"Debemos mostrar que la ciencia sirve para algo"

















Entrevista a Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica.

"Plasmar el conocimiento en actividades productivas es hoy una actividad inherente a la Universidad", afirma. Insiste en la necesidad de fomentar empresas de base tecnológica, si bien admite que "no podemos esperar grandes inversiones del sector privado". Lino Barañao habla de todo: sus prioridades, los lobbys, el financiamiento externo, la propiedad intelectual y los desafíos de la comunicación científica.

Por Darío Andrinolo y Daniel Badenes



Trabajó en clonación para el zoológico de Buenos Aires, intentando conservar células de animales en riesgo de extinción. En los ochenta fue gremialista del CONICET y soñó con crear una cooperativa de científicos. Docente de la UBA, pasó de dictar Química fisiológica a crear una cátedra de Bioética, "porque tiendo a cubrir los vacíos que detecto". Ahora, a los 52 años, doctor en Química con estudios en Pensilvania y el Instituto Max Planck de Alemania, Lino Barañao trata de seguir asistiendo a su laboratorio, aunque pasa sus días entre proyectos, presupuestos y audiencias en un despacho sin lujo, en el piso que ocupa la agencia estatal de promoción científica que dirigía hace tres meses. El año pasado recibió 700 pedidos de entrevistas en una sola jornada y no fue a raíz de declaraciones polémicas o denuncias en su contra. Ocurrió el día que se anunció la creación de la cartera a su cargo: por primera vez, Argentina tendría un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la zaga incluso de países vecinos como Brasil, donde hay uno desde 1985. "En Argentina se da un cambio que ya ocurrió en los países desarrollados hace unas décadas –explica Barañao–, que tiende a acoplar la generación de conocimiento con la generación de riqueza, entendida no con la connotación negativa que suele dársele, sobre todo en los ámbitos universitarios, sino en lo que realmente implica como creadora de puestos de trabajo y medio efectivo de promover la inclusión social".

– Tener un ministerio generó muchas expectativas... ¿qué garantías hay de que no sea simplemente una cáscara para algo que ya había?

– Creo que hay dos tipos de expectativa. Una es la que tiene la comunidad científica, que vio la creación del ministerio como un éxito corporativo. Otra es la expectativa de la sociedad o el sector político, que realmente creen que la ciencia y la tecnología pueden ser motores de desarrollo. A mí me preocupa más esta última. Más que un ministerio al servicio de los investigadores, este es un ministerio que pretende usar efectivamente a los investigadores para promover el desarrollo del país. Es una visión diferente, en la que deja de tener tanta importancia la inclusión formal de los distintos organismos, por ejemplo. Ese es un reclamo más endógeno que de la sociedad. Creo que la sociedad desconoce siquiera de dónde dependen cada uno de los organismos; ni le interesa demasiado el cambio de estructura en lo formal, sino que espera ver resultados concretos: un problema que se soluciona, alguna cadena que adquiere competitividad sobre la base de incorporación de conocimiento. Para eso no necesitamos incorporar a los otros organismos: necesitamos financiar proyectos de alto impacto que convoquen a investigadores independientemente de dónde revisten. De hecho ya tenemos una experiencia acumulada en este sentido, a través de los instrumentos asociativos de fondos (como FONCYT y FONTAR) que pertenecen a la Agencia, que integran personal que está trabajando en distintas instituciones. Muestran que no es necesario tener a todos los institutos adentro para luego definir los planes, sino a la inversa: hay que formular metas con cronograma, y avanzar en eso. Para eso estamos gestionando distinto tipo de financiamiento. Hay uno destinado a creación de fondos sectoriales de mayor envergadura para atender a proyectos estratégicos: en energía, salud, agronegocios. Otra línea de financiamiento es para creación de empresas de base tecnológica en diferentes áreas. Y próximamente comenzaremos también un plan de infraestructura científico-tecnológica para ampliar y generar laboratorios...

– Se ha hablado bastante de "áreas prioritarias". ¿Cómo se define un área prioritaria?

– Hay dos procedimientos. Uno es convocar expertos para que opinen sobre cuáles son las prioridades en las distintas disciplinas. La experiencia indica que si uno convoca diez expertos indefectiblemente van a aparecer diez áreas prioritarias. Y si uno convoca tres expertos más, para que achiquen la lista, habrá trece. Eso permite definir el universo de lo posible: no se establecen prioridades porque nadie está obligado a declarar en su contra; ningún investigador va a decir que su tema no es relevante. Este ejercicio ya se hizo: tenemos un Plan Bicentenario de Ciencia y Tecnología que define para las distintas áreas cuáles son las necesidades y posibilidades. Ahora, sobre esa base vamos a fijar un orden de ejecución de los proyectos a partir de la consulta a dos sectores que consideramos relevantes. Uno es la demanda social: problemas de salud, desarrollo social, de trabajo, ambientales... Va a haber un consejo consultivo de la demanda social. Y otro de sectores productivos que demandan tecnología. Eso nos permite, por ejemplo, saber la necesidad de crear un instituto tecnológico para la industria automotriz que pueda desarrollar un motor en Argentina. Ese es un proyecto que ya está formulado y que implica desarrollo tecnológico local, que va a convocar desde ingenieros hasta expertos en nuevos materiales. Fue una demanda que surgió del sector automotriz. En el otro extremo, el Ministerio de Desarrollo Social nos ha planteado temas no resueltos como el acceso al agua potable. Lo que uno puede hacer en esos casos es, en lugar de financiar la oferta, licitar sobre la base de la demanda: dónde ubicamos este instituto de desarrollo para la industria automotriz o quién se encarga de producir tal medicamento. Y hemos descubierto que es interesante hacerlo no sólo sobre la base de la existencia de una masa crítica de recursos humanos, sino del apoyo de los gobiernos locales o provinciales. Esto es una garantía del éxito: tenemos casos muy interesantes, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, en la industria metal-mecánica y en el área de maquinaria agrícola como en la industria lechera. Este concepto de distrito tecnológico ha sido muy eficaz en Italia, que tiene una estructura productiva bastante parecida a la argentina en cuanto a desarrollo de PYMES de alta tecnología. Modelos como el americano, el de los países europeos centrales o los de India o China, nos son totalmente ajenos: no podemos pensar en grandes inversiones del sector privado porque no tenemos multinacionales con base en el país.

– Los problemas sociales o medioambientales, como el caso del agua que es un derecho de todos, no se podrían delegar en las empresas... ¿eso correría por medios tradicionales de financiamiento?

– Cuando hablamos de agua, hablamos de solucionar un problema social y de usar conocimientos generados... Hay muchos desarrollos a un muy bajo costo que son altamente eficaces. Y tiene que haber una participación muy importante de las áreas sociales en este proceso. En muchos casos el problema no es tecnológico: hay que cambiar la cultura. Eso hace a consumir agua segura, hace a los hábitos alimentarios. Es inadmisible que un país como la Argentina tenga problemas de nutrición infantil... La India alimenta a 1.100 millones de personas, 60 por ciento de los cuales son vegetarianos; ¿cómo puede ser que en Argentina, con una superficie casi igual y una población que es centenas de veces menor, haya chicos que no comen adecuadamente? Hay todo un tema de repensar los hábitos alimentarios... Es un problema que las madres adolescentes no sepan hacer otra cosa que un bife, cuando tienen, y si no tienen el chico no come. Hay una cantidad de alternativas para brindar una nutrición adecuada sobre otra base, que garantizan que ese chico no tenga problemas de aprendizaje irreversibles. Estamos pensando en la educación del futuro y hay chicos que tienen limitada severamente su capacidad de aprendizaje porque no se ha nutrido adecuadamente

La industria farmacéutica

Barañao tiene sobre su escritorio la primera edición de Materia Pendiente, abierta en sus páginas centrales. Allí está la experiencia de la producción pública de medicamentos, un camino posible hacia el derecho a la salud pero lleno de piedras. El ministro destaca el apoyo a "algunos proyectos relevantes" durante su gestión al frente de la Agencia y anuncia la pronta entrega de casi 4 millones de pesos a un instituto de la UNLP para producir vacunas (ver páginas 14 a 17). "Creemos que la producción pública de medicamentos cumple un rol esencial en el caso de drogas huérfanas y cuando hay actitudes extorsivas de laboratorios en cuanto a fijar en forma monopólica el precio de determinados fármacos. Ahora con el Ministerio de Salud tenemos una política coherente, que antes no existía. No podíamos fijar unilateralmente la política de salud desde Ciencia y Tecnología, que en ese momento era una Secretaría. Si el Ministerio de Salud no demandaba..."

– ¿En qué medida se siente el lobby de los laboratorios?

– Existe. Probablemente sea más un problema en el Ministerio de Salud. Acá tenemos dos demandas que no son contrapuestas. Por un lado hay instituciones públicas que tienen que liderar el cambio haciendo un desarrollo científico-tecnológico de punta. Por otro, tenemos un compromiso de apoyo a la industria farmacéutica nacional, que debemos respetar. La industria farmacéutica puede ser uno de los pilares de la diversificación de nuestro modelo productivo; estoy convencido de que Argentina tiene ventajas competitivas para desarrollar toda una cadena: desde la investigación básica en biomedicina, experimentación en animales, ensayos clínicos y producción de medicamentos con normas de calidad internacional. Creo que puede ser un polo de producción de fármacos para toda América Latina... Hay rubros que tiene que asumir el sector privado, porque la producción es a escalas que no son encarables desde el Estado. En otras el Estado tendrá que asumir la producción. Pero tenemos que diferenciar cuál es la función de cada sistema. La función del sistema público es fundamentalmente generar nuevo conocimiento y marcar tecnología de punta. No tiene sentido que un grupo de primer nivel de la Universidad envase o alicuote un fármaco: ahí estamos perdiendo recursos no sólo financieros sino humanos, que deben dedicarse a desarrollos que sean la base de nuevos fármacos.

– Pero no hacer producción pública a nivel masivo

– Dependiendo del caso. Por ejemplo: si un medicamento para el chagas es fabricado por una sola empresa multinacional, bueno, el Estado tendrá que salir a producirlo para competir. Lo que no tiene sentido es la producción masiva de un medicamento que el sector privado nacional hace en condiciones de calidad y precio adecuados. La función del Estado es garantizar al ciudadano el acceso a medicamentos de calidad. Y debe salir a cubrir aquellos casos donde el sector privado no tenga una conducta conveniente para el país. Pero no tiene sentido sustituir a la empresa privada; de última estamos quitando fuentes de trabajo a los propios egresados de la universidad. Es una competencia desleal que además le hace perder a la universidad su rol específico en cuanto a ser generadora de conocimientos. Eso el sector privado no lo va a hacer en Argentina. El sector privado no tiene una capacidad de inversión en desarrollo que compense la que tiene la Universidad... Por otro lado, también hay que ser cautelosos y garantizar que todo fármaco que se produzca en el sector público cumpla estrictamente con las normas de calidad adecuadas. Sería muy peligroso si se produjera algún problema con un medicamento: el público en general no va a diferenciar. Va a decir: todo lo que es sistema público está mal, yo no quiero una droga de segunda calidad. Así hagamos vacunas, la sospecha abarcaría a todo. O sea, ponemos en riesgo todo el sistema público.

Innovación productiva

A mediados de los ´50, el impulso nacional a la ciencia y la tecnología se dio mediante la creación de institutos específicos, dedicados a la energía atómica (CNEA), la tecnología agropecuaria (INTA) y la tecnología industrial (INTI), además de un organismo de investigaciones más abarcativo: el CONICET. "Funcionaron muy bien y para muchas cosas siguen funcionando", evalúa Barañao, aunque advierte: "son instituciones que adquieren una lógica interna muy estricta, donde el sentido de pertenencia es muy importante y se establecen conductas
tribales bastante difíciles de vencer. Los investigadores del INTA no se identifican con los del CONICET. Y alguien de una Universidad puede tener un odio ancestral a alguien que viene de otra... Para algunas cosas, esa lógica institucional se contrapone a la necesidad de adquirir masa crítica para encarar proyectos de gran envergadura".

– ¿Qué cambios pretende hacer al respecto?

– Queremos superar esa lógica a través de un sistema de financiamiento suficientemente atractivo como para que confluyan grupos de investigación de distintas instituciones. Eso tiene que ver, de nuevo, con la expectativa de la sociedad. Supongamos que queremos hacer un ministerio de fútbol. Cada club diría: bueno, ahora solucionan mis problemas, yo quiero remodelar la cancha, yo quiero... Pero afuera, aquel que no está identificado espera que haya algún seleccionado que gane algo. Bueno: ese es nuestro principal compromiso hoy por hoy. No resolver el problema tribal o local, sino mostrar que la ciencia y la tecnología sirven para algo. Si no, no hubiéramos creado un ministerio. Para seguir con la actividad cultural y con la actividad atomizada bastaba con la Secretaría.

– ¿Y qué rol tendría que cumplir la Universidad?

– Es una pieza clave. Sin una Universidad que acompañe, el cambio cultural que pretendemos inducir no va a tener lugar. La Universidad tiene que adquirir un nuevo rol, que se adiciona a las funciones que tradicionalmente tenía: la de educar y formar profesionales, la de generar conocimiento y la de hacer transferencia. Hoy la innovación, o sea el plasmar ese conocimiento en actividades productivas, es una actividad inherente a la Universidad. Es muy interesante el caso de Noruega donde, por ley, las universidades han incorporado esta función: tienen que crear empresas de base tecnológica para generar puestos de trabajo. Durante mucho tiempo la universidad estuvo formando empleados para grandes empresas, sean estatales o multinacionales. Básicamente toda nuestra educación está destinada a formar empleados: gente adaptable, obediente, con un conocimiento acotado. Lamentablemente, o no tan lamentablemente, ese esquema ya no funciona porque no existen los grandes empleadores.

– Esas empresas a crear, ¿son empresas del Estado? ¿cooperativas...?

– A ver: si yo siguiera mi corazoncito me encantaría que fueran cooperativas de profesionales... Me parece que es el modelo a seguir porque además es el que distribuye mejor. ¿Por qué queremos crear empresas de base tecnológica? Porque son las que distribuyen más naturalmente los ingresos. Una empresa de software reparte alrededor del 60% de las ganancias entre los que programan; a diferencia de una manufacturera donde el margen de ganancia lo tiene el que puso el capital. Queremos que quien pone el conocimiento sea el que gane más. Entonces la Universidad tiene que generar un profesional más flexible, más adaptable, más creativo. Ahora la obsolescencia del conocimiento es muy rápida: las empresas de software tienen el problema de que hay gente que entró hace diez años que ya no les sirve. Ahí tenemos un problema grave, porque ese tipo después no tiene otra posibilidad de inserción. Nos interesa el proceso de formación continua, que la Universidad también tiene que incorporar. No solamente que entregue un graduado a los 30 años y se olvide. Por otro lado, la tecnología avanza de forma tal que todo trabajo reiterativo, de rutina, tarde o temprano va a ser reemplazado. Necesitamos a alguien con capacidad de crear, de innovar, de moverse con cierta independencia: es un modelo tradicionalmente distinto al profesional que se está formando en forma masiva hasta ahora... Algunos grupos de opinión critican el énfasis en lo privado como si fuera una línea excluyente: cuando hablamos de privado, para nosotros, es la PYME de base tecnológica. Es la PYME nacional, que crea puestos de trabajo. Un poco a lo que uno apunta es a crear un nuevo tipo de empresario. Un empresario que surja del ámbito universitario y que tenga un compromiso por estar en deuda con la sociedad que le bancó la carrera. No es el tipo formado con posgrado en Harvard, que siente que no debe nada a nadie, porque sus viejos le pagaron la carrera y entonces su función es tener el mejor nivel de vida posible.

La propiedad del saber

El teléfono suena cinco veces durante la charla pero el ministro no atiende. Se entusiasma con la conversación y el debate, conciente de que tiene más que dos interlocutores. "Algunos grupos de opinión...", dice para refutar críticas al aspecto más controversial de su discurso: el potencial conflicto entre interés general y fomento de la empresa privada. En el encuentro surge la preocupación por el monocultivo sojero. Barañao sabe polemizar: "Nos quejamos de la soja pero, ¿quién paga el costo de no plantar soja? Hay algunos proyectos muy interesantes que se están haciendo con cultivos alternativos". Cita el caso del amaranto: un cultivo de grano que la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) califica entre los mejores alimentos de origen vegetal para consumo humano. Hace más de siete mil años era cultivado masivamente por pueblos originarios del continente, hasta que los españoles lo prohibieron por temores religiosos: el amaranto era utilizado en rituales. "Me parece particularmente interesante: es un cultivo tradicional de Latinoamérica, de mayor calidad desde el punto de vista nutricional y tiene un amplio rango de aplicaciones: desde encontrar las variedades más efectivas para que sea una alternativa a la soja en la pampa húmeda, hasta algunos proyectos que estamos financiando en Jujuy de producción de alimentos para comedores infantiles basados en amaranto, usando hornos solares para no usar la leña... Un proyecto que cierra por todos lados. Ahí no tenés la gran multinacional cerealera como única beneficiaria, sino al habitante de la puna que además recupera su tradición alimentaria original"

– ¿Qué pasa en estos proyectos con la propiedad intelectual y las patentes? ¿Lo comparten la universidad, el investigador y la PYME? Y en casos como el del amaranto, hay una propiedad intelectual de los pueblos nativos...

– Es un tema tremendamente complejo y por lo tanto no tiene soluciones sencillas. No hay lugar para una posición fundamentalista de decir, por ejemplo, "estoy en contra de las patentes porque atacan a la industria nacional". Está muy bien si vos no tuvieras ningún desarrollo nacional. En la medida en que tenés capacidad intelectual, te empieza a jugar en contra. Lo que hay que tener es una posición hábil. Un poco lo que hace Brasil: limita a la multinacional, le dice "no estoy dispuesto a pagar tanto por este medicamento", y protege todo lo que desarrolla. Y después negociar. Está claro que no podemos regalar la propiedad intelectual porque es un valor que se generó con una inversión pública. El tema del conocimiento en los pueblos aborígenes es fundamental; Brasil también está discutiendo eso. A veces es difícil de aplicar, pero en nuestro caso hay algunas áreas en las que sería tremendamente importante. Y el tema de la formación en las universidades también nos preocupa. En este momento no se da una formación en propiedad intelectual. Ni siquiera se enseña cuál es la dirección de la base de datos de patentes, que es pública, para poder buscar. Se busca en las revistas internacionales y no en la base de patentes; lo que hace que estemos financiando proyectos de investigación que ya están patentados hace diez años. Es un problema del Estado: el investigador dice "no hay nada publicado en este tema", y en realidad no hay nada publicado porque ya está patentado... Muchas veces nos damos cuenta cuando el investigador dice "encontré esto, creo que lo puedo patentar". Y ya estaba patentado antes de que él empezara a hacer su investigación con recursos públicos. Nosotros estamos asesorando, pagando las patentes de las universidades y apoyando la formación de núcleos de recursos humanos. Me contaron que en biotecnología una patente está tardando siete años, porque no hay profesionales expertos en el tema. Cuando sale la patente ya es vieja... El tema propiedad intelectual es clave; tenemos un área particular para esto, con esta óptica: una posición de independencia y cierto margen de dignidad, de defensa de lo que es propiedad del Estado.

Presupuestos

Salvo que lo consulten, el ministro no habla mucho del presupuesto, aunque su aumento y sus destinos deben ser una preocupación de la gestión. "Tenemos una proyección casi para diez años de presupuesto creciente", explica.

– ¿Hay una meta de porcentaje del PBI?

– La meta es llegar al 1% del PBI.

– Más o menos como Brasil

– Más o menos como Brasil.

– No vamos a ser Corea, pero...

– No todavía.

– ¿Ese 1% incluye la participación pública y privada?

– Si... Creo que acá vamos a llegar al 1% y va a seguir siendo 80% pública. Esperamos que a través de la creación de fondos sectoriales (en los que se da a una empresa un subsidio por el 50%, por lo que forzosamente tiene que invertir el otro 50%) logremos traccionar fondos de ciertos sectores que tienen ganancias muy altas. Si uno ve lo que mueve el sector energético y le aplica un porcentaje de 0,005 por ciento, tenés una cantidad de plata imposible de gastar en un futuro cercano... Vamos a hacer un esfuerzo por traccionar inversión privada. Sobre todo porque como las grandes compañías no tienen sede acá, nunca vamos a tener los porcentajes e inversión del sector privado que tiene Estados Unidos, donde una sola compañía farmacéutica te invierte todo el presupuesto de Argentina, porque invierte allá también las ganancias de acá. Nuestro país es más similar a Italia, donde hay muchas PYMES y el Estado les hace el desarrollo...

– En el tema del presupuesto se habla mucho de la cantidad de dinero que se usa de préstamos del BID. ¿Eso va a cambiar?

– Está cambiando. El presupuesto para los Proyectos Científico Tecnológicos (PCT), que en principio eran 62 millones del BID, lo vamos a pasar al presupuesto nacional. Todo lo que es investigación básica lo va a financiar el Estado y vamos a destinar los fondos del organismo multilateral para algunos programas específicos. En definitiva son fondos del Estado, digamos, lo que pasa es que en otros períodos estos organismos ponían condiciones y eso condicionaba las políticas. Hoy por hoy estos organismos tienen ciertos problemas en ubicar sus fondos y el país está en una posición muy diferente para negociar. En el período 2001-2002, por ejemplo, si no hubiera sido por los fondos del BID, hubieran tenido que cerrar los laboratorios. No había plata del tesoro por ningún lado... El financiamiento del BID tiene algunas ventajas, más allá de que no se puede comprar a China o a Cuba, que uno lo puede hacer en paralelo con fondos propios. Hace que uno tenga que discutir con gente que conoce del tema, y pueda contrastar con lo que pasó en otros países. Y una vez que se aprobó, garantiza la llegada de los fondos año a año, o sea que no depende de discusiones del presupuesto nacional. Además impone mecanismos que son sanos en cuanto a la competencia, la evaluación por pares, que no era un sistema instaurado cuando los fondos venían exclusivamente del Estado. Ya la comunidad lo asumió, nadie aceptaría una distribución arbitraria de los fondos, pero bueno: durante mucho tiempo eso fue una imposición, que ahora se ha hecho carne y no necesitamos esa justificación. Pero pretendemos dejar de tener financiamiento multilateral, ya sea porque progresivamente incorporamos un porcentaje al tesoro nacional, como en el largo plazo, la creación de estos fondos sectoriales como hizo Brasil. Y estamos pensando sumar fondos para encarar proyectos de gran envergadura, que necesitan la confluencia de mucha gente (ver recuadro: "En Pocas Palabras"). No vamos a sacar recursos a nadie, no quiero que mis amigos que hacen ciencia básica se sientan amenazados. Se trata de tener proyectos de alta visibilidad social que nos permitan incluso generar más fondos para la investigación básica. Pero si aumentamos el presupuesto varias veces y lo único que ocurre es que pasa de 1,2 a 1,7 el promedio de publicaciones por investigador, estamos mal.

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