Esos peligrosos condimentos...

Un recorrido por nuestra zona hortícola muestra el cotidiano uso de productos tóxicos
en los cultivos. Expertos en la cuestión admiten la necesidad de más controles,
advierten sobre los peligros que traen aparejados para la salud y el ambiente, y
discuten posibles alternativas.

Por Juan Manuel Mannarino


“La utilización de los agrotóxicos se da en todas las actividades agrícolas. La Plata, como parte del área metropolitana hortícola de Buenos Aires, es una zona de riesgo permanente”, explica el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador
regional de RAPAL, (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina). Desde diferentes sectores, -vecinos, campesinos, médicos rurales y algunos
científicos- luchan por demostrar el perjuicio ambiental y humano que estas sustancias provocan y sostienen que “el uso de los agrotóxicos en el país merece ser una cuestión de Estado”. Incluso la Justicia comenzó a emitir fallos que reconocieron el peligro de los herbicidas y plaguicidas, denominados agroquímicos por aquellos que niegan y exigen pruebas acerca de su toxicidad.
En la producción agrícola los que más se emplean son herbicidas como el 2,4D y el Paraquat, e insecticidas como el Bromuro de metilo; el Endosulfán, -prohibido en más de 60 países- y el Carbofuran. (Ver página 8). Estos tres últimos también son de uso frecuente en el Gran La Plata, sumado al Dicarzol,el Clorpirifos y la Cipermetrina.
Marcada por la pobreza, nuestra zona hortícola se nutre de quinteros, en mayor parte migrantes ilegales, que sufren a flor de piel la precariedad laboral y el riesgo ambiental, con consecuencias negativas para su salud. Por miedo a perder lo poco que tienen eligen no hablar de ello y ante esta situación los científicos alzan la voz crítica hacia el uso de los agrotóxicos.
Leda Giannuzzi, profesora de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas, asegura que en el cinturón hortícola de la ciudad hay un alto uso de agrotóxicos tanto en la plantación del tomate como en otras hortalizas. “Desde la facultad, con el Taller de Aguas fuimos convocados por la gente de Cambio Rural, del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Hicimos una muestra del agua en la zona de la Ruta 36 y comprobamos que los productores utilizan agrotóxicos en invernaderos sin ningún tipo de protección. Ahí vimos que trabajan con pesticidas
como el Bromuro de metilo, un gas que se usa para matar parásitos de las plantas. La muestra, tanto a nivel microbiológico como físico-químico, probó que el agua está contaminada, con un alto contenido en nitrato. Nuestra hipótesis es que esto se debe a los fertilizantes nitrogenados que se usan en el suelo y por la injerencia de a productos organoclorados como el Endosulfán”, afirma Giannuzzi.
Al mismo tiempo, Alicia Ronco, titular del CIMA (Centro de Investigaciones del Medio Ambiente), dependiente del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, explica que desde 2004 el instituto ha detectado el uso de plaguicidas
“altamente contaminantes” en el arroyo El Pescado, situado en los alrededores de la 36. “Hicimos estudios en campo y laboratorio en cultivos transgénicos. Las pruebas demostraron un alto impacto de insecticidas como el Endosulfán, el Clorpirifos y la Cipermetrina. Son químicos peligrosos, que se usan indiscriminadamente sobre el ambiente y están causando la destrucción de la biota acuática de la zona, con una alta mortandad de peces y anfibios”, expone Ronco.
En un nivel más amplio la legislación argentina relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es “incompleta, permisiva y obsoleta”, dice el ingeniero Souza Casadinho. Al respecto Materia Pendiente pudo comprobar que en algunas producciones hortícolas de Arana, donde se cultiva el alcaucil, los químicos se usan sin ningún tipo de prevención y que la mayoría de los quinteros, muchos de ellos de nacionalidad boliviana, están expuestos a los efectos de los plaguicidas de forma permanente.
Uno de ellos, Augusto, admitió que tanto en su chacra como en otras vecinas, se usa el Bromuro de metilo para combatir las enfermedades de las plantas. Se trata de un gas sintético que se utiliza como insecticida y que según el INTA “provoca serias repercusiones sobre el ambiente debido a que, después de su aplicación, pasa a las capas superiores de la atmósfera y daña la capa de ozono, -la que bloquea la trayectoria de los rayos ultravioleta (UV), impidiéndoles la llegada a la superficie de la tierra”.

Controles insuficientes

Desde 1998, el INTA, junto a la Oficina del Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con apoyo de organismos de las Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y La Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial), están llevando adelante dos proyectos demostrativos de alternativas al uso de Bromuro de metilo en cultivos de hortalizas, frutilla, flores de corte, y tabaco. El programa se aplica en todo el país, aunque hay zonas, como las de Arana, donde todavía no llegó a implementarse. Mientras tanto, desde febrero de 2009 funciona en la ciudad un plan de siembra “no contaminante”, fruto de un convenio entre la Municipalidad de La Plata y la Asociación de productores Hortícolas (APH). El Plan consiste en la reconversión de los métodos de protección de la siembra para evitar la utilización de agroquímicos contaminantes.
“No es que no haya controles por parte del Estado, sino que no alcanza con lo que se está haciendo. La del mundo hortícola es una realidad compleja: hay mercados concentrados, productores desesperados y un modelo hegemónico de producción que es el de las semillas híbridas. Es decir, la industrialización de la agricultura demanda el uso de los agroquímicos sintéticos”, explica Juan José Garat, ingeniero agrónomo y miembro del Curso de Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLP). “Antes se utilizaban químicos más caseros, con menos toxicidad, -como el Caldo bordelés (sulfato de cobre y cal)-, que eran producidos por los propios productores. Pero en los últimos tiempos, con la intensificación de la producción, se usan químicos fertilizantes para que la tierra pueda rendir más; y luego se fumiga con los insecticidas de síntesis para controlar los hongos y las bacterias en los cultivos”, amplía el ingeniero.
Los insecticidas de síntesis son los que se entienden como agrotóxicos y “son altamente dañinos para la salud, pero los quinteros los usan porque son mucho más baratos que otros productos más sanos, que son importados y valen el doble. Algunos se utilizan específicamente sobre una plaga, como el de las moscas blancas. Es un negocio enorme”, informa Garat. Sin embargo manifiesta que “ese modelo de producción ocasiona un desastre social. Nosotros, los que trabajamos en las áreas rurales de La Plata, vemos todo el tiempo a productores con manchas en la piel y ellos mismos nos cuentan que tienen familiares con problemas respiratorios o vecinos que mueren porque se les revienta un riñón”.

Verdes soluciones

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia (el último censo hortiflorícola fue en 2005), La Plata es el principal productor hortícola de la Provincia. Con tres mil hectáreas dedicadas a la producción, que se extienden desde Villa Elvira hasta Etcheverry, cinco mil familias viven de la cosecha, lo que equivale a unas 40 mil personas trabajando en la actividad. En este esquema, el Mercado Regional La Plata representa una pieza clave. Con un movimiento de 10 millones de kilos mensuales de frutas y verduras, genera negocios por 6 millones de pesos por mes y da trabajo a más de mil personas.
Para Tony Maidana, agrónomo que trabajó con productores de Colonia Urquiza y Romero, el Mercado de La Plata no tiene un sistema sanitario eficiente para el control de las verduras. “Los fiscales sólo controlan a los productores que venden en lo que se conoce como playa libre, es decir, los puestos que no son permanentes. No sabemos si las verduras que comemos tienen veneno. El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) lanzó un programa, pero no es suficiente si se considera que son miles de kilos de verduras. Hoy cualquiera puede poner un galpón y producir sin problemas, porque los mercados están desregulados y el Estado no los controla. Y todos sabemos que el uso de los agroquímicos es altísimo en la región”, asegura Maidana.
Al respecto, Dardo Selis, subdirector de la Dirección de Sanidad Vegetal, aclara que desde el gobierno se está implementando el Programa BIA (Bajo Impacto Ambiental), un plan voluntario que otorga una variedad de productos con baja toxicidad. “Creemos que sin agroquímicos no puede haber producción. Existen cuarenta especies de hortalizas,
tenemos una variedad de plagas inmensa y necesariamente hay que controlarlas con una batería de productos químicos. Buscamos un manejo eficiente y racional de los plaguicidas y no su eliminación”, analiza Selis.
Para Leda Giannuzzi, es el paradigma de la Revolución Verde el que defiendeel uso obligatorio de los agrotóxicos, cuando hay experiencias de agroecología que piensan lo contrario. “La Revolución Verde es el modelo agroindustrial hegemónico desde el menemismo, un paquete tecnológico que piensa la producción como una mercancía”, sostiene.
En la misma dirección Leonardo Davies, técnico del INTA que trabaja en el cinturón hortícola de la ciudad, indica que “los productores usan agrotóxicos porque la primera información que les llega es la de las empresas. Son productos eficientes y más baratos pero destruyen el ambiente. Nosotros defendemos la agroecología. Queremos eliminar los agrotóxicos.Planteamos como prioridad el acceso y la conservación de la tierra desde una mirada de la soberanía alimentaria, para que las familias puedan vivir dignamente de lo que producen y no se intoxiquen”.
Por su parte, Maidana remarca que el paquete tecnológico de la Revolución Verde fomenta el uso de los insecticidas de síntesis para sostener los sistemas de riego y la producción en invernaderos, y ejemplifica: “para que un tomate dure más y permanezca más tiempo en las góndolas, se lo altera químicamente.
Antes que el sabor natural u otros atributos orgánicos importa su conservación”.
Los productores no aplican bien “el tiempo de carencia”, afirma Davies. Es decir que, en vez de echar el pesticida treinta o sesenta días antes de la cosecha, por desinformación de las empresas, lo hacen una semana antes de comenzar la producción. “Es grave la situación de salud de muchos productores, pero lo peor es que aún no están identificadas las patologías que producen los agrotóxicos. El Hospital Doctor
Alejandro Korn, de Melchor Romero, por ejemplo, no tiene un servicio de toxicología y no hay historias clínicas sobre la patología de la intoxicación, quizás porque la mayoría de la población es pobre y está sin seguro social”, dice el técnico del INTA.
Según Gustavo Tito, biólogo y director del IPAF-Pampeano (Instituto Para la Agricultura Familiar), los pequeños productores están desprotegidos: no usan las máscaras ni los trajes que deberían usar porque la mayoría de ellos está en situación de precariedad laboral. Durante el verano, cuando las plagas acechan con mayor intensidad, los productores suelen echar los insecticidas con el torso descubierto, descalzos y sin barbijos. “El productor se va intoxicando de a poco porque los químicos se absorben lentamente. Los agrotóxicos no se degradan, se acumulan. Por eso pensamos que el agricultor familiar necesita una tecnología que no lo contamine, porque él vive donde produce”, explica el biólogo.
De esta forma Gustavo Tito defiende el enfoque agroecológico y dice que “no es nuevo: es volver a los saberes de hace cincuenta años, a la energía renovable, como por ejemplo enterrar repollos, los cuales liberan unos gases que esterilizan el suelo y generan el mismo efecto que el Bromuro de metilo. Los productores, cuando ven que estas tecnologías alternativas optimizan los recursos y son menos costosas, construyen otro nivel de conciencia ambiental” .