Durante ocho años los vecinos de Berazategui resistieron la instalación de la subestación eléctrica Rigolleau, la cual finalmente se instaló hace más de un año sin consenso y mediante la fuerza. Un estudio realizado conjuntamente por los vecinos de la localidad y la Facultad de Ciencias Exactas da cuenta de los efectos negativos que los campos electromagnéticos tienen en la salud. Sin embargo, desde el organismo público que debe controlar este tipo de instalaciones niegan el impacto que estas plantas producen.
Por Daiana Melón
Los campos electromagnéticos (cem) se originan por el movimiento de cargas eléctricas, y son una combinación de campos magnéticos y eléctricos. Los primeros tienen su origen a partir de diferentes voltajes; los segundos en las corrientes eléctricas. Una de las magnitudes que caracterizan a los campos son las frecuencias, que representan la longitud de onda, y se dividen en tres categorías: las altas radiofrecuencias (rf), que son aquellas que utilizan por ejemplo los teléfonos móviles; las frecuencias intermedias (if), como las que generan las pantallas de computadoras; y las extremadamente bajas (feb), que son las que producen las líneas y subestaciones eléctricas.
La Organización Mundial de la Salud (oms) fija como el valor límite de campo electromagnético al que una persona puede estar expuesta sin sufrir un efecto negativo en la salud en 100 microtesla (μT) -que es la medida utilizada para medir los cem. Sin embargo, un estudio de 2005 de la oms titulado “Estableciendo un diálogo sobre los riesgos de los campos electromagnéticos” advierte que, de los resultados analizados acerca de la ocurrencia de diversas enfermedades, los más consistentes son aquellos que establecen la leucemia infantil como un efecto de los cem en la salud.
Por otro lado, en el año 2002, la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer (iarc, por su sigla en inglés) ha determinado la tipificación de los cem como categoría 2B, que representa todos aquellos agentes que son posibles cancerígenos para los humanos.
En diciembre de 1991 se sancionó en Argentina la Ley N° 24.065, que establece que el sector eléctrico se divide en tres segmentos: generación, transporte y distribución. Esta misma normativa crea al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (enre), que funciona en la órbita de la Secretaría de Energía, y que tiene como objetivo principal controlar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia energética por parte de las empresas concesionarias. A su vez, la legislación establece que el enre debe “velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la medida que no obste la aplicación de normas específicas”.
En 1998, la Secretaría de Energía emitió la Resolución Nº 77, en la que establecía como límite máximo de cem, al que una persona puede estar expuesta, un valor de 5 mil amperios (que representaría 25 microtesla). Si bien la legislación nacional determina valores aún menores de los establecidos por la oms, en la actualidad han comenzado a realizarse estudios que determinan que a niveles menores de 5 microtesla se producen diversos tipos de cánceres,
como enfermedades prevalentes.
Rigolleau: instalación por la fuerza
En el año 2005, tras el anuncio de la construcción de una subestación por parte de la Empresa EDESUR S.A que iba a ubicarse en el núcleo central de la localidad de Berazategui, los vecinos conformaron la asamblea “Vecinos Autoconvocados por la Vida”, para resistir unidos la construcción de la planta. Esta decisión se dio a partir de conocer la situación que viven las personas que habitan los alrededores de la Subestación de Sobral, emplazada en la vecina localidad de Quilmes, quienes tras años de estar expuestos a los cem emitidos comenzaron a notar el significativo aumento de casos de cáncer y otras enfermedades.
Así, los vecinos de Berazategui, se presentaron ante la Justicia y el municipio con el objetivo de frenar la instalación de la planta. “El intendente de aquel momento, Juan José Mussi, acompañó el reclamo vecinal y dijo que nos iba a acompañar hasta las últimas consecuencias, incluso si hacía falta llegar hasta las cortes internacionales. Después dio vuelta su postura y en 2008 derogó una ordenanza municipal que prohibía la obra”, resalta Vanesa Salgado, integrante de la Asamblea “Vecinos Autoconvocados por la Vida”.
En el año 2006, el Juzgado Nº 2 de La Plata recibió la causa presentada por los vecinos de la ciudad de Berazategui. A partir de allí, el juez federal Luis Ziulu solicitó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (unlp) que realizara un estudio acerca de los efectos en la salud que habría generado el funcionamiento de la Subestación Sobral en Ezpeleta, con el objetivo de que este caso sirviera como antecedente para permitir o no la instalación de la nueva planta. La cátedra de Salud Pública fue la encargada de realizar la investigación y, tras comparar el barrio de Ezpeleta con otro de características similares no expuesto a la influencia de los cem, determinó que no existía un impacto negativo en la salud de la población. Sin embargo, los vecinos denunciaron diversas irregularidades en la realización de dicho estudio, y que el mismo no se condecía con los mapas de enfermedades que ellos mismos habían elaborado. La investigación efectuada por la Facultad de Ciencias Médicas sirvió como base al juez para rechazar el pedido de medida cautelar solicitada por los vecinos de Berazategui en el 2008.
Ante esta situación, la asamblea realizó un pedido ante la Facultad de Ciencias Exactas de la unlp para que revisara el estudio epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Médicas, con la finalidad de determinar si habían existido irregularidades en su realización. Fue así como, en el año 2012, Exactas determinó que existían algunos factores que no habían sido tenidos en cuenta a la hora de realizar la investigación. “Al analizar los datos encontramos que hay diferencias, que la distancia es un parámetro importante, no es lo mismo vivir a 50 ó a 100 metros, que a 200, las personas se enferman más”, afirma la doctora Leda Giannuzzi, integrante de la comisión que se conformó para la revisión del estudio.
A pesar de que la Facultad de Ciencias Exactas se expidió sobre el tema determinando su disidencia con la postura tomada por la Facultad de Ciencias Médicas, la construcción de la subestación Rigolleau siguió su curso y la misma fue inaugurada en el año 2013. “Para reanudar la obra el barrio fue tomado por Gendarmería y en dos oportunidades fue sitiado por 400 efectivos del cuerpo policial bonaerense, lo vallaron y pedían documentos a los vecinos para demostrar que iban a sus casas. Denunciamos esto ante el gobierno municipal, provincial y nacional sin obtener respuestas, los únicos que se acercaron fueron algunos diputados y organismos de derechos humanos”, resalta Salgado.
A pesar de las denuncias de los vecinos, de la realización de audiencias públicas acerca de los efectos de los cem en la salud humana y de los reiterados pedidos de consulta popular, la construcción de la planta continuó adelante y en la actualidad se encuentra funcionando. “Una de las cosas que dice el estatuto del ENRE es que su función es ser nexo entre las empresas eléctricas y la comunidad, y que cuando van a hacer obras de esta envergadura es necesario
el consenso con la población afectada.
Los habitantes de Berazategui no sólo no consensuaron la obra, sino que por todas las vías se expresaron contra la instalación, pero primó el negocio de la empresa”, subraya Salgado.
Un trabajo mancomunado
Frente a la situación a la cual se enfrentaban los vecinos de Berazategui, la Facultad de Ciencias Exactas decidió realizar su propio estudio para dar cuenta de la contaminación existente en Ezpeleta y cómo ésta había afectado la vida de quienes habitan el barrio. Para ello, en 2012 se conformó un grupo de profesionales y estudiantes, dirigidos por la doctora Leda Giannuzzi, quien a su vez convocó a participar a la magíster María Silvina Sinkec, al doctor Darío Andrinolo y a los alumnos de la Cátedra de Toxicología de la Carrera de Bioquímica, quienes trabajaron con miembros de la comunidad de Berazategui en la realización de un estudio epidemiológico en los alrededores de la Subestación de Sobral.
“Se armó un grupo interdisciplinario para investigar sobre el tema, ya que la formación que teníamos no estaba orientada a la parte de cem, que es el tipo de radiación al que está expuesta gran parte de la población. Se sabe muy poco de los cem y los estudios que se han realizado hasta la actualidad no son concluyentes respecto a los efectos en humanos”, afirma María Estefanía Farías Hermosilla, estudiante de la Licenciatura en Química y Tecnología.
Para dar cuenta de los efectos que produjo la emisión de campos electromagnéticos en los alrededores de la subestación Sobral (lugar tomado como muestra a causa de la prolongada exposición), se seleccionó un barrio de similares características que no se hallaran expuestos a los cem. Se trabajó en base a encuestas preguntando a las personas, por ejemplo, cuánto hacía que vivían allí, para analizar no sólo el momento sino la historia de los habitantes.
Para realizar las mediciones en el barrio de Sobral, la Facultad de Ciencias Exactas contrató a la empresa tecnous s.a., la cual determinó que los vecinos de Ezpeleta se hallaban expuestos a valores de entre 0,15 y 5,66 μT. “Hay diferencia entre el barrio de Sobral y un barrio que tomamos como control, la gente se enferma mucho más en Sobral, la distancia es un parámetro muy importante a tener en cuenta, no es lo mismo vivir a 50, a 100, que a 200 metros o más, y también tiene mucho que ver el tiempo de exposición”, afirma la directora del proyecto.
El estudio determinó que el 94,8% de las personas fallecidas residían en las zonas expuestas a los campos electromagnéticos, y del total de los decesos el 65,7% fue producto de diversos tipos de cánceres. Frente a estos resultados, los especialistas que participaron del estudio recomendaron no habilitar el funcionamiento de subestaciones y cableados de alta tensión a menos de 200 metros de los ejidos urbanos, y que las mismas no impacten con más de 0,3 μT sobre la población allí residente. “Encontramos niveles de 4 ó 5 microteslas y vemos que con esos valores la gente se enferma, por eso consideramos que habría que discutir la reglamentación, bajar los niveles y poner niveles más seguros”, resalta Giannuzzi.
Esta investigación será próximamente presentada y difundida para que todas aquellas poblaciones que resisten instalaciones similares puedan utilizarla como una herramienta en sus luchas. “Esperamos que el estudio sirva para que el Poder Judicial nos escuche y también para apresurar el debate en las cámaras de diputados nacional y provincial sobre el tema. La idea es acercarlo a los tres poderes”, subraya Salgado.
Por otro lado, desde la Asamblea de “Vecinos Autoconvocados por la Vida” de Berazategui, presentaron un proyecto de ley tanto en la Cámara de Diputados nacional como de la Provincia de Buenos Aires, en el que se establece que lassubestaciones deben estar por fuera de las zonas pobladas y que deben operar con un valor máximo de 0,3 microtesla.
Sin embargo, desde el enre sostienen que sería inviable reducir los niveles permitidos a 0,3 microtesla, porque ello representaría un rediseño absoluto de las redes eléctricas. Además, consideran que no existen suficientes elementos para llevar adelante esta reducción. “Las instalaciones eléctricas son feas, el impacto visual que generan es muy importante, tener un transformador cerca significa desvalorizar la propiedad. Por eso la gente muchas veces utiliza un tema como el de los campos magnéticos, pero en realidad está preocupada por tener cerca ese aparato que no le produce confianza, que de tanto en tanto salta una chispa porque se quema un interruptor”, sostiene el ingeniero Osvaldo Pugliese, integrante del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
Voces disidentes
Si bien muchos especialistas y estudios resaltan el efecto nocivo en la salud que provoca la exposición a los campos electromagnéticos, otros miembros de la comunidad científica e integrantes de los organismos públicos vinculados a la actividad sostienen que no existen suficientes evidencias de que este tipo de contaminación aumente la cantidad de casos de enfermedades. “No hay elementos para decir que se pueda atribuir a los campos electromagnéticos una causalidad con la leucemia infantil. Un estudio de hace años había dado ciertas variaciones en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, pero no fue corroborado a posteriori. El Ministerio de Salud de la Nación opina que no hay ninguna cuestión que amerite modificar la legislación”, subraya Pugliese, y agrega: “La percepción de los vecinos acerca de las estaciones es que esos campos tienen un radio de influencia muy grande, que pueden estar a 100 o a 200 metros y recibir alguna influencia de lo que se produce dentro de la subestación. La realidad es que uno se aparta 10 ó 15 metros y los vecinos de enfrente no reciben flujo magnético”.
Frente a la cantidad de enfermedades y muertes que se han presentado desde la puesta en funcionamiento de la planta de Sobral, y considerando que la mayoría de estos casos se trata de personas que habitan en las cercanías de la subestación, los vecinos exigen la relocalización de la planta hacia zonas que no se hallen pobladas. Sin embargo, muchos especialistas consideran que ésta no es una solución viable. “Cuando hay zonas habitadas necesitamos tener infraestructura de mayor tensión más cerca de la población. Si se la colocara lejos no nos serviría en las condiciones de calidad que se pretende. El ejemplo que podemos poner es una escuela, si generas un barrio ¿dónde tratas de localizar la escuela? En la mitad del barrio, para que todos los chicos tengan que recorrer lo mismo para llegar a la escuela”, afirma Patricia Arnera, directora del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos (IITRELAT) de la Facultad de Ingeniería laboratorio, el cual realiza, desde hace 15 años, mediciones en numerosas subestaciones a pedido del ENRE.
“Algunas personas señalan`por qué yo ahora tengo que tener una estación transformadora cerca de mi casa´, sin embargo usan energía eléctrica, y lo que viene ocurriendo es que van creciendo los lugares y a su vez las personas somos más electrodependientes”, agrega Arnera.
El aumento que se ha dado en los últimos años de la cantidad de subestaciones y cableados que existen en el país responde a un significativo aumento del consumo eléctrico. “En los 80’ se usaban 500 kilovolts exclusivamente por afuera de la ciudad de Buenos Aires, ahora se utiliza ese mismo valor por dentro del área metropolitana; cuando antes se usaban 132 kilovolts como nivel de alta tensión dentro de la ciudad de Buenos Aires, tuvimos que pasar a 220 kilovolts, y la población no entiende por qué tienen que tener estas instalaciones al lado de su casa. Se trata de cuestiones técnicas que hay que ir cumpliendo”, enfatiza la directora del IITRE-LAT.
A pesar de que en la Argentina los valores máximos permitidos de cem sean aún menores que los sugeridos por la oms, es necesario resaltar que, en los últimos años, varios países han comenzado a realizar cambios en la infraestructura eléctrica con el objetivo de reducir aún más las emisiones de campos electromagnéticos. Incluso en el año 2009 el Parlamento Europeo aprobó una resolución de la Comisión de Medio Ambiente en la que sugería que, teniendo en cuenta las evidencias de los efectos en la salud que produce la contaminación electromagnética, se disminuya y adecuen los límites fijados.
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