LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO UN DERECHO, el crecimiento de las universidades en la Argentina



Durante los últimos años, el sistema universitario público sufrió una profunda transformación. Se impulsaron numerosas medidas que abrieron las puertas de la universidad hacia la comunidad. La apertura de nuevas universidades en diversos puntos del territorio tuvo como fin garantizar el acceso de sectores que no habían logrado introducirse en la educación superior. Sin embargo, estas modificaciones no se han visto plasmadas aún en una nueva legislación que reemplace a la Ley 24521, de 1995.

Por Daiana Melón



La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (cres), celebrada en junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con el auspicio de laOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), estableció en su declaración final que “La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho.Los estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad”.
Teniendo en cuenta esta declaración y en concordancia con un proceso que se había iniciado a principios del siglo xxi en la Argentina, se impulsó en la región un proceso de transformación de la educación superior, para que pueda garantizarse efectivamente el acceso a las universidades públicas y gratuitas, y que éstas tengan una intervención en los contextos en los cuales se asientan. 
Desde el año 2000 en adelante, se promovieron numerosas medidas y regulaciones que apuntaron a garantizar la educación superior a amplios sectores de la población que antes no tenían acceso, a transformar la universidad en un actor político que intervenga y actúe sobre las diversas problemáticas que se dan en los territorios, y a generar una apertura del sistema universitario que permita a la sociedad influir en la toma de decisiones, en torno a la pertinencia de las investigaciones y los proyectos que se llevan a cabo en el seno de las
unidades académicas. 


Un cambio de paradigma

Durante la década de los 90’, la política nacional estuvo signada por un profundo espíritu neoliberal, se impulsaron procesos de privatización de empresas que eran propiedad del Estado, la prestación de servicios públicos se vio deteriorada. El gobierno estableció una asociación con las corporaciones económicas y se produjo una apertura de los mercados
económico, laboral y financiero. Las universidades públicas no escaparon de esta lógica y sufrieron transformaciones que fueron acordes al contexto nacional.
A partir del estallido del 2001, se comenzó a repensar el rol que las universidades nacionales habían ocupado en la realidad argentina durante la década neoliberal, intentando implementar medidas y proyectos tendientes a restablecer su vínculo con la comunidad y a modificar la orientación que habían adoptado. “Se viene dando un proceso de transformación que se podría graficar como un cambio de paradigma. En los años 90’ la educación superior se veía como un servicio. Hemos pasado a un sistema universitario con una política de crecimiento presupuestaria, de generación de nuevas universidades, con un incremento en la matrícula de más de 500 mil estudiantes, con un replanteo del rol que debe cumplir la universidad en el seno de una comunidad”, afirma el secretario de Políticas Universitarias de la Nación y rector de la Universidad Nacional de Villa María (unvm), Martin Gill. 
La universidad comenzó a ser repensadas así como un motor de cambio social, como una herramienta para ser utilizada en la lucha por una sociedad más justa, como un actor protagónico en la resolución de problemáticas y demandas sociales. “La riqueza de nuestro sistema es la construcción de valores que son trasversales a los conocimientos específicos. El valor de nuestra universidad pública es que se siga defendiendo la solidaridad como condición fundamental. La condición solidaria de aquel que tiene el privilegio de adquirir estudio superior en forma gratuita es determinante, es lo que nos justifica y nos valida como integrantes de la universidad pública”, resalta el rector de la Universidad Nacional de La Plata (unlp), Fernando Tauber.
De esta forma, las universidades públicas comenzaron a involucrarse en debates que trascienden las meras políticas académicas, adoptando la capacidad de influir en las políticas públicas. Muchas de ellas, establecieron la extensión como una herramienta para trabajar en los territorios, y formar a sus estudiantes con una lógica solidaria.
“En los últimos tiempos se puso en marcha un conjunto de acciones que potencian y fomentan, en algunos casos incluso con valor curricular, las prácticas comunitarias, solidarias, el voluntariado. Aparecen como un aspecto claramente formativo, complementario de ese rol de la profesión. La Universidad debe asumirlo como estrategia, no sólo debe formar buenos profesionales, sino que también se debe apostar a que sean comprometidos con su región y con el país”, subraya el secretario de Políticas Universitarias, Martín Gill.
En esa dirección muchas universidades nacionales han creado consejos sociales que funcionan dentro de la órbita de los rectorados, en los cuales participan miembros de la academia, funcionarios públicos, pero también movimientos sociales, organizaciones vecinales y sindicales, cooperativas, entre otros actores. Estos espacios tienen por objetivo establecer un diálogo con la comunidad, así como también que la sociedad pueda intervenir en las decisiones de las universidades, en la pertinencia que deben tener las carreras que se dictan, y en los proyectos de extensión e investigación que se llevan a cabo. 
“La preocupación de que las agendas académica y científica vayan convergiendo con la agenda social, en donde los horizontes se junten con lo coyuntural y con lo que a la comunidad le pasa y le preocupa todos los días, es parte medular de lo que entendemos como el modelo que tiene que sostener la universidad pública”afirma el rector de unlp. 
Este vínculo con la sociedad, así como la intervención en problemáticas sociales, comenzaron a ser considerados como parte de la formación de los profesionales egresados de la universidad pública. En base a ello se pensaron canales y vías para profundizar este trabajo comunitario. “Durante mucho tiempo las universidades emitieron monólogos. En los últimos años, a través de las experiencias territoriales, la universidad entabló un diálogo y es allí donde la universidad mejora a la comunidad y la transforma, a la vez que ella es transformada y enriquecida por ese valor que le aporta la propia comunidad”, subraya Gill.
Así, en la última década se han profundizado las líneas de investigación y extensión que impulsen estos diálogos, generando profesionales comprometidos con la realidad, proyectos que intervengan sobre problemáticas y la oportunidad de brindar a los estudiantes la posibilidad de un intercambio con diversos actores. “Creemos en la construcción del conocimiento, que hay que insistir en una pedagogía que trabaje sobre ello y no sobre la mera transmisión. Creemos que la extensión universitaria es un diálogo de saberes con el resto de la comunidad”, manifiesta Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (undav). 


La creación de universidades como política de inclusión 

Durante la última década y bajo la premisa de garantizar la educación superior a mayor cantidad de sectores de la población, se crearon un total de doce universidades en numerosas provincias y regiones del país. En el año 2002, se constituyó la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires; al año siguiente, la Universidad Nacional de Chilecito; en 2007, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Chaco Austral. En 2009, surgieron la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Universidad Nacional de Villa Mercedes,la Universidad Nacional del Oeste y la Universidad Nacional de Avellaneda; y, por último, en 2010, la Universidad Nacional de José Clemente Paz. 
“La creación de nuevas universidades demuestra que se ha fortalecido mucho el criterio de pensar la necesidad de la revolución científico-técnica, y el valor agregado del conocimiento. Esto se articula también con las políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, como la de volver a integrar a científicos que estaban en el interior. Es un cambio de matriz de reflexión muy importante acerca de la producción de conocimientos y el desarrollo de los mismos para beneficio de la población”, afirma el secretario general de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alfredo Alfonso.
Estas nuevas universidades, descentralizadas de los grandes núcleos urbanos, tienen el objetivo de garantizar a vastos sectores de la población el real acceso a la universidad pública. “Hay nuevos actores que se han sumado a la vida universitaria, actores que de no estar presente esa universidad en el territorio seguramente no podrían llegar. Calculamos que un 80% de los estudiantes que cursan en las nuevas unidades académicas son primera generación de estudiantes universitarios y ellos encuentran en la universidad una herramienta de movilidad social. Por eso creemos que es un aporte para que el derecho a la educación superior no sólo se declame, sino que se practique”, subraya el abogado Martín Gill. 
Muchas de estas instituciones se ubican en territorios en los cuales la realidad económica y social representaba un impedimento, para un gran sector de la población, a la hora de acceder a las universidades tradicionales. Su llegada implicó nuevas oportunidades que se traducen en una mayor cantidad de estudiantes universitarios. “Hicimos encuestas desde la primera tanda de inscriptos y la realidad social de nuestro alumnado es explícita: más del 60% de los alumnos viven en calles de tierra, más del 90% es primera generación que accede a una educación universitaria, más del 75% de los alumnos trabajan y la gran mayoría no han tenido un paso previo por otras universidades. Esto caracteriza a una población que todavía cree en la educación como motor de la movilidad de la clase social”, sostiene Bruno Carpinetti, docente de la Cátedra Introducción al Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
Estas nuevas universidades se constituyen bajo la lógica de que cualquier persona que lo desea,más allá de tener impedimentos económicos y sociales, pueda acceder al sistema universitario, sin que ningún factor geográfico se lo impida, lo que representa un paso adelante hacia la real concreción del derecho a la educación superior. 
“Crear una institución nunca puede ser una mala noticia. Se puede discutir cómo se planifica, cómo se distribuyen en el territorio, lo que no podemos discutir es la vigencia, la validez y la necesidad de crecer permanentemente en esa línea, ya que las universidades son herramientas de desarrollo, son fábricas de oportunidades”, subraya el rector de la UNLP, Fernando Tauber, y agrega: “Tenemos la UNAJ a 40 kilómetros, y en los tres años que tiene de funcionamiento, la unlp incrementó la cantidad de ingresantes y la Jauretche cada año tiene un récord de inscriptos. Esto indica que la presencia de nuevas universidades da la oportunidad, en una sociedad de conocimiento, de formar parte”
Las nuevas instituciones de educación superior nacen con una fuerte vinculación con la sociedad, ya que muchas de ellas constituyeron su oferta académica a partir de un análisis de las demandas existentes en la comunidad. “Las carreras se concibieron pensando en las demandas de formación del territorio y del país. Desde la misma concepción hubo un intercambio con las autoridades municipales, organizaciones gremiales y de la sociedad civil, para conocer qué necesidades de formación existían”, resalta Bruno Carpinetti. 
Así, estas universidades se constituyen bajo la idea de una real inclusión de nuevos sectores, de generar oportunidades, de ampliar el marco de derechos, de propiciar un alto nivel académico, que trabaje con y para la comunidad. “Hoy existe un debate que pareciera ser inclusión versus calidad. Para mí es inexacto porque no se puede incluir sin calidad, de lo contrario no existe una verdadera inclusión, y esto implica la masificación que viene desde hace unos cuantos años, pero que se potencia con las nuevas universidades”, afirma el rector de la undav, Jorge Calzoni. 


La Ley de Educación Superior: Un debate pendiente

La Ley de Educación Superior Nº 24.521 se sancionó el día 20 de julio de 1995, en el marco de una política nacional signada por una tendencia neoliberal. Esta legislación fue la primera reglamentación en materia universitaria, a pesar de que la primera unidad académica del país,la Universidad Nacional de Córdoba, data de 1613. 
Desde su sanción, la Ley de Educación Superior ha recibido muchas críticas por parte de numerosos sectores de la población. Algunos de los puntos más cuestionados de esta reglamentación ha sido que considera a la educación superior como un servicio,en lugar de un derecho, que no explicita la gratuidad del sistema universitario, que otorga la facultad de restringir el ingreso y de proponer distintas formas de atraer la inversión privada (Ver “Debates en torno al financiamiento”).
A partir del año 2004, el Consejo Interuniversitario Nacional (cin) comenzó a organizar jornadas y talleres, para discutir ciertas reformas. “Una nueva ley es algo que debemos seguir reclamando. Si existen estrategias alternativas que vayan modificando los aspectos más controvertidos de la Ley, bienvenidas. El país se ha nutrido de leyes educativas a la altura de su tiempo y ha quedado pendiente la Ley de Educación Superior”, resalta el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber. 
Las primeras jornadas fueron llevadas adelante en agosto de 2004 en Horco Molle, Tucumán, y contaron con la participación de muchos rectores de universidades nacionales. En la declaración final del encuentro, se estableció que “los altos niveles de pobreza y de población socialmente excluida en la Argentina, así como la imperiosa necesidad de reconstruir la economía y los lazos sociales, constituyen una dimensión fundamental que debe incidir con particular énfasis en la definición de políticas educativas, científicas y tecnológicas para los próximos años. Al respecto, la universidad debe incrementar su contribución al cambio socioeconómico con justicia social e igualdad de oportunidades y promover un proyecto de desarrollo sustentable”.
 Los debates en torno a la Ley de Educación Superior continuaron durante algunos años e incluso algunos proyectos de ley, formulados por parte de instituciones universitarias y de algunos diputados nacionales, lograron ingresar al Congreso Nacional, pero finalmente ninguno de ellos fue sancionado. En el año 2009 se decidió postergar el tratamiento de la legislación. “Es una deuda que aún tenemos, sí se han modificado algunos incisos y artículos,pero no se ha constituido aún una Ley de Educación Superior que esté a la altura de esta etapa”, afirma Alfredo Alfonso, Secretario General de la Universidad Nacional de Quilmes.
A pesar de la vigencia de esta legislación, en los últimos años se han adoptado numerosas medidas que han reconfigurado la orientación del sistema universitario. “Cambió sustancialmente el objeto de la Ley de Educación Superior, que estuvo concertada en el modelo neoliberal y bajo la lógica de pensar que la Universidad debía derramar conocimiento en beneficio del mercado más que del bien público”, sostiene Alfredo Alfonso, y agrega: “el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el de Educación de la Nación, mediante distintos apoyos a la investigación, han permitido el crecimiento y la consolidación de becas y su distribución por regiones, el ingreso a carrera a más cantidad de investigadores, y la posibilidad de recuperación de científicos que estaban en el exterior, una serie de políticas muy diferentes a las que emanaban del criterio de esa Ley”
Mediante la adopción de estas medidas, como la promoción de la investigación aplicada a las problemáticas sociales que enfrenta la comunidad, el impulso de proyectos de extensión con anclaje en el territorio y un diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad, se intentó cambiar la orientación que habían adoptado las universidades nacionales con la sanción de la Ley de 1995.
“El espíritu de la ley se ha reconfigurado, se han dado una serie de políticas complementarias que permitieron que aquellos fantasmas de los 90’ no se vieran consagrados en las acciones de construcción del sistema universitario en la actualidad. Sin embargo, es un tema latente y trabajaremos fuertemente para que las políticas de un gobierno llevadas adelante en el sistema universitario se puedan transformar definitivamente en políticas de Estado”afirma Martín Gill.



Discusiones en torno al financiamiento

Durante la década de los 90', el presupuesto destinado a investigación fue muy reducido, al igual que la cantidad de becas de investigación adjudicadas, lo que impulsó a las universidades a generar sus propios recursos mediante los servicios a terceros. Esto se modificó en los últimos diez años, llegando a alcanzar la educación superior un presupuesto del 1,02 % del Producto Bruto Interno en el año 2012, lo que representa una ampliación en la inversión pública destinada a las unidades académicas.
La Ley de Educación Superior, en su artículo Nº 59, establece que las universidades tienen la potestad de generar recursos adicionales de los que aporta el Estado mediante “venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”. (Ver Materia Pendiente nº 4…)
Este punto de la Ley generó grandes controversias. Si bien muchos sectores defienden la inversión privada considerando que puede significar un aporte sustancial en el desarrollo de las investigaciones, muchos otros consideran que estas fuentes de financiamiento externo pueden llegar a comprometer el avance del trabajo académico.
“Los aportes de las empresas no deben hacerse a investigaciones de fondo, sino a procesos, para que las empresas no terminen definiendo los objetos de estudios en beneficio de sus intereses o compren a los investigadores para que olviden que son parte de una institución pública, y participen como si fueran empleados descentralizados de esas empresas”, manifiesta Alfredo Alfonso.
Hoy en día aún no existe un consenso en el ámbito académico en cuanto a este tema, sino posiciones encontradas entre quienes defienden la inversión privada como una ampliación del techo productivo de la investigación, y quienes prefieren mantener a la universidad alejada de esas fuentes de financiamiento. Sobre este tema, el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber sostiene que “si la universidad se basa normativamente en que está habilitada para prestar servicios y lo hace de forma indiscriminada, influye en ella negativamente, condicionándola”. En cambio, manifiesta que prestar servicios a terceros puede ser conveniente “si somos selectivos y capaces de entender cuáles son aquellos servicios que tenemos que prestar para ayudar al desarrollo de nuestro país. Esto es una responsabilidad que no resolvemos con una norma, sino Los debates en torno a la Ley de con una construcción política”.
 

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