¿Universidad Cromañón?





















La tragedia de Río Cuarto fue una advertencia, pero la actual situación de edificios y laboratorios indica que la historia podría repetirse en cualquier momento. Se trabaja en lugares no aptos que requieren transformaciones estructurales, superpoblados y sin criterios de responsabilidad. El panorama corresponde a la UNLP y a todo el país. Aquí, trabajadores y funcionarios caracterizan dimensiones y posibles soluciones de un problema que no se resolverá de un día para otro.

Por Luciana Aon



La tragedia en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de Río Cuarto, a fines de 2007, puso en alerta a docentes e investigadores de las universidades nacionales: ¿cuáles son las condiciones
de seguridad e higiene en las que se hace ciencia en el país?
El panorama es por demás complejo y polémico. Incluye el abandono de la Universidad durante décadas por parte del Estado; edificios viejos utilizados y modificados en función de fines diferentes a los de su construcción; y docentes e investigadores trabajando en condiciones paupérrimas. Para Aldo Campana, integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, “la realidad del país hizo que la defensa de la Universidad muchas veces obligara a paliar la situación del mejor modo posible; las más de las veces, administrando pobreza”. En ese sentido Viviana Petrucheli, coordinadora del área de Seguridad e Higiene del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y asesora por parte de la UNLP en las comisiones de seguridad de las Facultades, explica que “al habernos quedado tanto en el tiempo como Universidad, como Estado, sin dar respuesta a las necesidades, hoy por hoy que se están dando respuestas no alcanzan a cubrir la demanda de ahora más la propia del tiempo”.
Ante esas circunstancias, Carlos De Feo, secretario general de CONADU, destaca la importancia de “que la gente entienda el riesgo al que se enfrenta, al que se expone uno y al que expone al resto” pues “no va a alcanzar nunca ninguna regla de seguridad si no es a conciencia del trabajador”. En palabras del doctor Jorge Tezón, gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, “la población de actores en la investigación se ha incrementado notablemente y tanto la infraestructura como los procedimientos de prevención han quedado desactualizados”.

El alerta

El 5 de diciembre de 2007 marcó un punto crítico respecto de las condiciones de seguridad e higiene con las que se hace ciencia en el país. Ese día a las 10 de la mañana hubo una explosión e
incendio en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de la cordobesa Universidad de Río Cuarto. Las pericias indican que la tragedia, en la que fallecieron seis personas y más de veinte resultaron hospitalizadas, fue provocada por el derrame de hexano, un solvente altamente inflamable, mientras se desarrollaba un trabajo a terceros: la extracción de aceite vegetal para una empresa holandesa.
Para Carlos de Feo el tema “es gravísimo, por las vidas que se cobró y por la conciencia que tenían los investigadores de los riesgos a los que se enfrentaban, y fijate igual la cadena de errores que se cometieron hasta que se produce el accidente o la explosión”. Ricardo Carrera, profesor de Río Cuarto e integrante de CONADU advierte que se trata de una “responsabilidad compartida” entre directores del proyecto y autoridades de la Facultad y la Universidad.
Para los investigadores y funcionarios consultados, si se hubiese considerado el riesgo no se habrían almacenado más de 15 tambores de hexano en un espacio cerrado, donde además concurrían alumnos y había, a menos de 50 metros, un jardín de infantes. Por otro lado, De Feo cuenta que “cuando pasó lo de R ío Cuarto hacía un año que se venía discutiendo con los rectores el convenio colectivo, en el capítulo de condiciones y medio ambiente de trabajo (ver recuadro página 11), y hacía tres meses que no los podíamos sentar en la mesa a discutir”. Al interior de CONADU, “en realidad Cromañón alertó sobre este tipo de cosas” a fines de 2004.
“El accidente de la Universidad de Río Cuarto marca un antes y un después en materia de seguridad en la investigación en A rgentina”, dictamina Tezón: “Esta tragedia puede ser un punto de inflexión si en materia de seguridad las instituciones priorizan sus inversiones, implantan normativas y exigen su cumplimiento, y los investigadores, becarios y personal de apoyo priorizan la dedicación a estas iniciativas en tiempo y esfuerzo”. Campana reconoce respecto al caso platense que “quien ha recorrido nuestra Universidad sabe que, por nuestra frágil realidad, de ningún modo puede sentirse libre de que hechos similares puedan desencadenarse frente a sus propios ojos”.

Trabajar en peligro

“En algunos casos los lugares de trabajo nunca estuvieron originalmente diseñados para los usos actuales”, comenta Tezón respecto de la situación general de seguridad e higiene en las universidades nacionales, donde predominan los “problemas de edificios inadecuados y abarrotados”. “Muchas instalaciones aptas sólo para dictado de clases o incluso museos fueron adaptados a prácticas de investigación con los consecuentes mayores riesgos de incidentes”. Para el funcionario de CONICET “no se puede decir que las instalaciones no sean aptas de manera irreversible sino que muchas de estas situaciones pueden mejorarse, pero con un esfuerzo mayor en prevención y contingencia”. Petrucheli coincide y admite que “la deficiencia más importante que hay que subsanar es la funcionalidad para la que fueron hechos los edificios y la función actual que están cumpliendo”. Tezón suma otro aspecto crítico en la infraestructura: “No existen instalaciones adecuadas de evacuación o ventilación aún en los edificios más modernos. Los servicios eléctricos están al borde del colapso por la disposición de nuevos equipos y muchas instalaciones de gas son antirreglamentarias”. Acerca de las condiciones en la universidad platense Andrés Fiandrino, coordinador del área de Seguridad e Higiene de la UNLP, explica que “es exactamente igual que en el resto de las universidades, no se escapa a la media”. Funcionarios e investigadores coinciden en que el problema principal está en la falta de presupuesto para infraestructura y, vinculado a ese punto, la superpoblación de investigadores en los laboratorios. Además aparece como central la capacitación del personal.

Infraestructura

“Los edificios históricos de la UNLP son los más sufridos en deterioro, y por ende los que más esfuerzo de recuperación necesitan, acompañado de la adecuación a las condiciones imprescindibles de seguridad”, explica Aldo Campana. En el caso particular del edificio de la Facultad de Exactas, cuenta que “tuvo en sus orígenes el destino de internado; por tanto, estaba pensado para dormitorios, comedor y baños”. “Convertido en Facultad se metamor foseó en laboratorios, se fraccionó con divisorios, taló sus alturas con entrepisos, se precarizó en calidad de materiales, fueron atacados y saturados sus desagües, sus espacios se sobrepoblaron”.
Ante esa situación Campana reconoce que los problemas incluyen “aulas superpobladas, precariedad edilicia, falta de presupuesto, redes de servicios vetustas y saturadas, inadecuadas vías de escape, mobiliario impropio, elevada carga de fuego; en fin, quien ha transitado nuestros pasillos tiene cabal conciencia de la situación”. Sin embargo destaca que “frente a esto, nada peor que optar por la resignación”. Por eso el no docente de Exactas cuenta que una de “de las tareas a valorar” de la Comisión de Seguridad de la Facultad en estos tres años de trabajo es “el manejo y organización de residuos, tanto peligrosos como patogénicos, así como su consiguiente disposición dentro del marco legal”. “En otro orden, los controles de aguas de consumo y la instalación de un ascensor” también ameritan su reconocimiento. Para Carlos De Feo es preocupante la situación de “edificios que ya están colapsando, o son antiguos y no sirven para lo que están”. En su caso personal, como arqueólogo, se ha desempeñado como investigador en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata donde está convencido que “no puede haber laboratorios”.
Roberto Cárdenes es el encargado demantenimiento y explica que se trata de “un edificio intrincado” de 189 por 63 metros cuadrados en 4 niveles y una antigüedad de 124 años. Petrucheli comenta que desde su gestión están “trabajando sobre el patrimonio histórico propio del edificio, haciendo todo un trabajo de conservación” porque “las intervenciones tienen que ser planificadas y autorizadas por Patrimonio Histórico de la UNLP”. Frente a esa realidad y la imposibilidad presupuestaria de trasladar los laboratorios instalados en el subsuelo del Museo, se encaró una política de “adecuación a las normas de seguridad”.
El problema de infraestructura en la UNLP se agrava cuando se lo vincula directamente con la superpoblación de investigadores en laboratorios. Tezón relaciona este tema con la “reciente expansión del número de investigadores y becarios de la Universidad y del CONICET” (20 de los 130 institutos de doble dependencia corresponden a la UNLP) y dice que “es imperioso encarar un plan de infraestructura para que el espacio no se transforme en un ´cuello de botella´ en la tan ansiada expansión del sistema científico”.
De Feo opina que esta “superpoblación en laboratorios hace que a veces no se pueda cumplir con las normas porque en un lugar donde deberían estar trabajando dos personas, hay seis, y haciendo actividades que a veces en sí mismas son peligrosas, que no se pueden hacer juntas”. Como admite Cárdenes respecto del Museo, “hay lugares que eran depósitos y se adecuaron a tareas de investigación”, espacios “con poca ventilación, malas condiciones laborales y hacinamiento; lugares donde podrían estar trabajando en malas condiciones dos o tres personas, hay seis, ocho o diez”. Sin embargo, Petrucheli aclara: “Eso no significa que estén en un punto de explosión”, y además involucra a los organismos de investigación como CIC y CONICET, porque
explica que los becarios perciben un sueldo de los mismos, pero la infraestructura y los servicios dependen de la Universidad, que “hoy por hoy hace todos los esfuerzos”.
Recién ahora el CONICET ha planteado un Plan de Infraestructura para sus institutos de doble dependencia con las universidades: “De todas ellas los institutos compartidos con la UNLP representan un 25% de los casi 400 millones de pesos en obras”, explica Tezón.
Por su parte, Fiandrino menciona otra convocatoria proveniente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, “un programa para los institutos de investigación a los que les habían dado equipamiento y personal a los efectos de que puedan adecuar los lugares de trabajo”. La UNLP presentó “unos trece proyectos de Exactas, Naturales, Medicina, Veterinaria, que suman 3 millones de pesos”.

Responsabilidad de todos

La situación de infraestructura preocupa, sobre todo, porque se trata de un problema que requiere decisión política, una gran inversión y un tiempo prolongado de ejecución. Mientras tanto todos apuntan a la necesidad de una mayor toma de conciencia por parte del investigador, del peligro al que se expone y de la responsabilidad que tiene frente a su grupo de trabajo. En los últimos años se han empezado a desarrollar en CONADU así como en las universidades diferentes cursos de formación en temas de seguridad e higiene para todo el personal comprometido.
Este aspecto también tiene sus puntos críticos en el sistema de investigación, pues como De Feo indica “la producción del investigador hoy se mide por los trabajos que publica, ´presión del paper´ le decimos nosotros, y eso hace que descuidemos muchos caminos intermedios por objetivos finales”. Para Petrucheli estos “atajos” son “uno de los mayores provocadores de accidentes de trabajo por comportamiento”.
Tezón reconoce que “la primera dificultad a vencer es en materia de costumbres,
hábitos o cultura” donde “juega un papel central la capacitación de cada uno de los actores: autoridades, investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo como un primer paso para garantizar el éxito de cualquier iniciativa”.

Ocuparse

“Un laboratorio acreditado debe contar con las instalaciones aptas para las prácticas planteadas en un proyecto, los procedimientos deben estar probados y el personal capacitado y entrenado. Solo así las actividades deberían ser financiadas”, dictamina Tezón. Esa exigencia firme y necesaria, plantea, sin embargo, una paradoja: si esos fueran los requisitos a cumplir, ¿cuántos
laboratorios pasarían los controles? ¿cuántas investigaciones en curso no deberían haber sido aprobadas? ¿cuál sería el impacto sobre el sistema científico nacional? Para Petrucheli “después de cuarenta años de abandono de la Universidad, de no inversión por par te del Estado, se está trabajando mucho y hemos avanzado”. Por su parte, el balance de Campana implica
reconocer que “con los años, es como si esa comunidad se fuese suicidando en cuotas”, mientras que “esta etapa, en par ticular, nos encuentra con otras condiciones y expectativas”. Fiandrino explica que desde Rectorado “se está apuntando a la gestión de la salud y seguridad” que consiste en “un método que hay que implementar desde la autoridad máxima: rector, decanos, secretarios y después cada uno de los jefes, que tengan espacios y personal a cargo”.
El debate abierto necesita trabajadores responsables y, fundamentalmente, una definición política respecto de la importancia estratégica del sistema científico y tecnológico nacional, que se traduzca en una fuerte inversión en la transformación estructural de los laboratorios e institutos de investigación.

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