El periodo de los `90 las enfrentó a un proceso que, aunque con matices, dispuso la mercantilización de la formación académica, un gran aumento de la oferta y la demanda y un crecimiento general de las instituciones. Tomando los casos particulares de Chile, México, Uruguay, Brasil y Argentina, aparecen similitudes y diferencias en cuanto al acceso, el financiamiento, la autonomía, y el rol que cumplen las universidades en cada sociedad. ¿Cómo se manifiesta en esos estados lo público y lo privado? Aquí un recorrido y un análisis.
Producción: Luciana Cáceres, Josefina Oliva
Textos: Josefina Oliva
En la actualidad asistimos a una fuerte expansión de los sistemas nacionales de educación superior que se viene registrando desde las últimas décadas. En el informe Educación Superior en Iberoamérica elaborado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) en el año 2007, se anuncia que en Iberoamérica, el número de instituciones, apenas 75 universidades a mediados del siglo pasado, aumentó notablemente, contabilizándose -para la fecha del informe- alrededor de 10 mil instituciones de educación superior, de las cuales un tercio son universidades y el resto instituciones no universitarias. En América Latina esto se desata ante un proceso de mercantilización de la educación superior que presenta diferencias según el contexto de cada Estado, aunque a su vez, y para algunos especialistas, también coincidencias.
Según Germán Soprano, director de la Maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en principio, las políticas de los ’90 fueron alentadas por los organismos multilaterales de crédito y formaron parte de los paquetes de reformas del Estado y de las políticas económicas neoliberales impulsadas en el período. Ahora bien, como consecuencia de esas políticas, “de los ’90 para acá, en América Latina, se ha visto un proceso de expansión de la oferta privada de educación superior y la diversificación y el aumento cualitativo de los niveles universitario y terciario. Se trata de un sistema que no supone necesariamente la privatización en términos de c creación de más universidades privadas, sino la incorporación de lógicas competitivas privadas dentro del sistema público”.
Esas tendencias, amplía Soprano, “también confluyeron con los procesos de internacionalización, que se han dado como consecuencia de la `americanización´ de la educación superior europea, conocida como el Proceso de Bologna” (Ver Integrar, ¿de qué forma?).
Desde México, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge González, afirma que “desde el 82 hasta la fecha vivimos unos regímenes de neoliberalismo muy graves. Y resulta que hay una tendencia fuerte a privatizar, a instrumentalizar y mercantilizar la educación superior. Lo cual significa bajar la cantidad de personas que aspiran a trabajar sobre el conocimiento. `Yo sólo estudio para tener dinero, viajar, tener un carro, una casa y aventarme viernes, sábado y domingo`, que me parece muy bien. Pero eso ha ido alejando cada vez más a los estudiantes y a los profesores de la formación. Las universidades empiezan a ser más capacitadoras que formadoras”.
Desde otro punto de vista el coordinador del observatorio Sindical de Políticas Universitarias de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), Claudio Suasnábar, hace hincapié en las diferentes historias y conformaciones que tienen los países de América Latina. En ese sentido aclara que es distinto “lo que aconteció en Argentina o Uruguay por ejemplo, que tienen una tradición de educación pública universitaria; al caso de Brasil o Colombia, en los cuales históricamente el sistema de educación superior se conformó en dos circuitos: público y privado. Entonces en aquellos países de hegemonía pública la emergencia de un sector privado se da con distintas características; y en el caso de aquellos que tienen una conformación dual, hay una profundización”.
Por ejemplo, en países como Brasil y Chile entre el 50 y el 75 % de la matrícula
se encuentra en el sector privado. Mientras que en México entre el 50 y el 75 % asiste al sector público; diferente a lo que ocurre en Uruguay y Argentina, en los cuales entre un 75 y un 100 % concurre al sector público.
Claro está que la división entre lo público y lo privado no es tan tajante, ya que esto se condice con las tradiciones que suponen los diferentes países ante estos conceptos y que condicionan las variadas dimensiones que los determinan, como la organización y el control de las instituciones; sus fuentes principales de ingreso; los tipos y alcances de los apoyos ofrecidos a los estudiantes; las modalidades que asume la intervención del Estado y las formas de gobierno que adoptan las diferentes instituciones.
“En nuestra tradición lo público está asociado a que sea estatal, gratuito y casi diría al ingreso irrestricto”, explica Suasnábar, quien se desempeña como profesor de Política y Legislación de la Educación, e Historia y Política del Sistema Educativo en la UNLP. En cambio en Chile y en Colombia hay universidades públicas que cobran.
En el caso de Brasil las públicas no cobran pero tienen examen de ingreso y las católicas son llamadas comunitarias, no se las asocia como privadas. Menos Uruguay, Argentina, y parte de Bolivia, que tienen ingreso irrestricto, en todos los otros países tienen vestibular. Tanto en Brasil como en México tienen lo que se llama “la prepa”: los dos últimos años del secundario son preparatorios a la universidad.
A pesar de que Brasil se vio impactado por las políticas de los ’90 el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no sólo estimuló la creación de nuevas universidades federales, estaduales, y municipales, sino también las privadas. “¿Esto por qué?”, se pregunta Soprano: “Porque en Brasil el acceso a las universidades públicas es muy restringido”, contesta el investigador del CONICET y explica: “sobre todo en las universidades federales, hay una población estudiantil de clase media y media alta. Cuando los sectores sociales de clase media baja acceden es por programas de becas o
políticas compensatorias, como hacen los negros o los indígenas en ese país. Las universidades privadas vinieron a garantizar las posibilidades de acceso a sectores
de clase media baja que jamás hubieran podido acceder a la universidad pública”. Mientras que, desde Uruguay, el pro rector de Extensión de la Universidad de la República, Humberto Tomassino, destaca que en su país el acceso sigue siendo libre. “La lucha constante es por ampliar la matrícula, e incluye y hace inherente la pelea por mejorar las condiciones de estudio y el nivel académico. Se debe seguir trabajando por una de las características más caras de la universidad latinoamericana, que junto con la gratuidad, la autonomía y el co-gobierno, son los pilares de nuestra concepción de universidad”.
Autonomía y financiamiento
Como se dijo anteriormente lo público y lo privado varían en cuanto al contexto de cada país. En Argentina la mayoría del gasto en educación superior proviene de fuentes públicas. Los últimos incrementos en el Producto Bruto Interno (PBI) para la educación en general fueron de un 4,5 % a un 6 por ciento. Según apunta Claudio
Suasnábar, desde el año 2003 el presupuesto universitario se ha incrementado un 230 %, sin embargo en nuestro país “no han cambiado sustantivamente las universidades. El Estado debe planificar en el marco de la autonomía pero tiene que fijar líneas prioritarias y articular esas agencias. Por ejemplo, si el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) da becas para estudios posdoctorales y la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)evalúa, hay un problema muy complejo, porque en realidad el organismo otorga las becas a los individuos pero lo financia el posgrado. Éste se financia con el esfuerzo de la dedicación exclusiva de los profesores”.
Soprano acuerda en esta cuestión: CONICET paga sueldos a los investigadores pero el resto del financiamiento se realiza a través de las universidades. En ese sentido, plantea, “la existencia de institutos de investigación dentro de las universidades restringe, en buena medida, los márgenes de la autonomía universitaria”.
A partir de la Ley de Educación Superior de 1995 la autonomía universitaria en nuestro país ha sido un punto controvertido por la flexibilidad con que las universidades empezaron a poder contar con recursos externos, como los servicios a terceros. Aunque “en realidad eso siempre estuvo”, advierte Suasnábar, “lo que cambió es la magnitud y el uso de los recursos. Un dato a tener en cuenta: en el Observatorio de la Conadu una de las líneas de trabajo era tratar de conocer cuál es el volumen y las características de los recursos que generan las universidades. No pudimos conseguir ni un solo dato, ni siquiera de la UNLP. La universidad si es pública tiene que decir cuánto es lo que se saca, es muy importante”.
En cuanto a los recursos reservados para las universidades denominadas públicas en cada país, según el informe del CINDA, México destina un 94,9% del gasto público a esas instituciones; un 88,1% destina Brasil y un 100% Uruguay. Mientras que, en el caso de Argentina un 96,2% se dedica a las instituciones públicas y un 3,4% a las
instituciones privadas. Y, en el caso de Chile, tan sólo un 37,2% a las públicas y un 33,3% a las privadas.
En el caso chileno “se trata de una autonomía de mercado”, analiza Suasnábar. “Es decir, allí no van a existir los condicionamientos pero sí va a influir la lógica
de la competencia. Una de las consecuencias es que un sistema muy mercantilizado
despolitiza a los académicos: para qué van a ser decanos si se pierden de hacer un paper que les puede dar más dinero. Esa es la consecuencia: se vuelven académicos emprendedores”.
“El financiamiento siempre supone una forma de heteronomía, de restricción de la autonomía. No importa que venga de una empresa, o del Estado, o de la sociedad científica más bella y espiritual, el dinero abre posibilidades y restringe siempre”,
sentencia Germán Soprano desde la UNQ. Y advierte: “Yo no tengo temor a que una empresa financie proyectos de investigación, pero sí a que Monsanto los financie para demostrar que el glifosato es una belleza de producto químico. Sin dudas defiendo el financiamiento estatal de la universidad pública”.
Cuestión de roles
Al hablar de universidades y países diferentes nos encontramos, al mismo tiempo, ante situaciones disímiles en cuanto al rol que viene a ocupar cada universidad en una sociedad determinada. Así lo define Claudio Suasnábar: “Según la conformación histórica, las universidades en América Latina cumplieron diferentes roles y funciones a lo largo de su existencia. Lo que tienen en común es que en los orígenes del Estado nacional cumplieron un papel muy fuerte en la formación de las elites. Con
los años tuvieron también otros roles; en muchos países fueron reducto de los sectores más conservadores, más elitistas y en otros la avanzada de las vanguardias
estéticas políticas y culturales, sobre todo en los años ’60”.
El sistema actual de la educación superior en Brasil por ejemplo “es hijo de la dictadura militar del 64”, explica quien fuera director de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNLP hasta el año pasado, “que definió un modelo universitario centrado en el posgrado: para que una institución sea universitaria debe contar con posgrado de investigación, si no no es una universidad”. A diferencia de muchas de
nuestras casas de estudios, que no han caído dentro de esa categoría. Los roles de las universidades varían además según “la relación que han tenido los intelectuales universitarios con el Estado. En un extremo estaría Argentina, en el cual la intelectualidad universitaria ha sido bastante crítica al Estado y los partidos políticos han sido algo desconfiados de los intelectuales. Por eso es una institución que a pesar de las situaciones conflictivas ha mantenido una actitud. Esto ha sido distinto en Brasil o en Chile, países en los cuales los intelectuales todavía tienen un nivel orgánico con los partidos y eso ha permitido en cierta manera una mayor interlocución entre la Universidad y el Estado”.
Desde México, Jorge González manifiesta las coincidencias que nota sobre todo entre las universidades de su país, Brasil y la Argentina: “son elitistas, aunque varía el color de las elites”. Y destaca que actualmente en Brasil hay una política de inclusión forzada de indios y negros a partir de las políticas del gobierno de Lula. Al mismo tiempo, quien se desempeña como coordinador general del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Investigación Compleja de la UNAM señala como otra coincidencia, que se da además a nivel mundial, que las universidades están siendo “instrumentalizadas”, “desarrollando otras cosas que no son las prioritarias, sino las que quiere Bayer, innovaciones tecnológicas para Telefunken, o investigación especial militar”. Mientras que, en cuanto a las diferencias marca que “hay muchas, debido a su composición social, los compromisos, los rectorados”.
En el caso de Chile “la universidad cumple un rol diferente y por esa razón durante el gobierno de Pinochet se da una reforma estructural de la universidad”, apunta Suasnábar. “Hay un proceso brutal de privatización de la educación superior, de desmembramiento de universidades y la restricción del financiamiento. Hay un cambio en la función más pegado a las necesidades del mercado, con un criterio de universidades emprendedoras, que se manejan con criterios empresariales, ligadas a una cuestión económica, que se dedican a investigar por ejemplo cómo criar truchas”.
En tanto que en Uruguay, como expresa Tomassino, la Universidad se ha constituido en uno de los centros mas importantes de creación de conocimiento a nivel nacional. "Además hemos profundizado vínculos con varias organizaciones sociales de trabajadores, cooperativistas y sujetos colectivos y con las políticas públicas más trascendentes que se han implementado en la ultima década. En todos los casos se ha mantenido una postura de autonomía conectada, posición que implica una gran capacidad
de escucha a las propuestas pero, una toma de decisiones que está enteramente enmarcada por el co-gobierno universitario”.
Hacia un bloque regional
La educación superior en América Latina presenta similitudes y diferencias que abren la posibilidad de pensar en solidificar las herramientas para la creación de un bloque regional. Al respecto el coordinador del Observatorio de la CONADU, Claudio Suasnábar dice que el aspecto que está más avanzado es la cooperación a nivel de posgrado e investigación. Sin embargo lo más complicado serían las políticas de
integración de las carreras.
En el mismo sentido, González señala que “pasamos por un estado de desconexión muy fuerte en la Universidad. Fuimos diseñados de manera muy desconectada como país y como continente, pero gracias a los gringos nos conectamos en Texas. Para saber más de Argentina o de alguna provincia hay que ir a Texas. Para saber de México también”, dice en forma irónica. “Ellos sí desarrollan cultura de información altísima, nos estudian, nos informan y cuando tenemos una pequeñísima casta de científicos, quince mil de todas las áreas, que no son todos los que hacen investigación, sino los que están reconocidos, es pobre; entonces qué queda, pues nos vamos para las ventas, a formar para ser buenos vendedores de algo”.
Para Germán Soprano “son muy interesantes los programas de intercambio que hay entre los estudiantes de las ingenierías, las medicinas, las ingenierías agronómicas, y el proceso que se ha dado para discutir las equivalencias en los títulos, en las formaciones de posgrado; aunque estamos muy lejos de lo que ha sido el proceso de Bologna en Europa”. De todas formas resalta “la Universidad no puede ser ajena a los procesos de integración y recuperación regional que se dan en otros planos de la vida política a nivel del Mercosur o de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)” .
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