Después del Saqueo - Minería a cielo abierto en Argentina

Con el desembarco en los 90’ de nuevas facilidades financieras, las grandes corporaciones llegaron en busca de nuestros recursos naturales. ¿Cuáles son las empresas que operan en nuestro país? ¿A costa de qué y de quiénes? ¿Qué consecuencias trae a las poblaciones cercanas? La palabra de especialistas y ciudadanos afectados. Además la UNLP debate si acepta los fondos de Bajo La Alumbrera.

Por Josefina Oliva


La búsqueda de metales como el cobre, la plata y el oro comenzaron en el planeta hace miles de años. Las extracciones se realizaron durante mucho tiempo por medio de grandes túneles o galerías porque se trataba de mineral vetiforme, de alta ley –es decir, de mayor pureza y más concentrado, y por lo tanto, más caro. “Hoy ya no existe
más mineral vetiforme prácticamente, salvo excepciones. En los últimos 100 años se obtenía cobre 5 % de ley, hoy es inferior a menos de medio punto. Eso habla de la presencia del mineral en el planeta. Quiere decir que cada vez hay menos. Por eso nosotros decimos que lo que queda se lo llevan porque el que lotenga va a manejar el poder”, expresa el periodista e integrante de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Javier Rodríguez Pardo.
Según datos oficiales de la página de la Secretaría de Minería de la Nación, entre los proyectos que se desarrollan actualmente en la Argentina se encuentran Veladero en la Provincia de San Juan; Alumbrera, en Catamarca; Manantial Espejo y San
José, en Santa Cruz y hay otros seis en proceso de construcción.
Las principales empresas que están operando son las transnacionales Barrick Gold (en Veladero y el proyecto en Pascua Lama); y Xstrata Copper, Goldcorp Inc y Yamana Gold. Estas tres últimas conforman una UTE (Unión Transitoria de Empresas) y junto con
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevan adelante el Proyecto Bajo La Alumbrera, que en los últimos meses ha tomado especial relevancia por el debate que hay en torno a los fondos que las universidades nacionales recibirían por parte de esa empresa.
“La minería es muy abarcativa, es un sector industrial gigantesco”, explica el economista especializado en temas de minería y medio ambiente, Nicolás Gutman. Según indica, en nuestra legislación, la minería incluye “desde turbas hasta oro; puede ser artesanal, como la de los que buscan pepitas de oro aluvial como se hace en los ríos. Creo que lleva a confusión la idea de pensar que la minería a cielo abierto específica, que es la que hoy está generando muchísima controversia, es minería en general y eso da pie a los sectores más pro-mineros a decir: ‘ustedes están confundidos, quieren evitar el desarrollo, todo lo que tienen alrededor es metal’. Creo que la crítica no es específicamente a ellos sino a las tecnologías muy dañinas de minería a cielo abierto”.

Breve historia del saqueo

Con la llegada de las últimas reformas del Código Minero en 1995 se dio luz verde en nuestro país a la explotación de los recursos naturales por parte de empresas privadas. “Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas mineras es de los estados provinciales pero les prohíbe explotarlas: están obligados a cederlas a empresas privadas, transfiriéndoles las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el Estado”, remarca Fernando “Pino” Solanas en Tierra Sublevada: Oro impuro, su última película.
Se trata de una medida impulsada por el Banco Mundial para llevar adelante la reforma minera en varios países, respondiendo a la creciente demanda de las corporaciones internacionales.
Esos cambios sucedieron en el marco de la Reforma Constitucional de 1994 y “se modifica por estos motivos, no es que se cambió y se aprovechó.
Buena parte de la constituyente del ‘94 estaba relacionada al petróleo y a los minerales”,asegura Gutman.
Entre otros beneficios para las empresas transnacionales que comenzaron a operar en el país, el Código Minero establece un tope de un 3 % de regalía del precio del metal en boca de mina. Lo cual “no quiere decir que es lo único que se aporte, sino que la mayor parte de la ganancia que queda en el país es este 3 %. Pero también las provincias pueden adherir con menos, y esto es el impuesto más efectivo que se cobra sobre el recurso: la regalía”, explica el economista. Además la legislación les otorga 30 años de estabilidad fiscal y no sólo eso: “Tienen muchas exenciones impositivas sectoriales, quiere decir que no se les cobra impuesto al cheque, a los combustibles, al valor agregado, impuestos municipales…”, aclara.
A la reforma del Código Minero se suma la firma del Tratado Bilateral de Minería entre Chile y Argentina de 1997, que da rienda suelta al Proyecto Pascua Lama, permitiendo a los empresarios, por ejemplo, transitar libremente la zona fronteriza.
El Tratado fue escrito por el mismo “José Antonio Rutia, que era uno de los funcionarios del gobierno chileno en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Un día en una cena con senadores en Santiago de Chile, ese señor no tuvo ningún problema en decir que él fue quien redactó el tratado que presentó la empresa Barrick Gold, y este hombre es hoy uno de los directores generales de Barrick Gold en América Latina”, narra Rodriguez Pardo.
El periodista es autor de Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después, y su lucha por el medio ambiente comenzó contra la instalación de un basurero nuclear en Chubut en 1986 a través del Movimiento Antinuclear del Chubut
(MACH), y posteriormente se integró a la asamblea de Esquel que le dijo “no” al proyecto minero de la canadiense Meridian Gold en 2003.
En su libro da cuenta de otra estrategia de alcance internacional como una de las vías de entrada a la explotación minera a gran escala: “Aquíhay un plan que está concadenado que es el IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Suramericana), firmado en el 2000 en Brasilia, que prevé una gran base de infraestructuras para explotar los recursos de toda América Latina por parte de las grandes corporaciones: rutas bioceánicas, puertos, hidrovías, represas, para comercializar con mayor rapidez al más bajo costo. Son las vías del saqueo”.

¿Y qué dejan?

La minería a cielo abierto se realiza a través de la voladura de montañas; persigue los minerales que quedan diseminados en las rocas y los separa a través de un proceso denominado lixiviado, con toneladas de sustancias tóxicas como cianuro o ácido sulfúrico, que requiere cientos de millones de litros de agua potable por día (ver “Un cielo abierto de preguntas”).
Bajo estas circunstancias se han conformado decenas de asambleas en contra de esta minería. Varias poblaciones han visto desaparecer sus cultivos y morir a sus animales. Las enfermedades pulmonares han aumentado, al igual que los casos de leucemia, sobre todo en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, que se ubica a 62 kilómetros, en línea recta de la Alumbrera.
Precisamente de ese lugar es Urbano Cardozo, a quien detuvieron el último 29 e octubre por interceptar el paso de los camiones de esa empresa que al parecer transportaban una carga de concentrado contaminante derramado en la última rotura del mineraloducto. Se trata de un caño de 17 centímetros de diámetro y de 316 kilómetros que transporta el concentrado de metales desde la planta en Catamarca hasta Ranchillos, en Tucumán, donde se encuentra la planta de filtros. “Por ahí pasa la sopa química” como le llaman desde las asambleas, que se ha roto varias veces y que
finaliza en el canal DP2, volcando su torrente en el Embalse de Río Hondo, en Santiago del Estero.
“Le frenamos el paso solamente a ellos. Yo le dije a la fiscal que quería que vea qué es lo que llevan ahí, de dónde viene y como lo llevan porque el artículo 41 de la Constitución Nacional me dice que tengo que preservar el medio ambiente para las futuras generaciones. Y no le gustó”, narra Cardozo, que no logró cumplir su objetivo. Según explica, “llevaban sustancias a cielo abierto, en bolsas, pero no estaban bien tapadas”. El habitante de Andalgalá se muestra indignado ante “la falta de respuesta del gobierno provincial”, que tal como describe, “(a los recursos naturales) los tiene que entregar sí o sí porque necesita dinero”.
Cardozo ha realizado cuatro denuncias diferentes por la rotura del mineraloducto:
“Se rompe y se derraman miles de litros, casi todo el recorrido está en el
lecho de los ríos, el agua de los deshielos de la montaña. Y pasa por ahí, y eso es una sopa química. Imagínese cuando se derrama, no le avisan a la gente porque
saben que están cometiendo un delito”.
Como consecuencia de ello “en Santa María los cultivos ya lo están sufriendo. Antes
había una escuela a 12 kilómetros de la Alumbrera. Ya se fueron todos, la escuela cerró hace tres meses”, cuenta Cardozo:“También hay otro pueblito que se llama
Amanao, que tenía 240 personas hace 10 años. Vivian de la agricultura, de la cría de ganado. Yo estuve por ahí la semana pasada. Y hay un chico que está haciendo un censo y lleva los nacimientos. Hoy son 87 habitantes”.
Norberto Costa vive junto a su familia en la ciudad capital de Santiago del Estero, desde que tuvieron que dejar la finca que tienen cerca del lago de Termas de Río Hondo. “Eso es lo que nos ha afectado: las aguas del dique han contaminado las napas en donde tenemos la perforación de agua”, explica: “Los animales que teníamos se han
muerto prácticamente todos de un día para el otro. Teníamos cría de cerdos y empezaron a enfermar, a morir, hemos ido al veterinario a ver qué pasaba y
ninguno nos supo decir, así que no era ninguna enfermedad normal”.
Al mismo tiempo se ha empezado a registrar cada vez con mayor frecuencia “la gran mortandad de peces en el lago que no había ocurrido nunca hasta hace 10 años”, casi al mismo momento en que empezó a funcionar Alumbrera en 1997.
“En realidad nosotros no tendríamos que haber permitido jamás que se instalen en el país, porque la afectación al medio ambiente es real. Es un saqueo de todos los recursos naturales permitido por los gobiernos”, afirma con gran indignación el geólogo Carlos Seara, quien describe algunas consecuencias que trae aparejadas el funcionamiento de estos megaproyectos mineros: “En los cultivos empiezan a aparecer trazas, o de metales pesados, como sería el caso del cadmio o el cromo, o empiezan a aparecer elementos nocivos como el cianuro”.
En el caso del proyecto Veladero “a partir de la instalación y después de los análisis que se han hecho -hace dos o tres años atrás-, lo que se encuentra es que el
agua del Río Jachal tiene el doble del contenido de arsénico que tenía antes de la
instalación. Esto lleva indudablemente a pensar que los riegos que se están haciendo
sobre esos campos van a traer el problema de que se van a terminar cerrando los mercados en los que tradicionalmente se colocaba la cebolla sanjuanina”. Además de los costos en la salud y en los cultivos, Seara critica ciertos manejos de la Barrick Gold: “En la subida que se hace por detrás del Valle del Cura en San Juan a la mina de Veladero, Vialidad Nacional terminó de hacer el pavimento prácticamente hasta el límite cordillerano y resulta que estos señores de la Barrick han instalado directamente una tranquera, es una puerta de reja en medio del asfalto y desde ese punto hacia adelante uno no puede pasar por la sencilla razón de que ellos están instalados. Y han copado una ruta nacional que la pagó el pueblo argentino. Vergüenzas de ese tipo tenemos para hacer dulces, como decimos en Córdoba”.
Mientras tanto, en cada provincia en donde se instala uno de estos proyectos se redefinen las relaciones de poder, o mejor dicho, se invierten. Al ser tan poderosas “no es la empresa que va a sentarse frente al gobernador sino el gobernador frente la empresa”, manifiesta Gutman. Y en ese sentido indica que “aunque las regalías que dejan en el país sean bajas, en realidad a San Juan le da un beneficio. Veladero entró en explotación y le dio 200 millones de dólares en regalías y para San Juan eso es mucha plata”.
Una vez conseguidas las facilidades legales por parte del país y de las provincias las grandes empresas van por la aceptación de la sociedad. Así surgen “acciones comunitarias desarrolladas por las mineras como la donación de libros a las escuelas de la zona”, manifiesta Seara.
De esta manera Gutman plantea que “te pueden decir sí hicimos la sala de primeros auxilios, el hospital, la sala de atención para chicos en tal pueblo. Pero están explotando 6 mil millones de dólares a cambio de una sala… No hay relación económica entre una y otra cosa”.

Fondos que valen oro

Raúl Montenegro es biólogo, preside la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y encabeza la lucha que se está llevando a cabo para que las universidades no reciban los fondos de Bajo La Alumbrera. Para él las grandes mineras “rompen los tejidos sociales, generan trabajo golondrina, es decir que dura mientras permanece el nacimiento -generalmente de 25 a 30 años- y una vez finalizada se terminan esas fuentes de mano de obra, o sea se genera una actividad que tiene los días contados”. Pero además, agrega, “genera conflictos muy fuertes dentro de las propias familias,
los que trabajan y los que no trabajan. La prostitución es algo que también ha aumentado como consecuencia de ‘demandas de la propia población minera’.
Y generan las técnicas clientelares que lo único que hacen es evitar que una sociedad
pueda generar su propia organización social y sus recursos”.
La historia de los yacimientos que explota Minera Alumbrera comienza a finales de los años ‘40, cuando un profesor de la UNT los descubre y dona los derechos a esa universidad. Más tarde comenzarían a ser estudiados y quedaría conformada la sociedad
YMAD: Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, entre el gobierno provincial de Catamarca, la UNT y el Estado nacional por medio de la Ley 14.771 de 1958.
Es en esa misma normativa donde se detalla que de “las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances” un 60 % irá para la provincia de Catamarca; el 40 % restante para la terminación de la ciudad universitaria de la UTN; y una vez constituido ese proyecto, de ese 40 % la mitad será para “la formación de un fondo
nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.
La ley fue sancionda mucho antes de que YMAD constituyera la UTE junto con la multinacional Minera Alumbrera Limited (MAA) en 1997, y los fondos recién comenzaron a girarse en el 2008, momento en el que se complejizaba cada vez más la figura del
vicepresidente Julián Patricio Rooney, puesto en la mira por contaminación peligrosa para la salud.
Más allá de su vicepresidente, las gerenciadoras que conforman Alumbrera han sido “internacionalmente denunciadas por violaciones a los derechos humanos, contaminación, daños a la salud de personas expuestas a sus residuos, violaciones
laborales y graves daños ambientales”, según se lee en el informe elaborado por Montenegro. Es por eso que en los últimos meses ha comenzado a debatirse en algunas casas de altos estudios del país si es o no ético recibir los fondos. El primer rechazo formal lo concretó el Consejo Asesor Zonal de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en septiembre de 2008. Sin embargo el desconocimiento general sobre la remesa inicial de fondos hizo que esto no se conociera.
Cuando los fondos se enviaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por segunda vez –36,8 millones de pesos-, tomó conocimiento público por una carta que el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió al CIN y a los rectores de las universidades nacionales.
Fue entonces cuando se opuso formalmente la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde Montenegro es docente, y desde donde impulsan que esa medida se repita en otras universidades. Meses más tarde adhirió a la Universidad de Río Cuarto. Montenegro afirma que “la Ley 14.771 establece un mecanismo de distribución de parte de los excedentes de YMAD, pero no la obligatoriedad de
recibirlos. Además es necesario marcar la diferencia entre fondos procedentes por ejemplo de tabacaleras o petroleras y Alumbrera. Las tabacaleras y petroleras pagan impuestos a la nación por sus actividades y ventas, no van directamente a las universidades. Lo que éstas reciben son presupuestos asignados por la Nación. En el caso de YMAD y esta ley es un envío directo entre Alumbrera Limited, que tiene antecedentes de violación a derechos humanos y graves daños ambientales, y las universidades. Esto es lo inaceptable, lo no ético”.
A nivel local el tema quedó planteado en el Consejo Superior en agosto de este año, cuando el estudiante de Psicología y vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), Lisandro Lértora, leyó la carta de Pérez Esquivel en la que pedía a
los rectores que rechacen los fondos que reparte Alumbrera, asegurando que provienen de una explotación “destructiva y contaminante”. Según planteó el prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, Alejandro Echegaray, “si se rechaza o no es algo que todavía no se ha decidido. Hasta ahora lo que se ha hecho es, en el marco
de la ley aceptar un modelo de distribución del CIN, pero no se ha discutido mucho
más. Eso puede darse si es que se empiezan a producir presiones de los consejos académicos o de consejeros superiores”. “La intención del presidente”, continuó el secretario, “es elevar a una comisión para que se empiece a discutir”.
Así comenzarían a “consultar a los expertos, en geología, en problemas de salud, medioambientales, no para opinar panfletariamente, sino con fundamentos. Si luego se rechaza o se acepta habrá sido precisamente producto de una discusión debidamente fundamentada”.
Acerca del posicionamiento de los especialistas en el tema indicó que “muchos geólogos seguramente tienen la mitad de la biblioteca a favor de cómo se están haciendo las cosas en Bajo La Alumbrera y habrá otro tanto que dice lo contrario. Pero ese es el debate que tiene que producir la universidad. Además de tomar posicionamientos políticos, tener un debate de carácter científico, que es lo que corresponde”.
Efectivamente una vez que el tema quedó planteado en el Consejo Superior hubo quienes afirmaron que “no se podía afirmar que Minera Alumbrera contamina”. En esa perspectiva se encontraba el geólogo Ricardo Etcheverry. “No, no usan cianuro, entonces por qué están diciendo que usan cianuro cuando no lo usan. Hay algunas personas que son públicas como Pérez Esquivel que han opinado en contra de eso, pero en realidad para mí están desinformados. Los fondos los está dando YMAD, por una ley de la Nación, y si antes no los dieron es porque en el momento que hay dividendos los empiezan a dar”.
“Minera Alumbrera no usa cianuro”, declaró Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, en una entrevista en el diario Página/12. Materia Pendiente quiso comunicarse, pero desde la Secretaría no respondieron. Ante estas afirmaciones Montenegro resaltó que no está en cuestión si la empresa contamina. “Alumbrera Limited no utiliza cianuro, pero sus actividades generan un cóctel de sustancias químicas que incluyen metales, metaloides y otras sustancias contenidas en las rocas procesadas, y restos de los insumos industriales. Esos cócteles contaminan el ambiente y generan Derrames Ácidos Mineros (DAM), y se acumulan en depósitos que seguirán activos y sin suficiente seguridad cuando la mina haya dejado de operar”. Es por estos motivos que, para el biólogo, recibir o no los fondos “es una cuestión ética, no legal. Pero cuando la relación se establece entre una empresa contaminadora, por ejemplo Alumbrera, y una universidad pública, el asunto cambia.
Cualquier aceptación de sus fondos, por la ley 14.771 o un convenio, le quita a la universidad objetividad para estudiar sus impactos. No importa que los haga bien y
rigurosamente. Socialmente quedarán sospechados. La universidad no sólo debe ser sino también parecer”.
Sobre este punto Materia Pendiente consultó a Echegaray quien contestó que
“esa es la discusión que hay que promover. Hay muchas facultades que trabajan con
muchas empresas, en todo caso habrá que discutir qué hace la universidad respecto de éste y de otros tantos temas”. En el mismo sentido el geólogo Echeverry dijo: “No
me parece problemático eso que plantean de que las multinacionales te van a condicionar, a nosotros cuando hemos trabajado nadie nos condicionó, puede haber gente que opine que no hay que hacer minería, como puede haber gente que diga que sí
hay que hacer”.
Quien fuera decano de la Facultad de Ciencias Naturales trabaja actualmente en el Instituto de Recursos Minerales (INREMI), creado en 1989. Como se lee en su página web, el mismo “realiza y ha realizado diversos servicios y consultorías. Estos se concretan a través de un convenio marco entre la Universidad y el interesado, o bien por acuerdo directo entre el INREMI y el interesado”. Se trata de “estudios petrográficos y mineralógicos para las siguientes empresas: Aquiline Argentina, Barrick Argentina, Lamgold, Torello Hnos S.A. 2003-2006”. Actualmente trabajan con las mineras San Jorge y Bolland.
Según informaron desde la Secretaría de Administración y Finanzas de la UNLP los fondos ya fueron distribuidos por el CIN, aunque aún no han ingresado. Mientras tanto habrá que esperar, como dijo Echegaray, la decisión que tome el Consejo Superior. Hoy ya son 19 facultades las que los rechazaron, -entre las que se encuentran Humanidades
y Ciencias de la Educación; Ciencias Exactas; y Bellas Artes de la UNLP. Al cierre de esta edición el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo adhirió al rechazo de los fondos de Bajo La Alumbrera .