Los debates en torno a la Ley de Educación Superior, la autonomía universitaria, los servicios a terceros, son algunos de los temas abordados en la charla que el rector de nuestra Universidad concedió a Materia Pendiente.
Por Darío Andrinolo y Josefina Oliva
El comienzo de su gestión se ha sucedido en un año en el que la educación superior estuvo en el centro de la escena y en un contexto en el que emerge nuevamente en la agenda universitaria la posibilidad de reformar la Ley de Educación Superior, un punto que, según considera el actual rector de la UNLP, Fernando Tauber, es un tema que “está pendiente”.
· El año pasado se reunió con la diputada Puiggrós y en ese marco hablaron de los cambios de la Ley de Educación Superior. ¿Qué opinión tiene sobre su proyecto?
Nosotros empezamos a debatir sobre la base de un rechazo a la Ley (Nro. 24.521) vigente casi desde el mismo año en que se promulgó. Las universidades entendimos y nos sentimos avasalladas por esta ley de la década del ’90, en nuestra autonomía, en nuestra capacidad de decidir. De hecho uno de los debates inconclusos es el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas que vemos coartado de saldar y terminarlo aún en la Justicia como efecto del famoso artículo 50 de la Ley. En esto se han expedido tanto la Federación Universitaria Argentina (FUA) como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que han sostenido este debate durante una década y media, y han ya expresado mediante documentos muy concretos cuál es su posición sobre una nueva ley de educación superior. Esa es la primera condición, una nueva ley y no una reforma de la Ley. En este sentido, los primeros borradores que emite el gobierno nacional como el proyecto de ley de Puiggrós, y otros que conviven en la Cámara, tienen un tronco común, con el cual acordamos las universidades públicas, que es el respeto de la autonomía universitaria, como condición inicial.
Después tienen particularidades. Nosotros siempre vamos a ser refractarios a la injerencia de la Legislatura en decisiones que tienen que tomar las universidades de acuerdo a sus propias realidades.
· En el marco de una nueva ley ¿cómo entra en juego la CONEAU?
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria fue una institución que arrancó en forma muy controvertida, con fuerte rechazo de las universidades, sobre todo porque en ese momento lo que había era una sospecha de que esto obedecía a una política que incluso trascendía al país. La CONEAU maduró por su lado y nosotros tomamos nuestra propia experiencia en el contexto latinoamericano.
La evaluación externa de calidad es un tema insoslayable para el sistema niversitario. Hoy la Universidad no debate ni resiste los evaluadores externos. En cambio sí analiza la composición de esa evaluación externa, que es lo que se tiene en cuenta a la hora de observar los proyectos de ley de educación superior. A mí no me interesa un organismo de evaluación externa que tenga mayoría de representantes designados por los partidos políticos de la Cámara de Diputados y Senadores, sino una
composición que tenga una mayoría de pares evaluadores y en la que el propio sistema universitario tenga una presencia determinante para las propias evaluaciones.
· Con relación a la autonomía universitaria en la UNLP, hay otros factores que la afectan, como las políticas de CONICET sobre investigación, que manejan un gran volumen de financiamiento y dirigen las políticas en ese ámbito. ¿Cómo evalúa la injerencia del CONICET teniendo en cuenta que este organismo plantea que no debe haber becarios o graduados dentro la dirección de los institutos?
Las políticas del CONICET no son las de la Universidad. Tengo que referirme a las políticas de la UNLP, no a otros sectores del Estado. En ese sentido no siento que avancen en la autonomía de nuestra Universidad. Tenemos 155 institutos y 18 son compartidos con el CONICET, con lo cual nuestro desarrollo científico no está condicionado por ese organismo. Y si son compartidos es porque hemos establecido acuerdos entre dos instituciones, cuyas reglas respetamos. Si el CONICET establece esas condiciones y el instituto las acompaña es porque forman parte de la misma política y dan la discusión dentro de esas normativas. Las condiciones del resto del sistema científico de la UNLP están administradas por la propia Universidad.
· ¿Pero a veces no se ve afectada la autonomía por trabajar con fuentes externas?
Habrá que discutir cada caso particular.
· El 90 % del presupuesto ¿sigue siendo para sueldos?
Sí. El 90 % del presupuesto va en sueldos. (Para datos más detallados sobre el presupuesto ver Cuestión de fondos, p. 12).
· Entonces ¿cómo se garantiza que crezca la investigación, teniendo en cuenta que se recurre a fuentes externas? ¿Eso no puede poner en riesgo la autonomía?
No. Primero, lo que garantiza la investigación son esos sueldos. Lo que nosotros tenemos que conseguir es ir avanzando en una proporción de mayor disponibilidad de gastos, que este año se van a incrementar en un 50 por ciento. Este es un aumento que no se ha producido al menos desde que yo estoy y me parece que en todo el proceso democrático. Ahora, una cosa no quita la otra. La Universidad tiene sus políticas y no hace acuerdos con terceros en la búsqueda de recursos que no tiene. Trabaja con terceros prestando servicios que tenemos que prestar porque nos interesa hacerlo. En el sistema universitario la transferencia tiene un rol fundamental. Acumular conocimiento y no transferirlo es como arar y no sembrar. Estamos para transferir. Las condiciones en las que lo hacemos son parte del debate. Ninguna de las políticas universitarias se han podido hacer gracias a recursos que entraron por terceros, sino que se establecen en función de nuestros propios recursos y en ese sentido va el esfuerzo permanente para crecer en gastos de funcionamiento y en mayores dedicaciones. Hoy el 36 % de nuestros docentes tiene dedicación exclusiva o semi-dedicación. Teníamos el 18 % hace siete años. Esa condición es la que nos da
autonomía: que un docente tiene un ingreso de dedicación exclusiva o semi dedicación pero lo dedica a la investigación y es él quien define qué línea desarrollará y aporta así una mayor producción de conocimiento. No un tercero. No tenemos el perfil anglosajón donde el privado realiza el aporte para que la Universidad investigue y de esa forma delimita sobre qué se va a investigar. No sólo sucede en La Plata. En América latina el conocimiento se produce en las universidades públicas.
Transferencias
· En lo que respecta a trabajos a terceros, muchas veces estos se realizan sin un control general y los fondos que se obtienen no contribuyen al presupuesto universitario sino sólo (o en gran medida) al grupo que hace la transferencia… ¿eso
no puede distorsionar la función universitaria?
Todo procedimiento que no tenga un control puede generar distorsiones. Los sistemas de servicios a terceros sí tienen un control institucional y las facultades que son las responsables de regular estos temas establecen qué significa un servicio a tercero, cómo lo direccionan y cómo se distribuye el recurso que ingresa más allá de la prestación del servicio. No concibo que la condición de transferencia sea la gratuidad. Sí, la direccionalidad racional del tema y el control responsable por parte de la institución. La Universidad pública tiene que cumplir ese rol y además por ejemplo, ahora se están desarrollando los proyectos de los acueductos para llevar agua potable del Río Paraná al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. ¿No es un tema en el que tiene que estar la Universidad? ¿Qué es lo que vamos a discutir, si tiene que estar o no la Universidad o cuánto van a cobrar los profesores que hacen la consultoría del tema? Discutamos cuánto cobrarán los consultores y cuánto le queda a la Universidad y cómo direcciona esos recursos para otras políticas que no tienen financiamiento, porque éstas lo tienen y hay otras que queremos hacer que no lo tienen.
No me quiero perder la participación de la Universidad pública en este tema porque si no la contratan, lo hacen a través de una licitación internacional, en una consultoría donde vienen los holandeses -como ya nos pasó- a decirnos cómo resolver las inundaciones del Salado.
· Pero al parecer hay una diferencia de criterios en las diferentes facultades.
Es probable.
· ¿Qué se hace con los recursos que ingresan de las transferencias?
Existe una ordenanza establecida a través del Consejo Superior. Se distribuye en la propia unidad académica y unidad ejecutora un recurso que no se debe llevar como ganancia sino que se tiene que volcar en el desarrollo de la Facultad y de la unidad. Bueno, lo que tenemos que controlar es que eso efectivamente se cumpla. Facultades con tradición de transferencia como la de Ingeniería, tienen un fuerte control de su Consejo Profesional. Cada tanto tenemos una rispidez en el tema porque el Consejo dice: “No, esto es de los profesionales”. Y ¿si tiene razón? Es de los profesionales. Bueno, estas son las condiciones de control que tenemos que establecer con nuestros
graduados para que lo que haga la Universidad sea lo que tiene que hacer en ransferencia. Yo no lo saco del capítulo, al contrario, en la última reforma del Estatuto uno de los temas que se incorporó fue la transferencia.
· En Exactas pasa, por ejemplo, que se acerca el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y pide hacer un monitoreo en el Río de La Plata y lo que viene a pedir como trabajo a tercero es la medición de una toxina o de clorofila, como si la Facultad fuese un laboratorio privado. Al tratarse del propio Estado, más que ese tipo de transferencia, ¿no deberían desarrollarse planes conjuntos del estudio del ambiente?
Bueno, pero es una posición de la Facultad. Uno puede tener una visión crítica como ciudadano pero el Estado define cuáles son sus propias políticas y la Facultad tiene capacidad como institución de decirle al Estado que acompañe o no en este tema. La Facultad tiene una serie de oportunidades en esto, de aportar a los procesos de desarrollo ambiental, social y económico, que, si no lo hace la Universidad pública lo hace un privado. Me parece que es fundamental defenderlo. Por ejemplo con el tema de las pasteras es la UNLP a través del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB) la que hace el control permanente de la contaminación y es desde el propio instituto donde la contraparte técnica argentina fija cuáles son los estándares de control del Río Uruguay. ¿Quién lo va a hacer si no es la Universidad pública? ¿Vamos a poner dos políticos o dos privados? No. Yo quiero que sean parte de una organización pública. ¿Y es un servicio a terceros? Sí, es un servicio a terceros. Yo caminé tanto los institutos de Exactas como los del resto de las facultades. Además de hacerse investigación básica e investigación aplicada se hace mucha transferencia y es muy importante que se haga. No es una cuestión de decir “¡Ajá! Estás haciendo transferencia”. ¡No! Es el derrame de la producción de conocimiento que el sistema tiene que tener. El tema es con qué conciencia se establece esa transferencia y con qué condiciones. No quiero confundir. El eje de la discusión no es resistir a la transferencia sino enfocarnos en cómo lo hacemos .
TIERRAS
- ¿Qué pasará finalmente con el conflicto de las tierras guaraníes?
Es un tema que está en juicio y es más que complejo. Nuestra posición es devolver las tierras, resolver el conflicto definitivamente porque nos parece que la Universidad no necesita ser propietaria para poder hacer sus investigaciones en el predio. No es tan lineal el tema porque los pueblos originarios que ocupan la tierra tienen sus diferencias.
Nosotros lo hemos manifestado ante al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ante el gobierno de la Provincia de Misiones, y ante el gobierno nacional. La UNLP no le ve un valor venal a esas tierras, sino un valor científico. Nunca las vamos a vender, ni a ocupar. Tenemos una distancia de 1200 km. Ni siquiera las ocuparíamos para actividades académicas. La idea es devolverlas. El tema es a quién y cómo. Si se
las tenemos que dar al INAI, si se las tenemos que dar a los pueblos, si se las tenemos que dar a la Nación Guaraní, a la Provincia…
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