Un Camino necesario - Producción pública de medicamentos













Por Luciana Aon



El acceso a la salud es un derecho de todos; y un deber del Estado. Por eso los medicamentos deben ser entendidos como un bien social, pues involucran la calidad de vida de los ciudadanos.
“En tanto una parte de la población sobreconsume, otra mayoritaria ni siquiera puede acceder a medicamentos esenciales salvo que los mismos sean provistos por el Estado”, advierte n informe de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA realizado en 2005.
Daniel Gollán, director del Programa Salud en la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) explica que en nuestra sociedad el medicamento tiene una doble condición que genera
una situación contradictoria. Porque si bien tiene una “dimensión social que es aquella por la cual todo individuo tiene un derecho garantizado por el Estado, en pactos internacionales y en la Constitución Nacional”, también es un producto de mercado, que genera lucro y entonces la industria “tiende a hacerlo inaccesible a la gente”. Y en este sentido Gollán rescata al doctor
Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud de la Argentina, quien ya en los años ´40 planteaba que “sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo”.
Pero la diferencia entre una y otra perspectiva “la marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salud y la no salud”, sentencia Gollán. Se deben garantizar entonces los medicamentos básicos esenciales, de calidad, para toda la población. Cecilia Milazzo, directora técnica de la Unidad de Producción de Medicamentos (UPM) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP (ver página 25) también subraya la necesidad de dejar de pensar a los medicamentos como objetos de mercado: “la población los necesita para estar en condiciones de salud y eso lo tiene que garantizar el Estado”. Inés Iglesias, coordinadora de producción en la UPM plantea que “es toda una pelea, porque la industria del medicamento a nivel mundial es una de las tres más poderosas: el petróleo, las armas y los medicamentos; entonces la lucha no es menor”.

Una diferencia sustantiva

En el año 2002 se sancionó la Ley 25.649 que establece que los médicos y odontólogos deben recetar los medicamentos por nombre genérico y que luego el farmacéutico ofrecerá al público la variedad que tenga de ese principio activo en esas dosis, de modo que el consumidor pueda elegir.
Se trata de la Ley de Prescripción de Medicamentos por Nombre Genérico que fue anunciada como un gran avance en términos de políticas públicas, y se convirtió en el estandarte
de la gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud. Sin embargo, Iglesias dice que es “justamente otra ley que favorece a los laboratorios privados, argentinos, pero privados, que producen copias de medicamentos líderes a los cuales beneficia la receta por nombre genérico”. Se refiere a copias justamente porque en Argentina se producen medicamentos que tienen
los mismos parámetros fisicoquímicos que la marca líder, pero no genéricos.
Por su parte, Milazzo explica que para poder hablar de genéricos “hay que hacerle ensayos biológicos para demostrar que administrado a una muestra de personas también es equivalente”.
La diferencia entre genéricos y por nombre genérico parece menor; pero tanto Gollán como Iglesias y Milazzo coinciden en remarcar el contrapunto porque de algún modo indica una
falencia de la industria: sólo el 2% de la facturación de los laboratorios privados argentinos se aplica a investigación.
Además los tres especialistas acuerdan en que la ley no se cumple.
Por eso a principio de este año el Ministro de Salud tuvo que firmar una resolución para obligar a las farmacias a exhibir un cartel que recuerde la obligación de médicos y odontólogos.
Pero como ejemplifica Gollán, las mismas instituciones del Estado hacen lo que prohíben: “el vademécum de Pami viene con la denominación comercial”.

Patentado

La ley de Patentes en Argentina, modificada en el año 2000, establece que desde ese momento no se puede copiar ningún producto nuevo sin pagar lo que corresponde. Las patentes tienen
dos modalidades. En una, se registra el comprimido que un laboratorio elabora de determinada forma, con ciertas cantidades, y haciendo las pruebas reglamentarias. En la otra, se inscribe
la síntesis de un principio activo.
Mientras dure la patente, el cómo se hizo el comprimido o cómo se consiguió la molécula, es secreto. Una vez que vence, esa información pasa a figurar en la farmacotecnia internacional.
En Argentina se producían moléculas allá lejos y hace tiempo, en los años ´70 y hasta los ´80, pero luego se dejaron de desarrollar “por la famosa frase de que afuera lo hacen mejor y más barato”.
Daniel Gollán cuenta que ahora “no se produce una sola molécula en el país” pero reconoce que ya no queda mucho por descubrir en la industria farmacéutica. Entonces “hay una dicotomía entre los que piensan que hay que investigar solamente lo novedoso (desde la genética y la biotecnología, por ejemplo, que en el país tienen nichos interesantes) y los que pensamos que además hay que investigar retrospectivamente lo que ya inventaron otros”. Otra vez, la
mirada está puesta en la misma falta de perspectiva. Porque la balanza es siempre desfavorable: exportamos más a menor precio e importamos menos a mayor precio. Por eso “es imperioso que
los empresarios del sector farmacoquímico del país se pongan a investigar”.
Este problema muestra ya dos aristas de conflicto a futuro. Por un lado porque como no se investigan principios activos en el país la droga base se importa, de China o de India, y luego se exportan los comprimidos terminados. Y Gollán sostiene que esa es “una estrategia que dura poco” porque “los chinos dentro de diez o quince años van a tener los laboratorios para hacer
medicamentos de calidad”.
Por otro lado hay drogas huérfanas o patentadas, que si no se desarrollan en el país van a faltar para atender patologías locales. El Chagas es un ejemplo paradigmático. El laboratorio Roche tenía la patente del Benznidazol, una droga con muchos efectos indeseables, pero la única para el
tratamiento de esta enfermedad; como ya no le resultaba rentable producirla le propuso a Brasil entregarle la patente de la droga (en el mundo farmacológico se comenta que primero la ofreció
a la Argentina, pero ni siquiera tuvo respuestas) y según cuenta Inés Iglesias “la condición que puso para cederles la patente fue que no exportaran”. Entonces Brasil va a producir en su complejo de Farmanguinhos, donde ya tiene una estructura montada de desarrollo y producción de medicamentos, “lo que significa que de acá a dos años van a ser los únicos que van a tener tratamiento para el Chagas”.
Los especialistas apuntan a la necesidad de revalorizar la investigación para garantizar el acceso a los medicamentos; pero además para desarrollar remedios que traten enfermedades propias de determinadas zonas del país, y no sólo los que la Organización Mundial de la Salud considera esenciales. Única respuesta Después de la debacle del 2001, conseguir medicamentos se convirtió en una misión imposible. “La respuesta que se da desde el Estado, a partir del ministerio de Ginés, es un plan de salvataje a la industria privada argentina, que es el Plan
Remediar”, explica Iglesias, y enfatiza: “con la devaluación en 2002 empiezan a no ganar tanta plata, no a perder sino a no ganar tanta plata, y encuentran la solución ideal en la estructura de ese plan”.
En el marco de una crisis política, social y económica, pero también sanitaria, el Ejecutivo nacional a cargo de Eduardo Duhalde, recurrió a un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para poder asegurar el acceso gratuito a los medicamentos básicos a la población por debajo de la línea de la pobreza y sin obra social. El préstamo financia sólo una parte del programa pero que incrementa de sobremanera la deuda externa. Y la contraparte la pone el gasto del Estado.
El sistema se organizó de manera tal que se hace la compra centralizada por licitación de medicamentos esenciales –son 54 los que constituyen el vademécum– y luego se distribuye
por correo, en botiquines cerrados, a todos los Centros de Atención Primaria del País. Así, los laboratorios privados nacionales a los que se refiere Iglesias se convirtieron en proveedores del Estado.
Aunque el Remediar empezó como un plan de contingencia con una duración inicial planificada hasta 2006, hoy se convirtió en la única política nacional de medicamentos, después de la Ley
de Prescripción por Nombre Genérico.
Además, ya se renovó hasta 2010.

Tendiendo redes

Pero la crisis de 2001 generó respuestas diferentes en el nivel de otras instituciones del Estado. Muchas de las asambleas que se formaron en ese momento empezaron a buscar alternativas para el tema de acceso a medicamentos, así como también los hospitales públicos se movilizaban
porque no tenían con qué responder a los pacientes. Inés Iglesias cuenta que “en ese marco ya había muchos sectores que venían militando por un concepto distinto de lo que son los medicamentos, y cómo debería resolverse ese dilema en la A rgentina”.
Así surgió el enlace entre la UPM de La Plata y la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de Medicina de la UBA, que desde 2003 realizan los Encuentros para la Producción Pública
de Medicamentos. “¿Qué provincias o qué municipios se dedicaban a producir en su lugar,
en mayor o menor escala?”, fue la pregunta disparadora para Cecilia Milazzo.
De esta manera se toparon con una realidad hasta entonces desconocida: había en el país estructuras con una capacidad ya instalada, que no se estaban aprovechando. Las distintas
regiones del país tenían plantas de producción industrial, o farmacias hospitalarias; entonces comenzaron a agruparse y pensar estrategias en conjunto para hacer entender “que es una necesidad del pueblo argentino que va más allá de la voluntad del gobierno de turno” dictamina Iglesias: “ahí empiezan a reclamar que el Estado invierta, que ellos están en condiciones de responder a las demandas, pero necesitan más capacitación de recursos humanos e inversión para arreglar o mejorar las maquinarias”. De esta manera se acercaron a la SECyT donde
recibieron el apoyo de Daniel Gollán, coordinador del Programa Salud de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales.
Son más de cuarenta plantas en todo el país, aunque sólo veintiuna pudieron comprometerse políticamente en la conformación de una Red de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos (ver recuadro). Sin embargo, como enfatiza Milazzo, “es un bien federal”. El acta de conformación se firmó a mediados de septiembre de este año y contó con el aval de la SECyT,
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y más de un centenar de organizaciones sociales. Ese consenso legitima su implementación, y exige que se lo financie: “Todo lo que
es la organización sistémica de lo que anda desparramado por ahí, si se hace bien, tiene que dar un buen resultado para un uso más eficiente de los recursos del Estado”, reflexiona Gollán.

Crítica y propuesta

Quienes constituyen y apoyan la Red creen certeramente que hay que buscar una salida al Plan Remediar. Principalmente por razones de soberanía: “que el Estado invierta de una vez y haga un uso racional de los recursos que tiene”, reclama Inés Iglesias. La alternativa que proponen es
que todos los laboratorios públicos funcionen en una red descentralizada a través de una división de tareas. Cada laboratorio se especializaría en proveer determinados medicamentos, las universidades harían investigación para el desarrollo de nuevas especialidades y el control de calidad, y todos intercambiarían los productos para abastecer al sistema de salud público nacional.
“Nosotros planteamos que lo más racional es hacerlo en forma progresiva. Por eso se decidió que lo primero que se va a intentar es comprar en conjunto”, revela Gollán y explica que la disminución del costo alcanzaría el 30%. Pero trabajar en red significa centralmente lograr
un circuito amplio de intercambio entre los laboratorios públicos. Y aunque algunos ya lo están haciendo, se necesita financiamiento, “sobre todo en algunos laboratorios que todavía no
cumplen con los requisitos de Buenas Prácticas de Manufacturas en sus instalaciones, sus equipos y procesos”, la exigencia planteada por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Y sin la autorización del ente regulador sólo pueden intercambiar y establecer convenios dentro de los límites de su provincia. Así de paradójica es la
legislación argentina, que marca que un medicamento que tiene certificado de calidad y autorización del ente competente en Buenos Aires, no lo sea en Santa Fe ni en ninguna otra provincia.
La propuesta incluye otra clase de intercambios, tanto o más importantes que el de medicamentos. Se trata de la necesidad de compartir capacitación, recursos humanos e instrumentos de financiación para la compra de equipamiento. “Hay que planificar”, explica
Gollán: “Lo más lógico es que los productos de alto consumo se hagan regionalmente, para abaratar desplazamientos. Y los que son de bajo consumo, que los hagan uno o dos laboratorios y se distribuyan a todo el país”.
Los informes realizados por la Red advierten que sólo con la suma que implica el gasto administrativo del Plan Remediar, se podría dar impulso a esta propuesta. Y así los laboratorios
públicos producirían prácticamente todos los medicamentos del vademécum del Remediar. “Hay tres que no se hacen pero por problemas de infraestructura de plantas. O sea que si le sumás una inversión extra, tenés todo cubierto”, propone Cecilia Milazzo.
Gollán explica que el Remediar es “un programa que es una metodología, que se distribuye de una manera y con unos formularios específicos que permiten recabar datos epidemiológicos”. Por eso “hay partes del proyecto que son muy útiles para ser usado aunque compremos los medicamentos a laboratorios públicos”. Es una alternativa posible para el funcionario, que asegura en que el Plan ha sido “muy positivo en muchos aspectos” pero sería mejor “con
provisión de los laboratorios del Estado”.
“¿Qué contesta el Ministerio de Salud a ese planteo? Que los laboratorios públicos no están en condiciones de producir medicamentos de calidad”, cuenta Iglesias. Pero eso no es verdad: todos
los laboratorios tienen sus plantas y medicamentos certificados por lguna autoridad competente.
Por otro lado la producción e investigación desarrollada desde el sector público, pone una barrera
ante el abuso de la industria. Los tres especialistas citan el ejemplo de Brasil, que logró quebrar la patente de los antirretrovirales contra el VIH, amenazando con que si los laboratorios
privados que tenían el principio activo registrado no bajaban el precio, ellos lo harían en Farmanguinhos. Gollán, Iglesias y Milazzo coinciden en que esa firmeza política sólo puede ejercerse cuando un Estado tiene la capacidad de responder, y esa fuerza se la da un proyecto a largo plazo.
“Además hay que sacarse esta mentalidad neoliberal de medir solamente el precio del comprimido, y fijarse que estos laboratorios están todos en el interior del país menos uno que está en Capital, contra los privados que están todos concentrados en Capital Federal y Gran Buenos Aires en casi un 90%”, cuestiona Gollán. En ese sentido resalta que “detrás de los laboratorios públicos hay un factor de desarrollo económico: fuentes de trabajo, investigación, profesionales que pueden volver a trabajar a sus pueblos”.
La propuesta se apoya entonces en dos pilares. En primer lugar, el derecho de todos los ciudadanos a acceder a medicamentos de calidad y económicos, aprovechando los recursos
del Estado. Como dice Iglesias, “no sería un beneficio sólo para el sistema público de salud sino para toda la población”.
En segundo término aparece la necesidad que un sector industrial como el farmacéutico sea sostenido e impulsado a partir del desarrollo de ciencia y tecnología nacionales, para no quedar relegados a nivel mundial.

Política de Estado

La Red de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos es una realidad insoslayable. Tanto Gollán, desde la SECyT, como Iglesias y Milazzo en la UPM, consideran que sólo hace falta una decisión política. Pero hasta hoy, el gobierno ha optado por el Plan Remediar, con todo lo que
implica: apuntalar a los privados –en desmedro de una producción pública emergente–, acrecentar la deuda pública, copiar antes que generar formulaciones propias, y priorizar el
centralismo en un país federal.
“Tenemos hasta el 2009 para decir basta, no firmen de nuevo. Porque con la plata que pone para el Remediar podrían levantar esto”, concluye Cecilia Milazo, la directora técnica de la UPM. Para Iglesias no hay en el horizonte ninguna voluntad de parte del gobierno de hacerse cargo de la propuesta de la Red, aunque advierte: “nosotros vamos a seguir peleando para que se haga efectiva, porque no pasa sólo por una cuestión de principios nuestra, sino de la necesidad del pueblo argentino”.
–¿Por qué el Ministerio de Salud no apoya la Producción Pública de Medicamentos?
–No lo sé. Habría que preguntarle al Ministro.

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