la energía solar o eólica. Ahí surge el hidrógeno como combustible del futuro para reemplazar a los fósiles fluidos, ya
que es un almacenador y transportador de energía, esto es, un intermediario entre la fuente primaria de energía y el consumidor”, explica Walter Triaca, quien trabaja desde el INIFTA en proyectos de producción, almacenamiento y combustión electroquímica del hidrógeno.
Según las investigaciones de este Instituto, se trata del combustible sintético ideal. Se puede obtener fácilmente mediante la electrólisis del agua, es decir, de la disociación de la molécula de agua a partir de la energía de fuentes renovables. Además, es la sustancia química que permite almacenar la mayor cantidad de energía por unidad de peso y su combustión no emite óxidos de carbono ni de nitrógeno, como
sí ocurre cuando se queman combustibles fósiles, que contribuyen al calentamiento global.
El hidrógeno es una fuente de energía secundaria, es decir no se encuentra libre en la naturaleza, es por eso que todo el desarrollo tecnológico está orientado a la producción, al almacenamiento y al uso eficiente de esta fuente de energía. En este último caso, hay dos opciones para conseguirlo, una es mediante la combustión térmica, aunque de esta manera se desperdicia un gran porcentaje de energía; y la otra es mediante una forma electroquímica, en donde se aprovecha entre un 70 y un 80 % de la energía química del hidrógeno.
“La mejor manera de utilizar el hidrógeno no es mediante su combustión térmica, sino a través de las llamadas celdas de combustible, en donde se realiza la electrólisis. Así se aprovecha toda la energía química del hidrógeno, que se transforma en electricidad. Es el combustible ideal para un vehículo eléctrico; se trata de una energía limpia, porque su oxidación, produce sólo agua y energía, no hay emisión de contaminantes”, explica Triaca.
Los autos a hidrógeno van a tener celdas de combustible, conectadas directamente a dos motores eléctricos, y alimentadas con hidrógeno proveniente de un tanque de almacenamiento. No tendrán transmisiones mecánicas, por lo que la vida útil de los motores será aún mayor. Las más importantes compañías que manejan el negocio del petróleo a nivel mundial son las que más invierten en investigaciones para celdas de combustible. Además, las empresas de automóviles están desarrollando vehículos eléctricos prototipo basados en esta nueva tecnología.
El problema del almacenamiento del hidrógeno es motivo de diversas investigaciones. Puede ser almacenado como gas comprimido a presión alta, como líquido a muy bajas temperaturas, o bajo la forma de hidruro metálico, un compuesto sólido que se puede transportar fácilmente. “En INIFTA trabajamos en el almacenamiento de hidrógeno como
hidruro, es una estructura sólida como una pastilla en la que el hidrógeno queda retenido dentro de la aleación. Debe ser reversible, para que el hidrógeno pueda liberarse de manera fácil. En eso estamos trabajando, para producir aleaciones en las que el hidrógeno se pueda almacenar y también sacar rápidamente.”, agrega Triaca.
Teniendo en cuenta los costos actuales de producción, la utilización de hidrógeno como combustible es viable, sin embargo, aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para su uso a gran escala. “El problema es la inversión, ya se mostró la factibilidad tecnológica y comercial, pero tiene que haber una red servicial en donde se puedan abastecer los vehículos de hidrógeno”, señala Triaca. Hábitat sustentable
Otro de los ejes importantes para el cambio a una matriz alternativa tiene que ver con la eficiencia energética de las viviendas, ya que entre el 25 y el 30 % de la energía son consumidos por el hábitat. Esto justifica cualquier tipo de investigación y desarrollo que tenga que ver con buscar maneras de hacer un hábitat que por un lado, sea energéticamente eficiente, y por el otro, que incorpore las energías renovables a nivel doméstico.
Desde el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP se promueven proyectos para incorporar a las viviendas paneles de energía solar fotovoltaica y otros tipos de energías alternativas. Se trabaja en el desarrollo de viviendas de interés social renovables,
en la planificación energética de las ciudades y en arquitectura solar y bioclimática vinculada a escuelas, hospitales, viviendas familiares y transporte. El doctor Jorge Daniel Czajkowski, director del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable e integrante de ASADES (Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente), asegura que es necesaria una relación entre arquitectura y hábitat, pensando en
edificios y viviendas que puedan utilizar el mínimo gasto posible de energía. “Es importante la incumbencia del arquitecto en la construcción del hábitat y el rol de las energías renovables. Se trata de un desafío para ver qué podemos aportar desde nuestra disciplina”, señala.
En referencia a la transición de una matriz tradicional a una basada en energías alternativas, Czajkowski explica: “La transición es viable y necesaria, Argentina ya no cuenta con recursos energéticos convencionales para poder enfrentar los nuevos desafíos del presente. Todo lo que se necesita está, sólo falta una fuerte decisión política que va más allá de lo declarativo, no sólo promulgando leyes y decretos, sino exigiendo su cumplimiento”.

El aporte de la ciencia

Con respecto al rol que debe tener la comunidad científica en esta etapa de transición, Roque Pedace expresa: “Debemos proveer a la población de la información adecuada. Todavía no hay claridad en la opinión pública en el mundo acerca de cuánto tiempo disponemos, se está hablando de mantener los fósiles por muchos años y en realidad no disponemos de un periodo tan largo. Por eso hablamos de escenarios de transición de una matriz que en el mundo es del 80 %, basada en fósiles, a una que sea de cero fósiles en 40 años”.
Pedace manifiesta que el rol que debe cumplir la comunidad científica y tecnológica es el de “romper barreras y formar grupos de trabajo” para abordar las distintas dimensiones del problema del cambio climático y su relación con la energía. “La integración de las políticas nacionales es todavía una materia pendiente”, concluye.
Leer más...

“Acumular conocimiento y no transferirlo es como arar y no sembrar”

Los debates en torno a la Ley de Educación Superior, la autonomía universitaria, los servicios a terceros, son algunos de los temas abordados en la charla que el rector de nuestra Universidad concedió a Materia Pendiente.



Por Darío Andrinolo y Josefina Oliva







El comienzo de su gestión se ha sucedido en un año en el que la educación superior estuvo en el centro de la escena y en un contexto en el que emerge nuevamente en la agenda universitaria la posibilidad de reformar la Ley de Educación Superior, un punto que, según considera el actual rector de la UNLP, Fernando Tauber, es un tema que “está pendiente”.
· El año pasado se reunió con la diputada Puiggrós y en ese marco hablaron de los cambios de la Ley de Educación Superior. ¿Qué opinión tiene sobre su proyecto?

Nosotros empezamos a debatir sobre la base de un rechazo a la Ley (Nro. 24.521) vigente casi desde el mismo año en que se promulgó. Las universidades entendimos y nos sentimos avasalladas por esta ley de la década del ’90, en nuestra autonomía, en nuestra capacidad de decidir. De hecho uno de los debates inconclusos es el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas que vemos coartado de saldar y terminarlo aún en la Justicia como efecto del famoso artículo 50 de la Ley. En esto se han expedido tanto la Federación Universitaria Argentina (FUA) como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que han sostenido este debate durante una década y media, y han ya expresado mediante documentos muy concretos cuál es su posición sobre una nueva ley de educación superior. Esa es la primera condición, una nueva ley y no una reforma de la Ley. En este sentido, los primeros borradores que emite el gobierno nacional como el proyecto de ley de Puiggrós, y otros que conviven en la Cámara, tienen un tronco común, con el cual acordamos las universidades públicas, que es el respeto de la autonomía universitaria, como condición inicial.
Después tienen particularidades. Nosotros siempre vamos a ser refractarios a la injerencia de la Legislatura en decisiones que tienen que tomar las universidades de acuerdo a sus propias realidades.

· En el marco de una nueva ley ¿cómo entra en juego la CONEAU?

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria fue una institución que arrancó en forma muy controvertida, con fuerte rechazo de las universidades, sobre todo porque en ese momento lo que había era una sospecha de que esto obedecía a una política que incluso trascendía al país. La CONEAU maduró por su lado y nosotros tomamos nuestra propia experiencia en el contexto latinoamericano.
La evaluación externa de calidad es un tema insoslayable para el sistema niversitario. Hoy la Universidad no debate ni resiste los evaluadores externos. En cambio sí analiza la composición de esa evaluación externa, que es lo que se tiene en cuenta a la hora de observar los proyectos de ley de educación superior. A mí no me interesa un organismo de evaluación externa que tenga mayoría de representantes designados por los partidos políticos de la Cámara de Diputados y Senadores, sino una
composición que tenga una mayoría de pares evaluadores y en la que el propio sistema universitario tenga una presencia determinante para las propias evaluaciones.

· Con relación a la autonomía universitaria en la UNLP, hay otros factores que la afectan, como las políticas de CONICET sobre investigación, que manejan un gran volumen de financiamiento y dirigen las políticas en ese ámbito. ¿Cómo evalúa la injerencia del CONICET teniendo en cuenta que este organismo plantea que no debe haber becarios o graduados dentro la dirección de los institutos?

Las políticas del CONICET no son las de la Universidad. Tengo que referirme a las políticas de la UNLP, no a otros sectores del Estado. En ese sentido no siento que avancen en la autonomía de nuestra Universidad. Tenemos 155 institutos y 18 son compartidos con el CONICET, con lo cual nuestro desarrollo científico no está condicionado por ese organismo. Y si son compartidos es porque hemos establecido acuerdos entre dos instituciones, cuyas reglas respetamos. Si el CONICET establece esas condiciones y el instituto las acompaña es porque forman parte de la misma política y dan la discusión dentro de esas normativas. Las condiciones del resto del sistema científico de la UNLP están administradas por la propia Universidad.

· ¿Pero a veces no se ve afectada la autonomía por trabajar con fuentes externas?

Habrá que discutir cada caso particular.

· El 90 % del presupuesto ¿sigue siendo para sueldos?

Sí. El 90 % del presupuesto va en sueldos. (Para datos más detallados sobre el presupuesto ver Cuestión de fondos, p. 12).

· Entonces ¿cómo se garantiza que crezca la investigación, teniendo en cuenta que se recurre a fuentes externas? ¿Eso no puede poner en riesgo la autonomía?

No. Primero, lo que garantiza la investigación son esos sueldos. Lo que nosotros tenemos que conseguir es ir avanzando en una proporción de mayor disponibilidad de gastos, que este año se van a incrementar en un 50 por ciento. Este es un aumento que no se ha producido al menos desde que yo estoy y me parece que en todo el proceso democrático. Ahora, una cosa no quita la otra. La Universidad tiene sus políticas y no hace acuerdos con terceros en la búsqueda de recursos que no tiene. Trabaja con terceros prestando servicios que tenemos que prestar porque nos interesa hacerlo. En el sistema universitario la transferencia tiene un rol fundamental. Acumular conocimiento y no transferirlo es como arar y no sembrar. Estamos para transferir. Las condiciones en las que lo hacemos son parte del debate. Ninguna de las políticas universitarias se han podido hacer gracias a recursos que entraron por terceros, sino que se establecen en función de nuestros propios recursos y en ese sentido va el esfuerzo permanente para crecer en gastos de funcionamiento y en mayores dedicaciones. Hoy el 36 % de nuestros docentes tiene dedicación exclusiva o semi-dedicación. Teníamos el 18 % hace siete años. Esa condición es la que nos da
autonomía: que un docente tiene un ingreso de dedicación exclusiva o semi dedicación pero lo dedica a la investigación y es él quien define qué línea desarrollará y aporta así una mayor producción de conocimiento. No un tercero. No tenemos el perfil anglosajón donde el privado realiza el aporte para que la Universidad investigue y de esa forma delimita sobre qué se va a investigar. No sólo sucede en La Plata. En América latina el conocimiento se produce en las universidades públicas.

Transferencias

· En lo que respecta a trabajos a terceros, muchas veces estos se realizan sin un control general y los fondos que se obtienen no contribuyen al presupuesto universitario sino sólo (o en gran medida) al grupo que hace la transferencia… ¿eso
no puede distorsionar la función universitaria?

Todo procedimiento que no tenga un control puede generar distorsiones. Los sistemas de servicios a terceros sí tienen un control institucional y las facultades que son las responsables de regular estos temas establecen qué significa un servicio a tercero, cómo lo direccionan y cómo se distribuye el recurso que ingresa más allá de la prestación del servicio. No concibo que la condición de transferencia sea la gratuidad. Sí, la direccionalidad racional del tema y el control responsable por parte de la institución. La Universidad pública tiene que cumplir ese rol y además por ejemplo, ahora se están desarrollando los proyectos de los acueductos para llevar agua potable del Río Paraná al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. ¿No es un tema en el que tiene que estar la Universidad? ¿Qué es lo que vamos a discutir, si tiene que estar o no la Universidad o cuánto van a cobrar los profesores que hacen la consultoría del tema? Discutamos cuánto cobrarán los consultores y cuánto le queda a la Universidad y cómo direcciona esos recursos para otras políticas que no tienen financiamiento, porque éstas lo tienen y hay otras que queremos hacer que no lo tienen.
No me quiero perder la participación de la Universidad pública en este tema porque si no la contratan, lo hacen a través de una licitación internacional, en una consultoría donde vienen los holandeses -como ya nos pasó- a decirnos cómo resolver las inundaciones del Salado.

· Pero al parecer hay una diferencia de criterios en las diferentes facultades.

Es probable.

· ¿Qué se hace con los recursos que ingresan de las transferencias?

Existe una ordenanza establecida a través del Consejo Superior. Se distribuye en la propia unidad académica y unidad ejecutora un recurso que no se debe llevar como ganancia sino que se tiene que volcar en el desarrollo de la Facultad y de la unidad. Bueno, lo que tenemos que controlar es que eso efectivamente se cumpla. Facultades con tradición de transferencia como la de Ingeniería, tienen un fuerte control de su Consejo Profesional. Cada tanto tenemos una rispidez en el tema porque el Consejo dice: “No, esto es de los profesionales”. Y ¿si tiene razón? Es de los profesionales. Bueno, estas son las condiciones de control que tenemos que establecer con nuestros
graduados para que lo que haga la Universidad sea lo que tiene que hacer en ransferencia. Yo no lo saco del capítulo, al contrario, en la última reforma del Estatuto uno de los temas que se incorporó fue la transferencia.

· En Exactas pasa, por ejemplo, que se acerca el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y pide hacer un monitoreo en el Río de La Plata y lo que viene a pedir como trabajo a tercero es la medición de una toxina o de clorofila, como si la Facultad fuese un laboratorio privado. Al tratarse del propio Estado, más que ese tipo de transferencia, ¿no deberían desarrollarse planes conjuntos del estudio del ambiente?

Bueno, pero es una posición de la Facultad. Uno puede tener una visión crítica como ciudadano pero el Estado define cuáles son sus propias políticas y la Facultad tiene capacidad como institución de decirle al Estado que acompañe o no en este tema. La Facultad tiene una serie de oportunidades en esto, de aportar a los procesos de desarrollo ambiental, social y económico, que, si no lo hace la Universidad pública lo hace un privado. Me parece que es fundamental defenderlo. Por ejemplo con el tema de las pasteras es la UNLP a través del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB) la que hace el control permanente de la contaminación y es desde el propio instituto donde la contraparte técnica argentina fija cuáles son los estándares de control del Río Uruguay. ¿Quién lo va a hacer si no es la Universidad pública? ¿Vamos a poner dos políticos o dos privados? No. Yo quiero que sean parte de una organización pública. ¿Y es un servicio a terceros? Sí, es un servicio a terceros. Yo caminé tanto los institutos de Exactas como los del resto de las facultades. Además de hacerse investigación básica e investigación aplicada se hace mucha transferencia y es muy importante que se haga. No es una cuestión de decir “¡Ajá! Estás haciendo transferencia”. ¡No! Es el derrame de la producción de conocimiento que el sistema tiene que tener. El tema es con qué conciencia se establece esa transferencia y con qué condiciones. No quiero confundir. El eje de la discusión no es resistir a la transferencia sino enfocarnos en cómo lo hacemos .

TIERRAS

- ¿Qué pasará finalmente con el conflicto de las tierras guaraníes?

Es un tema que está en juicio y es más que complejo. Nuestra posición es devolver las tierras, resolver el conflicto definitivamente porque nos parece que la Universidad no necesita ser propietaria para poder hacer sus investigaciones en el predio. No es tan lineal el tema porque los pueblos originarios que ocupan la tierra tienen sus diferencias.
Nosotros lo hemos manifestado ante al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ante el gobierno de la Provincia de Misiones, y ante el gobierno nacional. La UNLP no le ve un valor venal a esas tierras, sino un valor científico. Nunca las vamos a vender, ni a ocupar. Tenemos una distancia de 1200 km. Ni siquiera las ocuparíamos para actividades académicas. La idea es devolverlas. El tema es a quién y cómo. Si se
las tenemos que dar al INAI, si se las tenemos que dar a los pueblos, si se las tenemos que dar a la Nación Guaraní, a la Provincia…
Leer más...